Cataluña no ha multado a ningún propietario por incumplir la ley de vivienda un año después
Las negociaciones con los Comunes para las cuentas catalanas de 2026 pasan por avanzar en estas sanciones
Cartel de alquiler en una vivienda de Barcelona. | Europa Press
El Gobierno de la Generalitat no ha multado a ningún propietario un año después de aprobar su régimen sancionador para quienes incumplan la ley de Vivienda que fija, entre otros asuntos, topes de alquiler por debajo del precio de mercado. Cuando en enero de 2025 se formalizó este nuevo marco legal, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reivindicó que Cataluña iba a ser «la primera comunidad autónoma a tener régimen sancionador». No obstante, en todo este tiempo no ha servido para multar a los posibles incumplidores.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado este martes que los primeros de los 65 expedientes incoados por la Agència de l’Habitatge de Cataluña y por la Agència Catalana del Consum tendrán resolución «como muy tarde a principios de febrero», aunque esto no significa que concluyan con multa. «Algunos de estos expedientes están cerca de cerrarse, y sin poder acotar el día exacto, creo que en los próximos días o semanas, a más tardar a principios de febrero, alguno de estos expedientes podría estar cerrado».
Los socialistas empujaron hace un año con esta medida para, en gran parte, convencer a sus socios de En Comú Podem, que presionaban desde hacía tiempo para aprobarlo. El presidente catalán aseguró que serviría para enviar «un mensaje claro a los especuladores» de que «la ley es para cumplirla y la vivienda para vivir». La presidente de los Comunes en el Parlament, Jèssica Albiach, recogió el guante y defendió que dicho régimen fuera acompañado de un cuerpo de inspección de unos 100 profesionales que velara por su aplicación.
Multas de hasta 900.000 euros
Ahora, en medio de las negociaciones con los Comunes por la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, este asunto vuelve a estar sobre la mesa. En especial, por la inacción a la hora de multar a los propietarios. El Govern lleva desde 2023 con las cuentas prorrogadas y para el Ejecutivo autonómico es una prioridad convencer a sus socios de que dichos presupuestos vean la luz verde en el Parlament. Mientras a ERC las negociaciones se centran en la recaudación del IRPF, con los de Albiach se centran en avanzar en materia de vivienda.
Todo apunta a que para que les aprueben los presupuestos deben comprometerse a aplicar el régimen sancionador. Este marco legal prevé sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros a los propietarios, profesionales y plataformas inmobiliarias que cometan infracciones consideradas graves o muy graves en relación con esta normativa. Las multas se contemplan para aquellos propietarios que superen el tope del precio del alquiler en los municipios definidos como zonas de mercado tensionado.
Dicho régimen también afecta a otros agentes inmobiliarios. Portales como Idealista y Fotocasa tienen un plazo de cinco días para adaptar sus anuncios e incluir cuál es el precio que marca el índice de referencia y el precio del contrato anterior. También deben especificar si la vivienda es propiedad de un gran tenedor.
Ley de Vivienda de 2023
La Agencia de Vivienda de Cataluña o la Agencia Catalana de Consumo son los entes en los que los inquilinos pueden denunciar cualquier infracción. Y se amplió el cuerpo de inspectores para poder responder a las eventuales denuncias. El anterior Govern, que presidía Pere Aragonès, aprobó el Decreto-ley 3/2023 del 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.
Este decreto obliga a extinguir licencias en los municipios que superen el nuevo tope de diez viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, limitando a cinco años la vigencia de las licencias urbanísticas. La convalidación de este decreto fue apoyada, además de por ERC, por el PSC-Units, la CUP y En Comú Podem.
El actual Ejecutivo de Illa lo había acompañado de este régimen sancionador que, por el momento, no ha aplicado porque quieren garantizar que se haga con seguridad jurídica y que los afectados no lo lleven ante los tribunales. Como informó THE OBJECTIVE, Illa despliega una política de vivienda que, más que incentivar la nueva construcción, pasa por intervenir el mercado. También estudia prohibir la venta de vivienda a inversores.