La Generalitat valenciana afea a Sánchez que no activase el plan de emergencias en la dana

El Gobierno de Pedro Sánchez no activó el Plan Estatal de Protección Civil ni convocó al Comité Estatal de Coordinación durante las inundaciones que arrasaron la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Según un informe técnico presentado ante el Juzgado de Catarroja, que dirige la juez Nuria Ruiz Tobarra, no se dispuso de información sobre la activación del plan estatal, un hecho que compromete directamente la responsabilidad del Ejecutivo central en la gestión de la dana.

El informe elaborado por Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias de la Generalitat valenciana, un funcionario técnico que ya trabajaba en la administración anterior de Ximo Puig y que carece de vínculos políticos, sostiene que «no se dispone de información sobre la activación del Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones y la consecuente activación del Comité Estatal de Coordinación». Este Comité Estatal de Coordinación (CECO) debía encargarse del seguimiento y coordinación de la emergencia mediante la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otros organismos pertinentes.

Sin embargo, según afirma Suárez en su informe, «el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones contempla que las Confederaciones Hidrográficas deben facilitar la información relativa al estado de las redes fluviales y las previsiones sobre éstas, en particular las situaciones previsibles de desbordamiento de cauces». Esta obligación no fue cumplida, ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar dejó de informar a Emergencias y al Cecopi de la situación del barranco del Poyo, y por consiguiente, del riesgo de desbordamiento de la rambla durante la tarde del 29.

Responsabilidades del Gobierno

El técnico subraya que el Plan Estatal de Protección Civil asigna responsabilidades claras al Estado, no sólo en la emisión de directrices generales sino también en la coordinación de recursos y la dirección de emergencias cuando así se requiere. «El sistema de protección civil en el Estado Español es de competencias concurrentes, donde son competentes las tres administraciones: la estatal, la autonómica y la local», recuerda Suárez, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991.

El informe también cuestiona la falta de activación del Protocolo de Alerta Hidrológica por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que, según fuentes de la Generalitat, «no proporcionó la información esencial para la ayuda a la toma de decisiones, lo cual constituía un elemento fundamental en la gestión de la emergencia».

Inacción del Gobierno central

Estas omisiones se producen en un contexto en el que la Generalitat valenciana sí había activado los planes de emergencia pertinentes y mantenido comunicación continua con la AEMET, mientras que el Gobierno central falló en activar el Plan Estatal de Protección Civil en un momento crítico.

El informe de Suárez subraya el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar dejó de proporcionar datos sobre el estado del barranco del Poyo en la tarde del 29 de octubre, precisamente cuando se producían los episodios más críticos de la dana. Este silencio informativo, señala, impidió tomar medidas adecuadas para proteger a la población.

El Plan Estatal de Protección Civil, tal y como se asegura, establece que «es esencial proporcionar información en tiempo real y de manera continua sobre la evolución de las cuencas fluviales y los riesgos de desbordamiento». Sin embargo, nada de esto ocurrió.

Importante señalar que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) afirmó que «el Júcar va a admitir todo este caudal sin que esto ocasione ningún problema aguas abajo». Esta previsión resultó incorrecta, generando serias consecuencias aguas abajo y exponiendo fallos graves en la evaluación del riesgo.

El informe también recalca que «en la actualidad no se dispone del Protocolo de Alerta Hidrológica, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar». La inexistencia de un protocolo definido agrava la falta de coordinación entre organismos y la incapacidad de respuesta adecuada.

Asimismo, el documento destaca que a partir de las 15:00 horas del 29 de octubre, «se pasó a situación 2 de emergencia», lo que implicaba un nivel de alerta superior que no fue correspondido con la activación adecuada de protocolos y recursos necesarios.

Fallo en la activación del CECO

La documentación presentada por Jorge Suárez ante el Juzgado de Catarroja evidencia graves carencias en la gestión de la emergencia por parte del Gobierno central. La falta de activación del Plan Estatal de Protección Civil y la ausencia del Comité Estatal de Coordinación supusieron fallos importantes en la respuesta a una de las inundaciones más graves registradas en la provincia de Valencia en el último siglo.

Por último, el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar no proporcionara la información esencial sobre el estado de los cauces y el riesgo de desbordamiento añade otro nivel de responsabilidad para ser analizado por las autoridades competentes.