Mazón denuncia que la Confederación del Júcar vulneró los protocolos el día de la dana

Un informe técnico remitido al Juzgado de Catarroja que investiga las responsabilidades por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, sostiene que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vulneró los protocolos de actuación durante las horas críticas de la emergencia. El documento, elaborado por el subdirector general de Emergencias de la Generalitat valenciana, Jorge Suárez, expone omisiones en la transmisión de información sobre el desbordamiento del Barranco del Poyo que impidieron adoptar medidas de protección a tiempo en municipios como Paiporta, Torrent o Picanya.

En los documentos aportados, Suárez, funcionario técnico de la Generalitat y jefe operativo de Emergencias —sin adscripción política— detalla una serie de omisiones por parte de la CHJ que, según el criterio técnico, supusieron un incumplimiento del protocolo establecido en el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Silencio en horas críticas

La Confederación, según el informe, estaba obligada a comunicar los incrementos relevantes de caudal en los cauces de su competencia, especialmente en situaciones como la del 29 de octubre, cuando se había declarado alerta hidrológica a las 12:20 horas por una subida del nivel del Barranco del Poyo hasta los 264 m³/s. Esta alerta fue comunicada por la Generalitat a todos los municipios afectados mediante envío masivo de emails, faxes y SMS.

Sin embargo, desde las 16:13 hasta las 18.43 horas, la CHJ no emitió ninguna comunicación relativa a nuevos aumentos del caudal, a pesar de que, según datos del propio sistema de información hidrográfica (SAIH), el caudal experimentó un crecimiento vertiginoso hasta alcanzar los 1.686 m³/s. Esta cifra, como apunta Suárez en el informe, equivalía a 53 veces el caudal del trasvase Tajo-Segura y casi cuatro veces el del río Ebro, canalizada por una rambla habitualmente seca.

«La información transmitida a las 18.43 no vino acompañada de una llamada telefónica u otro mecanismo de aviso equivalente que permitiera valorar adecuadamente su impacto», afirma el técnico en su escrito al juzgado. Y añade: «Desde las 16:13 hasta las 18.43 no se recibe ninguna comunicación del posible incremento de caudal».

El Cecopi reunido sin información clave

Durante esas dos horas y media, según consta en los documentos, Emergencias continuaba recibiendo avisos anteriores de descenso del nivel de agua, que ya no reflejaban la situación real de la rambla. Para cuando se recibió el correo de las 18:43, el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) estaba reunido y nadie —ni el presidente de la CHJ, Miguel Polo, ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé— alertó verbalmente de la situación de riesgo extremo en el Barranco del Poyo.

De hecho, el propio Miguel Polo reconoció en la Junta de Gobierno de la CHJ, celebrada el 19 de diciembre, que «no se transmitió información en ese tiempo [entre las 16.13 y las 18.43 horas] de la rambla del Poyo».

El informe también señala que a pesar de que la CHJ aseguró en un comunicado del 4 de noviembre que el caudal del barranco alcanzó los 2.282 m³/s a las 18.55, ese dato nunca fue comunicado a Emergencias en tiempo real. «Después del correo de las 18.43 no se recibe ninguna comunicación posterior», afirma de forma tajante el técnico de la Generalitat.

Responsabilidad documentada

Esta falta de comunicación constituye, a juicio del Gobierno valenciano, una grave vulneración de los protocolos establecidos. Según el Plan Estatal de Protección Civil, en su apartado 3.3, las Confederaciones Hidrográficas deben «facilitar la información relativa al estado de las redes fluviales y las previsiones sobre estas, en particular las situaciones previsibles de desbordamiento de cauces».

El informe presentado ante el Juzgado de Catarroja insiste en que esta obligación no se cumplió, lo cual impidió a los servicios de Emergencias y a los responsables municipales adoptar medidas preventivas en tiempo y forma. Cabe recordar que los municipios receptores de los avisos de la rambla del Poyo eran Alaquás, Albal, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Cheste, Chiva, Godelleta, Loriguilla, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Torrent y Xirivella.

El documento también acredita que la Generalitat activó el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones el 24 de octubre a las 11.45 horas, tras la recepción de un Boletín de Fenómeno Adverso emitido por AEMET. Desde ese momento, se enviaron avisos diarios y específicos a los municipios en función del nivel de alerta, incluido un Aviso Especial el día 28 que advertía de lluvias de hasta 150 l/m² y posibles desbordamientos .

Contraste entre actuaciones autonómicas y estatales

El día 29 de octubre, la administración autonómica remitió al menos dos nuevas notificaciones con alertas meteorológicas —incluida la alerta roja— a los municipios de la rambla del Poyo a las 7.45 y a las 10 de la mañana. Estas acciones contrastan con el silencio de la CHJ durante el periodo crítico de la crecida.

A juicio del Gobierno valenciano, esta secuencia de hechos evidencia un fallo estructural en la coordinación entre administraciones. Aunque la competencia última sobre los cauces intercomunitarios recae en el Gobierno de Pedro Sánchez, la Generalitat valenciana activó todos los mecanismos de su competencia, mientras que el organismo gubernamental responsable omitió comunicaciones clave en el momento más crítico de la emergencia.

«No es cierto que hubiese información suficiente sobre la rambla del Poyo», concluye el informe, desmontando así las afirmaciones que apuntaban a una gestión coordinada por parte del Gobierno central y sus organismos dependientes. Por todo ello, el caso del 29 de octubre pasará a la historia como uno de los ejemplos más trágicos de cómo la falta de coordinación institucional puede agravar las consecuencias de un desastre natural.

Polémica de Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, acusó este miércoles a Carlos Mazón de mentir públicamente el día de la dana a las 21:30 horas, cuando aseguró que no tenía constancia de fallecidos o desaparecidos. Según Baldoví, una hora antes, a las 20:30, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ya había solicitado oficialmente la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en un informe en el que se notificaban personas «fallecidas», «desaparecidas», «atrapadas» y «sin hogar» en distintas zonas de la provincia de Valencia. El documento, firmado también por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, recogía además actuaciones específicas como búsqueda y rescate, achique de agua, atención en albergues y transporte de personas y materiales. La gravedad de la situación se reflejó también en la activación del Cecopi a las 17:00 horas y en el despliegue de múltiples medios autonómicos sobre el terreno.

Sin embargo, desde la Generalitat desmienten de forma categórica estas afirmaciones. «Compromís miente: ni hubo retraso en el envío del email ni la Generalitat tenía confirmación oficial de fallecidos a las 20:33», señalan fuentes del Ejecutivo autonómico.

Tal y como figura en el informe, la hora del envío del correo es a las 19:34 UTC+0. Teniendo en cuenta que el huso horario peninsular es UTC+1, el mensaje se envió a las 20:34 hora española, un minuto después de su firma y un minuto antes del envío a la Delegación del Gobierno. Es decir, dos minutos después de su firma, no una hora antes, como sostiene Compromís.

Además, insisten en que la Generalitat no dispone de confirmación oficial de fallecimientos hasta la medianoche. El requerimiento a la UME se realiza aplicando un criterio de prudencia, ya que distintos cuerpos de bomberos advirtieron de que podría haber víctimas. La prueba de esta cautela —añaden— es que el President Mazón, en su comparecencia pública a las 21:00 horas, no confirma ningún fallecimiento, y no es hasta la medianoche cuando sí lo hace, una vez verificada la información