Pequeños propietarios de pisos turísticos en Cataluña se unen para tumbar su prohibición

Los pequeños propietarios y trabajadores del sector de los pisos turísticos en Cataluña se han organizado para crear la plataforma Moviment pel Lloguer Turístic con el fin de tumbar el Decreto-Ley 3/2023, que promulgó el Gobierno de Pere Aragonès sobre la regulación de este tipo de viviendas. La plataforma se presentará en sociedad en octubre, según avanzan sus promotores a THE OBJECTIVE, y aspiran a «desaparecer» en 2028, justo cuando acabe el plazo que fija la normativa para prohibir este tipo de actividad en los municipios con problemas de acceso a la vivienda. Su objetivo es tumbar el decreto, ya sea por la vía judicial o mediante la interlocución con los actuales grupos políticos.

Este colectivo, que agrupa a unos 400 miembros, quiere dar voz tanto a los trabajadores de este sector como a «las familias que
necesitan de estos ingresos para suplir salarios», explica su presidente, Guillem Laporta, a este periódico. Pese a que en la actualidad hay vigente una regulación a nivel nacional sobre este tipo de vivienda, en el caso de la normativa catalana se establecen medidas más restrictivas, como la extinción de licencias a partir de 2028. El propio Ejecutivo autonómico calculó que iba a permitir poner freno a nuevas licencias en 262 municipios catalanes, que concentran aproximadamente el 90% de los pisos turísticos del país.

Se les culpa del precio del alquiler

Moviment pel Lloguer Turístic considera que desde las instituciones se les ha responsabilizado como los causantes de los problemas de vivienda que hay en ciudades como Barcelona, pero que ningún dato demuestra esta correlación. «Varios estudios demuestran que las Viviendas de Uso Turístico representan el 1% del parque de alquiler de la ciudad, frente a las 157.000 plazas hoteleras y las 30.000 viviendas dedicadas a actividades profesionales».

Entre los estudios más recientes que avalan sus tesis, los hay de distintos organismos y entes, como el informe de PwC elaborado con Apartur o la investigación publicada por la editora Elsevier, líder mundial en la publicación de informes científicos y hecha por la Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona. El primero, cuyo gráfico se adjunta a continuación, refleja que «no existe relación entre la variación de las viviendas de uso turístico y el aumento del precio de los alquileres a nivel de distrito».

El estudio demuestra que en barrios de la Ciudad Condal como el Ensanche, Nuevos Barrios y Sant Martí, el alquiler aumentó independientemente de la dinámica de los pisos turísticos: en el Ensanche, donde estos alojamientos vacacionales cayeron un 3%, el alquiler aumentó un 82%. En el barrio Nuevos Barrios, las viviendas turísticas crecieron un 111%, pero el incremento de los pisos de alquiler se mantuvo 4 puntos por debajo de la media. Y en el barrio de Sant Martí, el precio del alquiler aumentó un 92% y los pisos turísticos solo lo hicieron un 1%.

En el artículo publicado por Elsevier, pese a que es crítico con la actividad de Airbnb, concluye que el aumento de los precios del alquiler por la actividad de esta compañía durante el periodo analizado de 2012 a 2016 fue solo del 1,9%. Es decir, un 0,47% anual. En paralelo, los alquileres sufrieron incrementos anuales del 8,5%. «Aunque los efectos sobre los alquileres no son pequeños, no pueden explicar la mayor parte de los altos aumentos agregados de los alquileres que la ciudad ha experimentado entre 2012 y 2016», afirman sus autores.

En la misma línea, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) emitió un informe desfavorable respecto al decreto del Govern. Consideró que era «altamente restrictivo de los mecanismos de mercado» y que podían provocar «distintos efectos no deseados o imprevistos por los propios poderes públicos que hagan no alcanzar el objetivo de promover o mejorar la accesibilidad del alquiler tal y como sería socialmente deseable». Sin embargo, el Ejecutivo de Aragonès decidió aprobarlo sin hacer ninguna modificación.

