El investigado del Puerto de Valencia repartió 15 millones a su equipo del Colegio de Ingenieros

Federico Torres, jefe de Transición Energética de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia desde noviembre de 2023, vuelve a situarse en el centro de nuevas adjudicaciones públicas vinculadas a su entorno profesional. Tras los contratos por 30 millones de euros adjudicados desde su departamento a la constructora Lantania, controlada por el exconsejero valenciano del PP Máximo Buch, THE OBJECTIVE ha podido saber que, en apenas año y medio, cuatro miembros de la actual junta directiva del Colegio presidido por Torres recibieron casi una decena de contratos en el Puerto de Valencia por un importe acumulado de 15,5 millones de euros y en los que la intervención del alto cargo público resultó decisiva.

Esta información se desprende del análisis exhaustivo de más de 7.000 expedientes de contratación pública de la infraestructura portuaria consultados por este medio. Las adjudicaciones, de diferente naturaleza, abarcan desde obras de gran formato financiadas con fondos europeos hasta contratos menores de consultoría e ingeniería. En varios de estos procesos, los vínculos entre Federico Torres como responsable de los contratos y los adjudicatarios exigían su inhibición obligatoria para evitar un evidente conflicto de intereses aunque no existiera vínculo profesional tal y como recoge la normativa actual, la doctrina del Tribunal Supremo y de los órganos controladores.

La Intervención General del Estado ya advirtió a la Autoridad Portuaria de Valencia en 2024 de las deficiencias en los controles internos y de los riesgos legales que entraña la falta de mecanismos efectivos para prevenir este tipo de situaciones en la gestión de fondos públicos.

Los cuatro adjudicatarios del entorno directo de Torres

Entre los adjudicatarios del Colegio de Ingenieros destacan Daniel Jabaloyas, exsocio de Torres en la mercantil Vienval; el propio Máximo Buch, que controla Lantania; Pablo Benlloch, directivo de IDOM; y Pascual Lloria, responsable de Gesman Ingeniería. Todos ellos comparten hoy asiento junto a Torres en la junta directiva del Colegio de Ingenieros desde noviembre de 2023.

La mayor adjudicación corresponde a Lantania, que en septiembre del año pasado resultó adjudicataria de un contrato de 13,9 millones de euros para la construcción de la subestación eléctrica del Puerto de Valencia, infraestructura clave en el proceso de electrificación portuaria financiada por el programa europeo Connecting Europe Facility (CEF). Este contrato, como ya adelantó este medio, fue impulsado desde el área de Transición Energética dirigida por Torres, quien no solo participó en la redacción de los pliegos y supervisión técnica, sino que también formó parte de la mesa de contratación para valorar de los criterios subjetivos, determinantes en el resultado final.

Por su parte, Daniel Jabaloyas, a través de la sociedad Aris Nova, obtuvo a final de 2023 un contrato menor de poco más de 1.000 euros, pero dado que ya era socio desde hacía una década del propio Torres en la sociedad Vienval arraigada en su vivienda de El Perelló (Sueca), tal y como denunció el Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General del Estado (IGAE) en total llegó a recibir 120.000 euros en siete contratos menores (es decir, sin licitación) para las empresas Aris Nova y Orcus Servicios Integrales entre 2018 y 2023 (ver 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Se da la circunstancia de que Daniel Jabaloyas, Máximo Buch y Federico Torres son amigos personales desde hace años y comparten actos sociales y viajes con sus respectivas parejas.

El tercero de los adjudicatarios, Pablo Benlloch, vía IDOM Consulting, logró una adjudicación el pasado mes de abril de otro contrato menor de estudio de ingeniería de soluciones OPS (Onshore Power Supply) que permiten la conexión eléctrica de los buques atracados, por valor acumulado de 17.000 euros.

