Ximo Puig ignoró el riesgo en 10 municipios donde murieron 43 personas por la dana
Chiva, epicentro del Barranco del Poyo, sigue catalogada desde 2022 como de riesgo bajo por inundaciones
Estragos causados por la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Chiva, Valencia | Eduardo Manzana / Europa Press
La tragedia que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, con un total de 227 víctimas mortales tras la dana, sigue destapando fallos estructurales en la gestión de emergencias de los últimos años, especialmente durante la administración anterior dirigida por el expresidente socialista Ximo Puig. Según los datos oficiales, al menos 43 personas murieron en municipios que no fueron considerados de riesgo alto en el Plan Especial de Inundaciones de 2020, aprobado bajo la gestión de PSOE y Compromís.
Estos municipios, según la clasificación oficial, tenían asignado un nivel de riesgo bajo o medio pese a evidencias claras de vulnerabilidad. El caso más grave se produjo en Chiva, un municipio atravesado por un barranco que parte en dos la población, el conocido como barranco de Chiva o del Poyo, exponiéndola a un riesgo evidente y conocido por los vecinos. Allí se registró una precipitación desmesurada que superó los 600 litros por metro cuadrado en un lapso de apenas cuatro horas. La intensidad de la lluvia fue tan extrema que equivalió a un ritmo de descarga de aproximadamente 45 litros por minuto, comparable con la fuerza de un ciclón tropical. Este fenómeno excepcional contribuyó a que el barranco del Poyo se desbordara de manera violenta, arrasando con infraestructuras y dejando un trágico saldo de víctimas mortales.
En Chiva fallecieron ocho personas, mientras que en Godelleta, donde murieron cuatro personas, la consideración como municipio de riesgo bajo por inundaciones y la falta de previsión ante la acumulación de agua en zonas frecuentemente afectadas dejó consecuencias mortales. En Buñol, otro municipio históricamente afectado por avenidas y que también fue catalogado de riesgo bajo, se registraron cinco muertes. Por su parte, Cheste, sin un plan adecuado a pesar de la cercanía con áreas críticas de riesgo por inundaciones, lamentó siete muertes.
Además de estos cuatro municipios, otros seis aparecen en la lista de riesgo medio en el Plan Especial de Inundaciones de 2020 a pesar de haber sufrido las consecuencias desastrosas de la dana. En Pedralba murieron tres personas; en Sedaví fallecieron once; en Guadassuar murieron dos personas, mientras que Loriguilla, Silla y Sot de Chera lamentaron una víctima cada uno.
Clasificaciones erróneas
En total, 43 fallecidos en localidades que el Plan Especial de Inundaciones del Gobierno de Puig no consideró de riesgo alto. Los fallos en la categorización del riesgo resultan evidentes, especialmente en casos como el de Chiva, cuyo barranco sigue sin tener un plan específico de actuación a pesar de las muertes registradas en la pasada dana y las decenas de desbordamientos documentados. Según testimonios de vecinos, la falta de infraestructura adecuada para canalizar el agua y prevenir desbordamientos ha sido una constante preocupación que, según denuncian, nunca fue atendida por la Generalitat Valenciana.
El Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, aprobado inicialmente en 1999 y actualizado en 2010, 2020 y 2021, pretende garantizar la actuación rápida y coordinada de los recursos en situaciones de emergencia. Sin embargo, la clasificación de municipios realizada en 2020 y 2021 muestra carencias significativas. La metodología aplicada para determinar los niveles de riesgo se basa en la cartografía de peligrosidad elaborada por el Plan de Acción Territorial sobre prevención de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), que se actualiza periódicamente sobre la base de datos históricos y previsiones meteorológicas. No obstante, estas revisiones parecen no haber considerado adecuadamente las características geográficas y meteorológicas específicas de ciertos municipios.
Críticos de la gestión de Puig aseguran que la Generalitat Valenciana dio prioridad a criterios políticos y presupuestarios sobre la seguridad de la población. Según informes internos, se destinaron recursos para campañas de comunicación que no se correspondían con las necesidades reales de las áreas más vulnerables.
De acuerdo con la legislación, los municipios con riesgo alto y medio tienen obligación de elaborar el Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (PAMRI), un instrumento que busca preparar y coordinar la respuesta ante emergencias de este tipo. Pero la tragedia del 29 de octubre ha puesto en evidencia que muchas localidades con gran número de víctimas no contaban con un PAMRI adecuado o actualizado. Este requisito, según estipula la legislación autonómica, debe cumplirse con carácter prioritario en aquellos municipios que presentan mayor exposición a fenómenos meteorológicos adversos.
En 2020, la Generalitat Valenciana revisó la clasificación de riesgo por inundaciones fluviales y marinas, catalogando un total de 227 municipios con niveles de riesgo alto o medio. Sin embargo, la devastadora dana de octubre demostró que este proceso de evaluación resultó insuficiente y dejó fuera de la categorización adecuada a numerosas localidades que realmente presentaban un peligro considerable. De haberse incluido en la clasificación correcta, muchas de ellas habrían estado obligadas a aplicar medidas de protección adicionales, lo cual podría haber mitigado el impacto destructivo de las lluvias y, en última instancia, salvado vidas.