Cataluña quiere ahora que vuelvan los peajes pese a la campaña en contra del 'procés'
La Cámara de Comercio de Barcelona pide el pago por uso para mejorar el mantenimiento de las vías
Corte de carreteras por parte de los independentistas. | TO
¿Fue una buena idea quitar los peajes de las carreteras españolas? En 2012, los partidos y asociaciones independentistas que querían activar el procés idearon una campaña muy atractiva contra los peajes para seducir hacia su causa a personas que, a priori, no comulgaban con el nacionalismo. Cataluña era la comunidad autónoma donde más se concentraban las carreteras de pago y se vendió como un «agravio» contra los catalanes respecto al resto de españoles. La idea de no pagar por este servicio llegó a cosechar un apoyo muy transversal de la sociedad catalana, pero ahora todo está cambiando.
El Govern de coalición de ERC y Junts per Catalunya planteó en 2021, en previsión de la extinción de estos peajes, una suerte de «tarifa plana» para pagar y mantener las carreteras. Desistieron de su propósito por la presión de las asociaciones en contra. El entonces vicepresidente de la Generalitat y consejero de Territorio, Jordi Puigneró, pasó de reclamar el traspaso de las autopistas de titularidad estatal (AP-2 y AP-7) para aplicar esta viñeta (tarifa plana por uso anual) a dejar al Ministerio de Transportes definir el modelo y sufrir la erosión política de esta decisión impopular.
La Comisión Europea obliga a los Estados miembros desde 2024, mediante una directiva, a tener algún sistema que repercuta en los conductores el coste del mantenimiento de las autopistas y autovías. España está siendo una excepción a la norma. El Gobierno incluso se congratuló de que liberar estos peajes era un ahorro de hasta 752 millones anuales para los ciudadanos.
En este escenario, el nuevo Govern de Salvador Illa no ha aplicado una tarifa plana universal o una viñeta en las autopistas, pero hay un debate abierto debido al mal estado de muchas de estas carreteras. De hecho, el Ejecutivo autonómico se enfrenta a la gestión de los peajes remanentes (C-16, C-32 sur, Túneles de Vallvidrera y Túnel del Cadí), los cuales han experimentado subidas de precios a inicios de año.
Cámara de Comercio de Barcelona
Este martes, la Cámara de Comercio de Barcelona ha lanzado un comunicado en el que reivindica la necesidad de implantar un sistema de pago por uso en la red viaria de altas prestaciones, de acuerdo con los principios establecidos por las directivas europeas de «quien usa paga» y «quien contamina paga», con el fin de «garantizar el correcto mantenimiento y mejora de las carreteras». «Este modelo de tarificación debería ser único y equitativo para todo el Estado y destinado exclusivamente a la mejora y digitalización de las vías».
La Cámara también recuerda que el levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021, con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33, «ha provocado un fuerte incremento del tráfico». Un caso que destacan es el de la AP-7, «que opera al límite de su capacidad y en solo cinco años en algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados». Esto, explican, se ha traducido en mayor congestión, siniestralidad y desgaste en la infraestructura.
También lamentan que a esta situación se haya unido el «creciente déficit de inversión en conservación vial». En concreto, según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit de inversión en conservación de carreteras ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones en la actualidad, y la inversión efectiva en mantenimiento por parte de las administraciones (central, autonómicas y locales). «Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Cataluña presentan un grave o muy grave deterioro, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento es claramente insuficiente para revertir esta situación».
«No vull pagar»
La campaña No vull pagar (lit.: «No quiero pagar») fue un movimiento de protesta que surgió en Cataluña en 2012. Aunque inicialmente estuvo centrado en el rechazo al pago de peajes en autopistas gestionadas por concesionarias privadas, pronto fue una causa que abanderó el independentismo.
El detonante fue un video viral en el que el activista Josep Casadellà se negaba a abonar el peaje en una autopista catalana, argumentando que los ciudadanos de Cataluña pagaban más por infraestructuras que en otras regiones de España. La acción se difundió rápidamente por redes sociales y dio lugar a jornadas coordinadas en las que numerosos conductores pasaban por los peajes sin pagar, generando atascos y un intenso debate público sobre la financiación de las infraestructuras y el agravio territorial percibido por parte de sectores de la sociedad catalana.
Los partidos independentistas integraron esta causa en un discurso más amplio de crítica al Estado y a lo que consideraban un trato fiscal injusto hacia Cataluña. Organizaciones y plataformas soberanistas apoyaron simbólicamente las protestas. Aunque la campaña perdió fuerza tras sanciones y procedimientos administrativos contra participantes, dejó huella como ejemplo de movilización cívica y antecedente de otras protestas del ciclo independentista que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.