El PSOE maniobra con las comisiones de la dana para salvar a Sánchez y golpear a Mazón
Los socialistas buscan imponer su relato final activando la comisión del Congreso de los Diputados en último lugar
Senadores del PSOE, durante una reunión de la Comisión de Investigación del Senado de la dana | Diego Radamés / Europa Press
La comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre reanudará su actividad este lunes 5 de mayo en el Parlamento valenciano. Tras más de tres meses desde su constitución (27 de enero), los grupos parlamentarios defenderán sus respectivos planes de trabajo en una sesión que, más allá de lo formal, será el primer gran pulso político entre dos bloques enfrentados por mucho más que la gestión de una catástrofe natural: por el control del relato público. En esa batalla, el PSOE ya ha puesto en marcha su maniobra: blindar una tercera comisión en el Congreso, aún sin calendario ni comparecientes, con la única intención de imponer su versión final y enterrar las conclusiones que puedan salir del Senado y la Cámara autonómica valenciana, donde PP y Vox ejercen la dirección de las mismas.
La estrategia socialista no es nueva. En lugar de cooperar en favor de una investigación que arroje luz, el PSOE maniobra para evitar que las responsabilidades políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la dana queden expuestas y cargar todas las responsabilidades sobre el presidente del gobierno regional valenciano, Carlos Mazón. Mientras los socialistas muestran prisas en el Parlamento valenciano, donde no tienen mayoría, mantienen a día de hoy congelada su propia comisión impulsada con sus socios en la cámara baja, confiando en que, cuando finalmente se ponga en marcha, sea la última en emitir conclusiones. Y por tanto, la que permanezca en el tiempo como «la versión oficial» de los hechos.
La comisión del Congreso fue aprobada el 13 de marzo con los votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC y el Grupo Mixto. El PP y Vox votaron en contra, al considerarla una operación política diseñada para reescribir lo ya investigado en otras instituciones. De hecho, desde su aprobación, la comisión no se ha constituido formalmente. No tiene Mesa, ni presidente, ni calendario. Solo tiene un objetivo: ser la última en hablar.
Mientras tanto, el Senado —presidido por el PP— ha cumplido hasta ahora con rigor institucional. La comisión de investigación que allí se puso en marcha el 18 de diciembre empezó las comparecencias el pasado 24 de marzo. El calendario acordado incluyó a catedráticos y expertos como Juan Bautista Marco Segura y Félix Francés, expertos técnicos como el arquitecto Julio Gómez-Perreta y el ingeniero Javier Machí, así como al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y a representantes de agricultores y empresarios como Cristóbal Aguado (AVA-ASAJA) y José Luis Santa Isabel (Fecoval).
Imponer el relato final desde Madrid
Estas primeras sesiones han sido reveladoras: los fallos en prevención, coordinación institucional y respuesta tardía por parte de las administraciones han salido a la luz. Y la segunda fase de la investigación apunta directamente a las altas esferas del poder: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá comparecer, junto a varios de sus ministros, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el responsable regional de la AEMET, José Ángel Núñez.
La realidad es que el PSOE teme las conclusiones del Senado. Por eso necesita neutralizarlas. Y también sabe que, en el Parlamento valenciano, donde PP y Vox ostentan la mayoría, el dictamen tampoco se aventura favorable. De ahí la urgencia por abrir y cerrar cuanto antes la comisión autonómica y mantener en posición de salida la del Congreso de los Diputados, esperando el momento de que su relato final se imponga mediáticamente.
En Valencia, el bloque de centro-derecha ha hecho sus deberes. PP y Vox han presentado un plan de trabajo consensuado que incluye una lista de comparecencias amplia, técnica y transversal. Se plantea que las sesiones comiencen después del verano y se prolonguen todo el tiempo que sea necesario, con posibilidad de llamar a nuevos testigos en función de lo que revelen los primeros. La comisión tiene una duración de un año prorrogable, y ya se da por hecho que esa prórroga será necesaria.
La izquierda, sin embargo, no ha presentado un plan alternativo. Su estrategia ha sido la del ruido mediático. Durante la aprobación de la comisión del Congreso, sus diputados llegaron a corear «¡Mazón dimisión!» en el hemiciclo cuando entraba Alberto Núñez Feijóo, mostrando que su prioridad pasa por desgastar al Gobierno valenciano y al Partido Popular.
Tampoco han hecho ningún esfuerzo por activar de verdad la comisión del Congreso. No han convocado la Mesa, no han fijado fechas para los trabajos, y no hay lista pública de comparecencias. Aun así, reclaman celeridad en la Cámara autonómica. Su prisa esconde tacticismo político. Necesitan que esa comisión concluya sus trabajos cuanto antes, para que el dictamen del Congreso, aunque tarde más, sea el último en publicarse y, por tanto, el que tape todos los anteriores.
El PSOE más que una investigación quiere un cierre narrativo favorable. Y para ello necesita tiempo, control institucional y el acompañamiento de sus socios de investidura.
Este lunes, en el Parlamento valenciano, los grupos debatirán sus planes de trabajo. Será la primera sesión real desde que se constituyó la comisión a finales del pasado enero y seis meses después de la tragedia. En la comisión autonómica hay prevista una lista de comparecientes con nombres relevantes como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se incluyen consejeros autonómicos, altos cargos, técnicos y responsables municipales que participaron en la gestión del episodio de lluvias extremas. Entre las propuestas destacadas por la mayoría se encuentra citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, así como a responsables de AEMET y de la CHJ.