Solo uno de los 150 directivos de empresas públicas catalanas no ha sido elegido a dedo

La sobredimensión institucional en Cataluña, con 277 empresas públicas –casi el triple de la Comunidad de Madrid–, sitúa a la región como número uno de España en lo que respecta a la cantidad de organismos públicos. Esta peculiaridad tiene una derivada menos conocida que afecta a la meritocracia y a la igualdad de oportunidades: la gran mayoría de directivos de estos entes de titularidad pública son elegidos por afinidad política y sin procesos de selección abiertos y transparentes. Una dinámica de nombramiento a dedo que repercute negativamente en la eficacia, la eficiencia y la buena gestión de la res pública.

La Fundación Hay Derecho ha publicado el informe El dedómetro: estudio sobre el mérito y la capacidad de los directivos del sector público institucional en Cataluña, en el que ha analizado 40 empresas públicas catalanas con un total de 150 directivos, y ha hallado que solo en un caso se ha producido un procedimiento reglado para la selección de altos cargos y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). «Solo en un caso se han respetado los criterios específicos, y ha sido un proceso abierto, competitivo y transparente. El resto son nombramiento directos», explica el autor del informe, Germán Jair, a THE OBJECTIVE.

El hecho de que haya un procedimiento reglado y se publicite en el DOGC propicia que cualquier aspirante con las capacidades adecuadas pueda presentarse, e incluso en el caso de no ser elegido y tener sospechas de favoritismos, impugnar el resultado por la vía administrativa o judicial. En cambio, la mayoría de casos son procesos de selección opacos y «a dedo» en los que el elegido no siempre tiene las capacidades y conocimientos requeridos para el cargo.

40 empresas públicas analizadas

Las 40 empresas analizadas son Aeroports Públics de Catalunya, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Agencia Catalana de la Juventud, la Agencia Catalana de Turismo, Agencia Catalana del Agua, Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Agencia de la Vivienda de Cataluña, Agencia de Residuos de Cataluña, Agencia para la Competitividad de la Empresa, Agencia Tributaria de Cataluña, Autometro, S.A., Autoridad Catalana de la Competencia, Autoridad Catalana de Protección de Datos, Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, S.A., Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya, Cimne Tecnologia, S.A. y Circuits de Catalunya.

Le siguen el Consejo del Audiovisual de Cataluña, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Avançsa – Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, S.A., Equacat, S.A., Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, Mobilitat, S.A., Fgcrail, S.A., Forest Bioengineering Solutions, S.A., Ifercat – Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A., Institut Català de Finances Capital, Instituto Catalán de Energía, Instituto Catalán de Finanza, Instituto Catalán de las Empresas Culturales, Incasòl – Instituto Catalán del Suelo, Instituto Catalán Internacional por la Paz, IFEM – Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL., Intracatalònia, S.A., OSIC – Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, Ports de la Generalitat y Terminal Intermodal de l’Empordà, SL.

Primera selección abierta en 25 años

De esta lista solo se identificó una excepción reciente en la tendencia generalizada de ausencia de procedimientos abiertos y requisitos exigibles para la selección de máximos responsables. Se trata de la Agència Catalana de Notícies (Intracatalònia, S.A.), sociedad mercantil participada mayoritariamente por la Generalitat, cuyo Consejo de Administración publicó en febrero de 2025 una convocatoria oficial en el DOGC para cubrir su dirección general.

El proceso incorporó requisitos mínimos objetivos (titulación universitaria, al menos 15 años de experiencia en el ámbito periodístico y dos años en funciones directivas), la presentación de un proyecto estratégico y la evaluación por parte de un comité de valoración independiente. Esta convocatoria ha sido la primera de carácter público y competitivo en la historia de la entidad.

«Los anteriores responsables –designados sin convocatoria pública– muestran una variabilidad considerable en cuanto a formación, experiencia directiva e independencia política. Mientras algunos, como Joan Maria Clavaguera o Marc Colomer, acreditaban trayectorias profesionales relevantes en medios y agencias públicas, otros, como Iu Forn, fueron nombrados sin experiencia directiva previa ni titulación universitaria superior», sostiene el informe.

Perfiles sin experiencia

El 40% de los máximos responsables analizados no cuentan con la formación ni la experiencia apropiadas para el cargo. «La ausencia de requisitos legales en la mayoría de los casos y la elevada politización facilitan el nombramiento de perfiles poco cualificados, incluso en entidades con gran peso estratégico o presupuestario», abunda el Dedómetro.

También hay excepciones en esta tendencia generalizada según la cual se eligen perfiles sin experiencia y con afinidad política; en Ports de Catalunya, por ejemplo, durante muchos años, el cargo de gerente fue ocupado por perfiles sin vinculación con el ámbito portuario, procedentes del ámbito local o del entorno político. Pero en 2024 se nombró a Esther Roca.

Roca tiene más de dos décadas de trayectoria interna en la propia entidad. Ha ocupado cargos como directora técnica y directora adjunta. «Su perfil representa una clara apuesta por el mérito, la promoción profesional y la experiencia específica. Su designación marca un hito en la historia de la entidad y podría representar un punto de inflexión hacia un modelo de gobernanza más profesionalizado». No obstante, el problema radica en que también es «nombramiento directo» sin pasar por un proceso de selección competitivo, transparente y abierto.

Sobredimensión institucional

El informe de Hay Derecho destaca además que Cataluña es la comunidad autónoma con más entidades y empresas públicas de toda España. Actualmente, la Generalitat de Cataluña cuenta con 277 entidades públicas, una cifra considerablemente alta si tenemos en cuenta las 104 de la Comunidad de Madrid, o las 129 de Andalucía; todas las comunidades son similares en términos de población y, en el caso de Andalucía, con una extensión territorial mayor.

A partir de las conclusiones del informe, Hay Derecho propone un conjunto de medidas para reforzar la profesionalización y la rendición de cuentas en el sector público catalán: procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos; requisitos normativos mínimos para los puestos directivos; contratos de desempeño, con evaluación y rendición de cuentas; el fortalecimiento de su modelo normalizado de CV directivo; la publicación del histórico de directivos; y la responsabilidad individual en materia de transparencia.