Ocho pueblos afectados por la dana, entre ellos Paiporta, carecen de un plan de inundaciones

La devastadora dana que azotó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre del pasado año, con un saldo de 227 víctimas mortales, continúa revelando las grietas de una gestión de riesgos que, a pesar de las advertencias meteorológicas y geográficas, no logró estar a la altura. Uno de los aspectos más alarmantes que se desprenden del último informe oficial remitido al Juzgado de Catarroja que instruye la causa por Emergencias es que ocho municipios afectados por la dana todavía no han aprobado su Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo de Inundaciones (Pamri), pese a que tienen la obligación legal de contar con él desde 2020​.

Estos ocho municipios –Bétera, Calles, Guadassuar, Llíria, Paiporta, Requena, Sedaví y Torrent– forman parte de un grupo de 63 localidades afectadas por la dana que tienen catalogado un riesgo alto o medio, según el Plan Especial de Inundaciones vigente. El incumplimiento representa un preocupante 13% del total y pone de relieve que, incluso tras una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país, la cultura de la prevención sigue siendo insuficiente​. Especialmente relevantes son los casos de Paiporta, considerado el epicentro de la dana, Sedaví y Torrent, aunque sí alegan tenerlo elaborado.

Fallos históricos y clasificaciones erróneas

La noticia no hace sino ampliar la sombra que desde hace meses planea sobre la gestión del riesgo de inundaciones desde los años de gobierno del socialista Ximo Puig. Tal como publicó THE OBJECTIVE el pasado 6 de abril, al menos 43 de los 227 fallecidos murieron en municipios que no habían sido considerados de riesgo alto en la revisión del Plan Especial de Inundaciones de 2020, elaborado bajo el mandato del gobierno de coalición de PSOE y Compromís.

Chiva, epicentro del barranco del Poyo –un cauce que parte en dos la población–, sigue oficialmente catalogada desde 2022 como de riesgo bajo, pese a que murieron allí ocho personas. La precipitación registrada superó los 600 litros por metro cuadrado en menos de cuatro horas, lo que provocó un violento desbordamiento comparable en intensidad a un ciclón tropical. La infraestructura para canalizar el agua era, según los vecinos, claramente insuficiente. A día de hoy, el barranco sigue sin contar con un plan específico de actuación​.

Otros municipios con víctimas mortales mal clasificados en 2020 fueron Buñol (cinco muertos), Godelleta (cuatro), Cheste (siete), Pedralba (tres), Guadassuar (dos), Sedaví (11), Loriguilla, Silla y Sot de Chera (una cada uno). En total, diez municipios, ninguno catalogado como de riesgo alto, donde la ausencia de medidas preventivas adecuadas se saldó con 43 muertes que podrían haberse evitado.

Una ley que bloqueó soluciones

Un hecho que agrava aún más la situación es que, según confirmó la Confederación Hidrográfica del Júcar, una ley impulsada por el propio Puig impidió la ejecución de las obras necesarias para intervenir en el barranco del Poyo, lo que dejó a Chiva sin las infraestructuras hidráulicas requeridas para hacer frente a episodios extremos como el del 29 de octubre​.

La Generalitat Valenciana aprobó ese mismo año una revisión del Plan Especial de Inundaciones, ampliando de 136 a 227 el número de municipios catalogados con riesgo medio o alto, y por tanto, con la obligación legal de contar con un Pamri. Sin embargo, la ejecución práctica de estas obligaciones ha sido, cuando menos, deficiente. Según denuncian diversos técnicos y vecinos, la metodología basada en cartografías históricas y previsiones generalistas no tuvo en cuenta la orografía concreta y la memoria local de muchos municipios vulnerables.

Planes elaborados, pero sin aprobar

El informe técnico remitido por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, a la juez indica que todos los municipios con riesgo medio o alto tienen elaborado su plan, pero ocho de ellos no lo han aprobado oficialmente, lo que impide su operatividad en situaciones de emergencia real​. El caso de Sedaví, con once víctimas mortales, resulta especialmente grave, ya que además de no tener el Pamri aprobado, la planificación territorial municipal también estaba pendiente.

Además, otros seis municipios –Aldaia, Chiva, Mislata, Paiporta, Requena y Xirivella– tampoco tienen aprobado su Plan Territorial Municipal, un instrumento complementario que organiza la respuesta general ante cualquier tipo de emergencia.

Paradójicamente, solo uno de los 85 municipios afectados por la dana —Cheste— carecía completamente de planificación territorial, a pesar de que se encuentra junto a zonas ya clasificadas como de riesgo alto.

Campañas, subvenciones y papel mojado

La Generalitat asegura que entre 2021 y 2024 puso en marcha una campaña de subvenciones para fomentar la elaboración de planes de emergencia municipales. Pero como demuestra el dato de los ocho municipios sin aprobar el Pamri, el esfuerzo administrativo no se tradujo en eficacia real, especialmente en los ayuntamientos con menos recursos o menor voluntad política. En muchos casos, los documentos están redactados pero paralizados en trámites burocráticos o falta de aprobación plenaria.

Mientras tanto, los daños materiales provocados por la dana ascienden a 17.800 millones de euros, con más de 141.000 vehículos y 11.200 viviendas afectadas, según las cifras oficiales.

En la última reunión de la Comisión de Protección Civil celebrada el 14 de marzo de 2025, se anunció la intención de actualizar nuevamente el Plan Especial, esta vez incorporando el sistema ES-Alert de avisos masivos y un protocolo horizontal común para todos los planes de protección civil​.