Por último, Pascual Lloria, al frente de Gesman Ingeniería, aparece vinculado a varias adjudicaciones. Destaca la dirección de obra y coordinación de seguridad para las nuevas subestaciones eléctricas del puerto, con contratos adjudicados por un total de 1,6 millones de euros. En declaraciones a este medio, Pascual Lloria ha explicado que «a pesar de que algunas de esas adjudicaciones recayesen en el área que dirige Federico Torres, siempre mi empresa se ha presentado a los concursos con los proyectos bien preparados y defendiendo nuestra experiencia técnica».

Red de relaciones empresariales

El entramado de relaciones profesionales de Torres no empezó tras su nombramiento en la presidencia del Colegio. Como desveló ayer THE OBJECTIVE, el Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General del Estado (IGAE), detectó ya el pasado año conflictos de intereses no declarados por Torres en expedientes anteriores.

En particular, el informe oficial de Hacienda puso el foco en su participación directa en contratos financiados con fondos europeos donde compartía la doble condición de responsable técnico del contrato y socio empresarial del subcontratista Aris Nova, cuyo administrador, Jorge Gramage, era compañero suyo en Vienval y socio de Jabaloyas en la misma mercantil.

Este caso generó una primera advertencia de Hacienda a la Autoridad Portuaria, según consta en la auditoría interna revelada ayer.

Otros miembros de su junta directiva

La red de relaciones en el Colegio de Ingenieros es incluso más amplia. Otras tres empresas de los miembros de la actual junta directiva también resultaron adjudicatarias de contratos durante los últimos años en el Puerto de Valencia bajo la dirección de Torres antes de que asumiera las riendas en la organización colegial pero donde se involucró personalmente en la redacción de los pliegos, en las mesas de contratación o adjudicando los contratos menores en el organismo portuario. Es el caso de Julio Bel (durante su etapa en Ferrovial, ahora en Acciona), Francisco Ferrandis (I-DE Redes Eléctricas, grupo Iberdrola) y Miguel Ángel Juan Bello (S2 Grupo). En la mayoría los casos, las adjudicaciones se centraron en contratos menores vinculados a climatización, protección eléctrica o auditorías de riesgos.

Las adjudicaciones a Ferrovial, por ejemplo, sumaron una decena de contratos de pequeño importe (entre 300 y casi 11.000 euros cada uno, ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), relacionados principalmente con el mantenimiento de sistemas de refrigeración en las instalaciones del Puerto. I-DE Redes obtuvo trabajos de adaptación de instalaciones eléctricas por casi 400.000 euros (ver 1, 2, 3, 4, 5), mientras que S2 Grupo logró encargos de auditoría interna en materia de seguridad por unos 18.500 euros (ver 1, 2).

Un patrón recurrente

Este nuevo capítulo refuerza el patrón detectado en las noticias publicadas durante esta semana: la reiterada concentración de adjudicaciones en un núcleo empresarial vinculado personal o profesionalmente a Torres. Desde 2018, este grupo de empresas ha logrado decenas de contratos por importes millonarios.

La situación reviste especial relevancia por afectar a proyectos financiados con fondos europeos Next Generation y CEF, sujetos a estrictos controles de integridad y transparencia en la prevención de conflictos de intereses. Los propios auditores de Hacienda subrayaron en su informe que Torres nunca declaró sus vínculos empresariales pese a su obligación legal de hacerlo.

A día de hoy, los portavoces de Lantania y de los distintos adjudicatarios han insistido en la legalidad de sus contratos, en la transparencia de los procesos y en la ausencia de trato de favor.

Por su parte, desde el Colegio de Ingenieros se ha destacado no constar ninguna denuncia por incompatibilidad, por lo que no se ha iniciado ningún procedimiento ni actuación. «Ante cualquier denuncia, nuestro modus operandi es abrir una investigación para estudiar las posibles pruebas. Pero no nos consta ninguna denuncia en este sentido».

Mientras tanto, Torres sigue manteniendo su doble condición, como alto directivo cl del Puerto de Valencia y como presidente del Colegio de Ingenieros. Desde su puesto en la APV ha liderado la mayor parte de los proyectos de electrificación portuaria en los últimos años, convirtiéndose en pieza central en la gestión de los fondos europeos destinados a la transición energética.