Acciona logra 613 millones en contratos del Puerto de Valencia con Sánchez en el poder

Acciona ha consolidado una posición de dominio casi absoluto en el Puerto de Valencia desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. La constructora presidida por José Manuel Entrecanales ha obtenido adjudicaciones por valor de 613,4 millones de euros, muy por encima de cualquier otra empresa del sector, lo que la convierte en el gran adjudicatario de la principal infraestructura portuaria del Mediterráneo occidental.

Desde 2019, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), actualmente bajo la presidencia de Mar Chao, ha concedido a Acciona Construcción más de 40 contratos, que abarcan desde pequeñas actuaciones hasta proyectos de gran envergadura con financiación europea. Aunque una decena se tramitó mediante procedimientos abiertos, también destaca un notable volumen de contratos menores —por debajo del umbral de 50.000 euros— que, sumados, reflejan una progresiva concentración en manos de una sola firma.

La adjudicación más cuantiosa se formalizó en julio del pasado año, cuando una UTE liderada por Acciona, junto a Jan de Nul y Grupo Bertolín, se hizo con la construcción de la nueva terminal de contenedores de la ampliación norte del Puerto de Valencia. Con un presupuesto de más de 545 millones esta obra constituye el mayor contrato público en ejecución actualmente en la Comunidad Valenciana y representa el 96% del total adjudicado a Acciona en el recinto portuario durante los gobiernos socialistas.

El proyecto incluye la construcción de muelles, explanadas, rellenos y una nueva conexión ferroviaria, todo ello bajo el paraguas de fondos públicos y enmarcado en los objetivos institucionales de transición energética y digitalización logística.

El rastro de los contratos menores

Más allá del megaproyecto, Acciona ha protagonizado una cadena de adjudicaciones menores en Sagunto y Gandía. Entre 2019 y 2021, recibió más de 25 encargos de baja cuantía, en su mayoría sin apenas concurrencia de otras empresas. Trabajos como reparaciones, instalación de vallados, desbroces o construcción de rampas fueron adjudicados por tramos inferiores a los umbrales que exigen licitación pública.

Solo entre mayo y julio de 2019, la firma obtuvo una decena de actuaciones por más de 140.000 euros. Aunque estos procedimientos están amparados por la ley, varios expertos en contratación pública han alertado sobre el uso sistemático del contrato menor como vía para eludir la competencia y reducir la transparencia.

Además de la terminal, Acciona ha logrado en los últimos años otros contratos relevantes que refuerzan su condición de socio preferente en el entorno portuario. En 2020, se adjudicó la pavimentación y mejora del muelle sur del Puerto de Sagunto por 1,1 millones de euros. En 2023, construyó el nuevo edificio de oficinas del Puerto de Gandía por 2,28 millones. Y en febrero de 2024, ganó la licitación para desarrollar la red ferroviaria interior del Puerto de Sagunto por 12,84 millones de euros.

Las críticas en el sector privado de obras públicas no se han hecho esperar. Varios representantes empresariales denuncian la falta de pluralidad y advierten del riesgo de concentración. «Cuando una empresa se lleva todos los contratos relevantes, incluso en obras pequeñas, sin apenas margen, cabe preguntarse si realmente existe igualdad de condiciones para todos los licitadores», señala uno de ellos. Algunos expedientes consultados revelan que, en determinados concursos, Acciona Construcción fue la única empresa en presentar oferta, lo que ha generado la percepción de un monopolio de facto.

Dragados y el resto, a la sombra

El caso más ilustrativo de esa diferencia es el de Dragados. Aunque es la segunda constructora con mayor volumen de adjudicaciones en el Puerto de Valencia desde 2018, su cifra —73,6 millones de euros— queda muy lejos de los 613 millones de Acciona.

Mientras esta última lidera licitaciones de alto perfil y proyectos estratégicos, Dragados ha quedado relegada a trabajos de mantenimiento y servicios auxiliares de baja cuantía, con escasa visibilidad institucional. Firmas como Sacyr, Pavasal o Ferrovial apenas figuran en el reparto. Sacyr suma 4,8 millones; Pavasal, 8,6; Bertolín, 1,3 millones —sin contar su participación en la UTE con Acciona— y Ferrovial, menos de 35.000 euros. En conjunto, el resto del sector ocupa un papel marginal frente a la hegemonía del grupo líder.

Un recurso fallido y una victoria judicial

Este dominio fue brevemente puesto en cuestión el 1 de agosto del año pasado, cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) suspendió cautelarmente la adjudicación de la terminal norte tras un recurso presentado por algunas de las empresas la UTE encabezada por Dragados. La impugnación alegaba irregularidades en la valoración técnica, pero finalmente fue desestimada al cabo de un mes.

El tribunal avaló la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la APV y confirmó que la oferta de Acciona había obtenido la máxima puntuación técnica: 60 sobre 60, frente a los 59,07 puntos de sus rivales. Eso sí, la UTE de Dragados presentó una oferta más económica. La resolución despejó el camino para retomar las obras, sellando una victoria empresarial definitiva en uno de los concursos más disputados del sector logístico nacional.

Presiones externas

Todo ello ha reforzado aún más la posición de Acciona como empresa central en la transformación del Puerto de Valencia, pero también ha reabierto el debate sobre la equidad en el reparto de la obra pública, especialmente tras conocerse que otras adjudicaciones en diferentes regiones vinculadas a Acciona Construcción están siendo investigadas por la UCO por presuntas irregularidades en la era de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y continuadas después desde la Secretaría de Organización del PSOE, con Santos Cerdán al frente.

Las investigaciones, centradas en contratos por más de 500 millones de euros, apuntan a un posible patrón de adjudicación amañada a través de mordidas y favoritismos por parte de la trama corrupta de Koldo-Ábalos-Cerdán. Aunque el Puerto de Valencia no figura por ahora entre los expedientes judicializados, la reiteración de adjudicaciones a una única empresa —muchas veces sin concurrencia efectiva— ha intensificado las críticas y posibles nuevas pesquisas.