La Fiscalía de la dana pone el foco en la CHJ y Aemet: quiere los informes que la juez rechazó
El fiscal exige a la CHJ y Aemet los datos clave sobre caudales y lluvias durante el 29 de octubre
El Barranco del Poyo, a su paso por Paiporta, el pasado 28 de noviembre | David Canales / Zuma Press
La Fiscalía ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la tragedia del 29 de octubre de 2024 al solicitar una batería de diligencias que la juez encargada del caso, Nuria Ruiz Tobarra, no había ordenado hasta ahora. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, el fiscal reclama a la Generalitat Valenciana, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) todos los informes técnicos y operativos relacionados con la gestión institucional de aquella jornada, marcando un giro radical en el enfoque de la causa.
El documento remitido por el fiscal, Cristóbal Melgarejo, no solo amplía el alcance de la investigación, sino que corrige de facto la pasividad aparente del juzgado hacia ciertos aspectos llamativos en la gestión de la dana. Con un tono firme, Melgarejo exige saber qué sabían y qué hicieron los responsables públicos antes, durante y después de las inundaciones, y lo hace señalando directamente a organismos dependientes no solo de la Generalitat, sino también del Gobierno central. «El fiscal pregunta lo que la jueza nunca preguntó», reconocen fuentes jurídicas conocedoras del caso.
Y no se trata de meras formalidades: el Ministerio Público quiere nombres, fechas, informes, órdenes e incluso registros de asistencia. No bastan ya las versiones generales: se exige trazar una cronología exacta y personalizada de todo el operativo.
Rambla del Poyo, CHJ y Aemet
Una de las principales exigencias es que la Generalitat Valenciana aclare si declaró la situación de preemergencia el 28 de octubre, y en caso afirmativo, qué municipios se vieron afectados y a qué hora se activó cada fase. Además, pide los informes derivados de las rondas de seguimiento que debieron organizarse con la colaboración de servicios meteorológicos, hidráulicos y de emergencias.
La Fiscalía también pone el foco en la Rambla del Poyo y el río Magro, dos puntos críticos durante el episodio de lluvias torrenciales. Según los documentos en poder del fiscal, el 29 de octubre a las 11:45 y 12:20 horas se activaron alertas hidrológicas en ambos cauces. Ahora se exige saber qué seguimiento se hizo en esas zonas, qué información proporcionó la CHJ a la administración autonómica y cómo valoró la evolución del riesgo.
En lo relativo a la gestión territorial, se solicita la totalidad de los informes generados tras la declaración de la emergencia de nivel 1 en la Ribera Alta y de nivel 2 en la Plana Utiel-Requena. Ambas situaciones implicaban una vigilancia reforzada y comunicación constante con la Confederación Hidrográfica del Júcar. El fiscal quiere saber si esa coordinación existió y si fue efectiva.
¿Quién estaba al mando el 29 de octubre?
El escrito va más allá de los documentos técnicos: exige los nombres y cargo de todas las personas que el 29 de octubre participaron en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), incluyendo a los miembros del comité de dirección, del grupo asesor, del equipo de seguimiento del riesgo y del grupo de gestión de medios y recursos.
También se solicita saber quién coordinó cada grupo y si se cumplieron las funciones específicas establecidas en el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, se requiere que Aemet entregue los informes de evolución meteorológica y pluviometría en tiempo real, y que la CHJ detalle cómo evolucionaron los caudales, el estado de los embalses y los posibles riesgos de las presas, con especial atención a la de Forata, donde se activaron los planes de emergencia.
Asimismo, la Fiscalía exige los informes del director del plan sectorial de carreteras, del oficial de enlace de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y de los técnicos responsables del teléfono 112 y de las incidencias territoriales, agrupadas por servicios solicitados, cortes esenciales e impactos en infraestructuras.
En otro apartado, se reclama saber qué mensajes fueron trasladados a la población desde el gabinete de información, si estos se ajustaron a las instrucciones del director del plan y qué actuaciones se desarrollaron en materia de seguridad y salvamento desde las unidades básicas del CECOPI.
Enmienda encubierta a la juez Ruiz Tobarra
Este escrito no solo representa un avance sustancial en la investigación, sino que evidencia un claro desacuerdo entre el juzgado y el Ministerio Público. Mientras la juez Nuria Ruiz Tobarra optó por mantener un enfoque limitado, evitando enfrentarse a estructuras del Gobierno central, el fiscal ha decidido levantar todas las alfombras.
Por el momento, la pelota está en el tejado de los organismos requeridos, que deberán responder con documentos, datos y explicaciones. Queda por ver si esta exigencia de transparencia impulsará una nueva fase judicial o si servirá para confirmar lo que muchos ya sospechaban: que hubo también fallos, omisiones y responsabilidades por parte del Gobierno central que merecen una aclaración.