La reconstrucción por la dana dispara en 230 euros la deuda pública por valenciano

Cada valenciano debe ya 11.173 euros. Esa es la carga individual que supone la deuda pública de la Generalitat Valenciana, disparada en el último año como consecuencia directa, entre otros factores, de la reconstrucción tras la devastadora dana del 29 de octubre, que arrasó vidas, calles, viviendas, campos e infraestructuras públicas. En solo doce meses, la deuda por habitante ha aumentado 230 euros, una cifra que refleja el fuerte endeudamiento necesario para hacer frente a la emergencia.

Según datos oficiales del gobierno autonómico, recogidos en los informes trimestrales de operaciones de endeudamiento, los desembolsos a largo plazo realizados por la Generalitat para atender pagos de deuda crecieron un 56 % en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. En apenas tres meses, el Ejecutivo autonómico formalizó operaciones por valor de 4.357 millones de euros, frente a los 2.795 millones desembolsados en el primer trimestre de 2024.

Este aumento acelerado de la deuda se debe también a la necesidad de atender los gastos excepcionales derivados del desastre, pero se inserta en una dinámica estructural que lleva años tensionando las finanzas valencianas. Además del recurso tradicional al Instituto de Crédito Oficial (ICO), este año han cobrado fuerza vías de financiación bancaria privada, como BBVA, Banco Sabadell y Abanca, ante la insuficiencia de mecanismos públicos a fondo perdido.

Una deuda en máximos históricos

Los datos publicados por el Banco de España sitúan a la Comunidad Valenciana en una posición especialmente delicada. Nunca antes se había superado la barrera de los 60.000 millones de euros de deuda, y el ratio de endeudamiento respecto al PIB, que alcanza ya el 40,7 %, es la más alta de todas las comunidades autónomas, por delante incluso de Cataluña.

Durante una intervención reciente en unas jornadas sobre la dana, el vicepresidente Gan Pampols fue tajante: «Nos estamos endeudando para poder recuperar y mejorar». Denunció que, pese a los anuncios del Gobierno central de que se han movilizado 16.600 millones de euros en ayudas tras la catástrofe, solo se han ejecutado efectivamente 4.800 millones. El resto, apuntó, o bien no ha llegado, o bien lo ha hecho en forma de compromisos sin plazos ni concreción.

La respuesta del Gobierno central no ha satisfecho al ejecutivo autonómico. El pasado 11 de marzo, el Consell aprobó un crédito extraordinario de 2.364 millones de euros para sufragar medidas de respuesta y reconstrucción tras la riada. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, explicó que el objetivo era atender «los gastos inaplazables relacionados con los daños sufridos por personas, bienes e infraestructuras públicas y privadas». Sin embargo, lamentó que estos fondos debían financiarse a través de más deuda. «Este es el presupuesto dana que el Gobierno ha decidido que se financie con deuda y no a fondo perdido», dijo, insistiendo en que «es lo que realmente necesitan los afectados».

Apoyo parlamentario

El pleno del parlamento autonómico convalidó este crédito extraordinario hace diez días, con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios, pero también con críticas cruzadas entre gobierno y oposición. Mientras la izquierda reprochó al gobierno de Carlos Mazón su «falta de ejecución», desde el PP y Vox se cargó contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por «no haber destinado ayudas a fondo perdido» y condicionar la llegada de transferencias directas a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que a fecha de hoy ni están, ni hay fecha prevista dado que el presidente Sánchez es consciente de que no contaría con el respaldo mayoritario necesario en el Parlamento.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha defendido en numerosas veces la necesidad del crédito recientemente aprobado, pero advirtió de sus consecuencias: «Son 2.364 millones más de deuda que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos». Recordó que durante la pandemia el Gobierno central destinó casi 3.000 millones de euros a fondo perdido y lamentó que ahora la única vía permitida sea el endeudamiento. «Esta es la respuesta que nos da el Gobierno de España», sentenció.

A este contexto de frustración institucional se suma la propuesta de condonación parcial de la deuda autonómica formulada desde el Ministerio de Hacienda, que tampoco ha convencido al gobierno valenciano. Según cálculos de la propia Generalitat, difundidos el mes pasado, la quita propuesta para la Comunitat Valenciana –que se cifraría en 11.210 millones de euros– solo permitiría un ahorro de 165 millones anuales en intereses, una cantidad considerada insuficiente.

Una quita sin impacto real

Desde la Consejería de Hacienda se subrayó que este ahorro «no puede destinarse a gasto social ni ayudaría en absoluto a la reconstrucción tras la dana», y que «el beneficio para los valencianos es nulo». Además, se denunció que la operación parte de un «defecto original», al haber sido diseñada «a la medida de los independentistas catalanes» y no responder al problema estructural de infrafinanciación, que se estima como origen del 80 % de la deuda valenciana.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha advertido de que las condonaciones de deuda no suponen, por sí mismas, una mejora del gasto público disponible. De hecho, ha recordado que operaciones de este tipo pueden incluso comprometer el cumplimiento de la regla de gasto en ejercicios con ingresos extraordinarios, como ocurrió en 2024.

Así las cosas, la Comunidad Valenciana se enfrenta a una situación paradójica: mientras necesita más que nunca recursos extraordinarios para afrontar los efectos de la mayor catástrofe natural en décadas, las respuestas institucionales han llegado en forma de préstamos, no de ayudas. Cada euro no abonado por el Estado, cada transferencia condicionada o diferida, se traduce en más endeudamiento. Y ese endeudamiento lo pagarán los valencianos con intereses, con restricciones presupuestarias y con una deuda que alcanza límites históricos.