El abogado de Pradas denuncia la actitud de la juez y desmonta el relato de Pilar Bernabé

La defensa de la exconsejera de Justicia e Interior valenciana, Salomé Pradas, ha reaccionado con firmeza a las declaraciones realizadas este lunes por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante la juez que instruye la causa por la tragedia provocada por la dana del 29 de octubre. En un comunicado difundido por el letrado Eduardo de Urbano, se subraya que las afirmaciones de Bernabé «corroboran varios puntos fundamentales» que siempre ha sostenido Pradas, al tiempo que se acusa a la magistrada instructora de «impedir preguntas clave» sobre la inacción del Gobierno central.

Según el comunicado remitido por el bufete Kepler-Karst, la delegada del Gobierno habría confirmado que «la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) nunca emitió aviso previo sobre la crecida y desbordamiento del Barranco del Poyo», cauce cuyo desbordamiento provocó la mayor parte de las víctimas en la comarca de l’Horta Sud. Este hecho, sostienen desde la defensa, refuerza la tesis de que «el Cecopi nunca trató la situación en Chiva, Buñol o el barranco del Poyo», centrándose su atención únicamente en Utiel, Requena y el pantano de Forata​.

Asimismo, el abogado recalca que fue la propia Pradas quien solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) «por las graves inundaciones causadas por el río Magro en Utiel», y que incluso propuso evacuaciones preventivas que no llegaron a ejecutarse «porque los técnicos advirtieron que podrían ser contraproducentes en ese momento»​.

Respecto al uso del sistema de alertas Es-Alert, que permite enviar mensajes masivos a la población, la defensa asegura que «se planteó su activación a partir de las 19:00 horas del 29 de octubre». Esta afirmación contradice las críticas que acusan al Consell de haber reaccionado con lentitud ante el agravamiento de la situación​.

Uno de los aspectos más polémicos de la comparecencia de Pilar Bernabé fue la atribución a Pradas de la frase «eso también pasa en otros municipios», presuntamente dicha cuando la alcaldesa de Paiporta alertó por teléfono de que había personas ahogándose por el desbordamiento del Poyo. La defensa de Pradas desmiente esta versión y aclara que la expresión fue pronunciada en el Cecopi, «durante una conversación a las 19:15 horas en la que se trataban los fallos en las comunicaciones municipales», y no en referencia a víctimas de la riada​.

Críticas a la juez por limitar la defensa

El comunicado carga con dureza contra la actuación de la juez instructora, Nuria Ruiz Tobarra, a la que acusa de «impedir en todo momento» que la defensa de Pradas y otros letrados presentes pudieran interrogar a la delegada del Gobierno sobre «por qué ni ella ni su superior jerárquico activaron la emergencia nacional» a pesar de enfrentarse a una tragedia que «reunía las condiciones» para ello, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional y la de Protección Civil​.

El abogado Eduardo de Urbano considera que esta limitación obstaculiza el esclarecimiento de responsabilidades políticas y administrativas más allá del ámbito autonómico. «Resulta inaudito que se niegue la posibilidad de interrogar a la representante del Gobierno central sobre decisiones clave que podrían haber cambiado el desenlace de los hechos», declaró.

La defensa reivindica la gestión de Pradas

Además, la defensa de Pradas reivindica su compromiso y profesionalidad durante los acontecimientos del 29 de octubre. Subraya que la exconsellera «llevaba apenas tres meses en el cargo cuando ocurrió la catástrofe», pero que contaba con «un currículo avalado por el President de la Generalitat y equiparable o superior al de sus predecesores». Añade que el Cecopi estaba compuesto por un equipo técnico con más de cien años de experiencia acumulada y que la consellera «realizó más de cien llamadas» ese día para coordinar actuaciones con técnicos y autoridades locales​.

La defensa también destaca que Pradas actuó en todo momento siguiendo las recomendaciones de los técnicos y ha demostrado desde el primer momento «su compromiso institucional y su disposición a colaborar con todas las autoridades competentes» para esclarecer los hechos.

Una instrucción judicial bajo tensión política

El cruce de declaraciones entre Pradas y Bernabé, y la tensión entre sus respectivas versiones, evidencian que la investigación judicial por la dana del 29 de octubre no sólo es un proceso técnico, sino también profundamente político. Mientras que el Gobierno central evita cualquier asunción de responsabilidades por no haber activado la Emergencia Nacional, desde el entorno del gobierno autonómico del Partido Popular se señala una descoordinación o incluso desatención desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La comparecencia de Pilar Bernabé como testigo, que se produjo con notable expectación mediática, sirvió para apuntalar algunos elementos que exonerarían a Pradas de responsabilidad directa sobre la falta de reacción en el caso del barranco del Poyo. Sin embargo, también reiteró que la exconsellera «reaccionó tarde y mal» a los acontecimientos, según su versión.

En este contexto, el testimonio de la delegada y la respuesta inmediata de la defensa de Pradas dejan claro que la causa judicial se está convirtiendo en un campo de batalla política entre administraciones. La instrucción aún tiene recorrido y se espera que en las próximas semanas se sucedan nuevas declaraciones de testigos e investigados que podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado.