Vox, la izquierda y el independentismo se unen en la causa judicial por la gestión de la dana
Vox, Liberum, Podemos, FTAP-CGT, el PSOE valenciano y Acció Cultural del País Valencià conforman la acción popular
Centenares de personas durante una manifestación para exigir la dimisión de Mazón el pasado 1 de marzo en Valencia. | Jorge Gil / Europa Press
La causa judicial que investiga la gestión de la dana que asoló decenas de municipios valencianos el pasado 29 de octubre, dejando 224 muertos y tres desaparecidos, ha reunido una inusual coalición de acusaciones populares. Desde Vox hasta el independentismo catalán, pasando por sindicatos y partidos de izquierda, distintas organizaciones han decidido personarse en el procedimiento que instruye la jueza Nuria Ruiz en Catarroja.
Entre las acusaciones populares figuran Vox, Liberum, Podemos, FTAP-CGT, el PSOE valenciano y Acció Cultural del País Valencià (ACPV), todos ellos obligados a depositar una fianza de 6.000 euros para ejercer su papel en la causa. La acusación popular, un mecanismo que permite a cualquier persona o entidad participar en un proceso penal sin ser perjudicado directo, les otorga la capacidad de solicitar diligencias, recurrir decisiones judiciales e incluso interrogar testigos.
En los tres meses de investigación, la jueza ha tomado declaración a más de un centenar de testigos, en su mayoría familiares de fallecidos, algunos de los cuales reciben asistencia psicológica en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. Además, hay decenas de acusaciones particulares representando a los afectados por la monumental riada. La magistrada rastrea la posible comisión de delitos de homicidio imprudente, castigado con hasta cuatro años de prisión, y lesiones imprudentes, con penas de hasta tres años.
El papel de la Asociación de Damnificados Horta Sud
Uno de los actores principales en este proceso es la Asociación de Damnificados Horta Sud, que actúa como acusación particular y representa a cerca de 500 afectados por la catástrofe. Su presidente, Christian Lesaec, tiene un marcado perfil político: fue candidato de Compromís en Alfafar en las elecciones municipales de 2019 y 2023. Su vinculación con la formación nacionalista y su papel en la causa refuerzan las sospechas de que el proceso pueda estar siendo usado políticamente por sectores de la izquierda.
De hecho, la convergencia de organizaciones ideológicamente dispares en la misma causa resulta llamativa, aunque cada una busca reforzar su propia agenda política. Mientras Podemos, el PSOE valenciano y FTAP-CGT han liderado movilizaciones exigiendo la dimisión del presidente autonómico Carlos Mazón, Vox ha optado por ejercer la acusación para desmarcarse del PP y señalar al Gobierno central de Pedro Sánchez.
El PSOE, en particular, ha tratado de convertir el caso en un arma de desgaste contra Mazón, acusándolo de descoordinación e ineficacia. Paradójicamente, el pasado 25 de febrero, los socialistas decidieron personarse en la causa apenas un mes después de que su grupo parlamentario en el Congreso presentara una iniciativa para prohibir que los partidos políticos ejerzan la acusación popular, con el argumento de evitar su instrumentalización con fines partidistas. Su presencia en el proceso ha sido recurrida por la asociación Liberum, que la considera una interferencia que podría comprometer la imparcialidad de la investigación.
Primeros investigados y estrategia judicial
La instrucción ya ha tenido sus primeros movimientos clave. La jueza citó a declarar como investigados a Salomé Pradas, exconsejera valenciana de Interior durante la tragedia, y a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de su departamento. La Asociación de Damnificados Horta Sud reclamó acto seguido que también se investigue al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Hasta ahora, ninguna otra acusación popular ha respaldado públicamente esta petición.
Uno de los nombres más polémicos dentro de la acusación popular es Acció Cultural del País Valencià (ACPV), entidad históricamente enfrentada con los gobiernos del PP en la Generalitat. Su presidenta, Anna Oliver, es también una de las figuras más destacadas del pancatalanismo en la Comunidad Valenciana y coportavoz de las protestas contra Mazón.
Por su parte, la jueza ha centrado su investigación en determinar si el retraso en la activación del sistema Es-Alert y la falta de coordinación autonómica agravaron el impacto de la catástrofe. Lo que comenzó como una devastación natural ha derivado en un proceso con un alto voltaje político, donde la búsqueda de responsabilidades jurídicas compite con la instrumentalización del caso por distintos actores. El desenlace de esta investigación no solo definirá eventuales responsabilidades penales, sino que también podría alterar el equilibrio de fuerzas en la política valenciana.