Pequeños propietarios

Desde Moviment pel Lloguer Turístic denuncian también que «se ha querido poner el foco en los grandes tenedores», pero que la mayoría de personas que ponen sus pisos para uso turístico tienen un máximo de cuatro apartamentos. En el caso de Barcelona, el 85% de estos pisos están en manos de pequeños propietarios. También lamentan que no se tiene en cuenta la actividad económica que genera: «En Barcelona estamos hablando del 2% del PIB de la ciudad y 40.000 trabajadores de forma directa e indirecta, del sector de la restauración, lavandería, electrónica… », abunda Laporta.

A su juicio, este tipo de alojamiento turístico también lleva otro tipo de turismo: «No se habla del cambio de tipo de turismo que nos viene a buscar. En muchos casos, son familias de alto poder adquisitivo de California. Es gente que decide ir a Europa con su familia y que si no pueden ir a un apartamento, se irán a otros puntos de Europa o serán solo turistas de paso, que no gastan tanto ni hacen uso del comercio local».

Denuncia a Aragonès 

Este colectivo también estudia la posibilidad de llevar a los tribunales a Pere Aragonès. El expresidente de la Generalitat que aprobó este decreto de prohibición de los usos turísticos ha anunciado recientemente que se pone al frente de la empresa familiar, una de las cadenas hoteleras más importantes del país. «El caso de Aragonès es paradigmático de una connivencia que aún no ha traspasado a la sociedad entre el gremio hotelero y el poder político», detallan desde la entidad.

Tras la aprobación del decreto, la patronal catalana de turismo, Federatur, que agrupa a las tres asociaciones de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico existentes en Cataluña (Apartur en Barcelona, ​​ATA en Gerona y AAT en Tarragona) y la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales ya presentaron una denuncia conjunta contra la medida en la Unión Europea por considerar que vulneraba al menos seis apartados de la normativa comunitaria, incluidos tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).

A la espera de que se resuelva el caso, este nuevo colectivo cree que el anuncio de Aragonès de trabajar para la cadena hotelera familiar puede dar nuevos argumentos si finalmente van por la vía judicial: «El argumento sería que la ley fue aprobada con vicio de nulidad por falta de imparcialidad, lo que afectaría a su legitimidad. Si un tribunal lo aceptara, la norma podría anularse o suspenderse cautelarmente».

Si bien lo ven más difícil, tampoco descartan exigir responsabilidades penales al expresidente: «Si se demuestra que actuó sabiendo que beneficiaba a su empresa familiar, se podría investigar por tráfico de influencias o incluso prevaricación».

La paradoja de la Costa Brava

El decreto prevé la extinción de licencias en 262 municipios en los mercados con problemas de acceso en Barcelona y en los municipios donde haya más de diez viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes. Este criterio afecta a las principales costas turísticas de la región, como son la Costa Brava, la Costa Dorada y la zona de los Pirineos.

Los municipios de estas zonas representan el 90% de todas las viviendas de uso turístico de Cataluña. La ley establece que sean los ayuntamientos los que elijan si dan nuevas licencias en función de si se ajustan al planteamiento urbanístico. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha señalado que no va a adaptar planeamiento urbanístico; no habrá renovaciones y, en consecuencia, las actuales licencias van a desaparecer. El resto de municipios deberán reducir licencias actuales según el decreto.

En el caso de La Escala, un municipio de 10.630 habitantes en la Costa Brava, se da la circunstancia de que, en previsión de la limitación de las viviendas turísticas, ha elaborado una ordenanza para ampliar la capacidad hotelera que ha generado controversia y protestas vecinales porque conlleva la «destrucción de patrimonio natural». La entidad ecologista SOS Costa Brava critica que el Ayuntamiento quiere modificar el plan urbanístico para aumentar la edificabilidad de las «últimas pinedas» en núcleo urbano, según explicaron a la Agencia Catalana de Noticias.

Con todo, este nuevo colectivo pide que se escuche a todas las voces y que, sobre todo, se apliquen políticas basadas en los «hechos y los datos» y no en la ideología: «No es una cosa de derechas o de izquierdas. Afecta a muchos municipios», concluyen.