La mayor huelga de profesores catalanes en cuatro años pone a prueba la gestión de Illa

El Gobierno autonómico presidido por Salvador Illa se enfrenta a un mes de febrero marcado por las huelgas en la sanidad y la educación públicas. Los paros laborales de médicos y personal docente se suman así a las recientes movilizaciones sociales de colectivos como los agricultores, los pescadores o los maquinistas y usuarios de los trenes, con manifestaciones que ponen a prueba a un Ejecutivo que ha hecho bandera de su capacidad de gestión en un clima de menor crispación política. La comunidad educativa ha iniciado el mayor ciclo de protestas en al menos cuatro años: corría 2022, la Generalitat estaba en manos de ERC y los sindicatos exigían la dimisión del consejero Josep Gonzàlez-Cambray, que al año siguiente fue relevado por el entonces president Pere Aragonès.

Por aquel entonces, la hoy consejera de Educación, la socialista Esther Niubó, estaba en la oposición y dio un ultimátum a Cambray: o dialogaba con los trabajadores o el PSC se sumaría a la petición de cese que habían hecho los sindicatos y varios partidos políticos. Un año y medio después de la investidura de Illa, los sindicatos denuncian que no se han producido las mejoras esperadas en las condiciones laborales y en la calidad del sistema educativo catalán. El malestar laboral no solo procede de las condiciones económicas, las peores de España, sino también de la creciente carga burocrática, o por un aumento de alumnos extranjeros o por alumnos con necesidades especiales, nada de lo cual ha ido acompañado de recursos y personal especializado para atender la mayor complejidad.

Este miércoles los 80.000 docentes de la escuela pública de la comunidad, además de los monitores y el personal de atención educativa, estaban llamados por las organizaciones Ustec, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT a una huelga que contó con un seguimiento del 37% según el Gobierno autonómico, o del 85% según los sindicatos. Las calles de Barcelona se llenaron de manifestantes y se vivieron cortes en algunas de las vías más transitadas de la capital catalana, como la ronda Litoral y la avenida Meridiana. Se ha convocado otra huelga del 16 al 20 de marzo, aunque antes podrían producirse nuevas movilizaciones si así lo ratifican las asambleas previstas.

«Llevamos un año y medio esperando avances en cuanto a las mejoras educativas y los centros de educación están en una crisis total y absoluta», lamenta la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, que habla de un «desgaste» del personal al estar mal pagado mientras absorbe cada vez más «alumnos recién llegados desde hace décadas». Además, «uno de cada tres alumnos tiene necesidades de apoyo educativo y eso no va acompañado de los recursos necesarios», explica la representante sindical a THE OBJECTIVE, y añade que «el crecimiento de la burocracia» supone una «sobrecarga». «[Tienen] que [dedicar] más tiempo a llenar papeles que a [su] labor pedagógica y se sobrepasa cualquier límite horario». Las negociaciones con la Consejería no han dado por ahora resultados, ya que desde la Administración se planteó una propuesta que fue rechazada porque «no se correspondía» con las reivindicaciones planteadas.

«Esta situación ha ido generando malestar en los centros y ya no podemos más con la precariedad», manifiesta Segura, que reclama inversión para reducir la sobrecarga laboral, reducir la proporción de alumnos por profesor, los recursos y la organización necesarios para las exigencias de la Consejería en cuanto a la escuela inclusiva o democracia en los centros para evitar que los trabajadores tengan que hacer largos recorridos para llegar al centro porque su plaza está asignada «a dedo» a «otros con menos experiencia». Además, subraya que «desde 2001 no han aumentado ni un céntimo el complemento autonómico», lo que ha generado «una pérdida de poder adquisitivo del 25%» y ha situado a Cataluña a la cola de España en la retribución de todas las modalidades educativas, lo cual considera una «humillación» y un «despropósito».

Ester Vila Guillamet, responsable de Pública de la federación regional de Educación de CCOO, coincide en que existe un «malestar creciente», con «cada vez más carga burocrática» y una falta de recursos que va en paralelo a «más complejidad en el aula». Además, «no hay personal especializado y las aulas están masificadas», mientras los docentes siguen pendientes de la actualización del complemento autonómico, una decisión que, como recuerda Vila, «no depende de Madrid», sino de la Generalitat.

Otra de las reivindicaciones pasa por aumentar el personal educativo y especializado para reducir las ratios profesor-alumno y que los alumnos con necesidades cuenten como doble plaza para reducir la saturación y ofrecer una atención más individualizada. «Lo estamos luchando también a nivel estatal en esta línea, con el ministerio», indica la representante de CCOO, que ha exigido de forma reiterada la creación de un Estatuto Docente. Para Vila es necesaria la «desburocratización» de la profesión, que se enfrenta a «cada vez más tareas y funciones administrativas que deberían asumir los servicios territoriales y no educativos». Plantea además la derogación de los decretos autonómicos «que vulneran el acceso a la función pública». Las organizaciones sindicales subrayan que la participación en el paro del miércoles fue «masiva» y «superior» a la última gran movilización, la de 2022.