El PSOE valenciano premió a una empresa de la trama nada más llegar Ábalos al Gobierno

En plena euforia socialista por la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018, el entonces alcalde de Jávea (Alicante), José Chulvi —hoy número dos del PSOE en el Parlamento valenciano y entonces secretario general del PSOE alicantino— adjudicó a la constructora Levantina Ingeniería y Construcción, S.L. (LIC) un contrato público de rehabilitación de un puente por un importe cercano a 400.000 euros que nunca se ejecutó. Hoy, la empresa se encuentra bajo investigación judicial por el presunto pago de «mordidas» a cambio de concursos en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

La cronología es elocuente de acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez era investido presidente tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y designaba a José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Apenas diez días después, el 11 de junio, la Junta de Gobierno Local de Jávea adjudicaba oficialmente a Levantina la obra de rehabilitación del puente de Triana sobre el río Gorgos, por 399.947,66 euros. La formalización definitiva del contrato se produjo el 29 de junio, tal y como consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante publicado el 6 de julio de ese mismo año.

Una obra encallada diez años

La obra adjudicada no era nueva para el consistorio. Durante casi diez años permaneció bloqueada por la compleja tramitación de permisos entre distintas administraciones implicadas, como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Dirección General de Costas. Los daños estructurales del puente databan de 2007, cuando una fuerte riada deterioró gravemente la infraestructura, obligando desde entonces a restringir el paso de vehículos pesados.

Finalmente, tras años de estudios técnicos y trámites burocráticos, el pleno municipal de Jávea aprobó el proyecto definitivo el 30 de noviembre de 2017, fijando un presupuesto inicial de licitación de 567.382,14 euros, IVA incluido.

La licitación se publicó en enero de 2018, abriendo un plazo de 26 días para la presentación de ofertas. Ocho empresas concurrieron inicialmente al concurso, pero solo cinco propuestas superaron el filtro técnico de solvencia tras varias exclusiones por deficiencias documentales y falta de acreditación de solvencia técnica.

Entre las ofertas admitidas, la más económica correspondía a la empresa Probisa Vías y Obras, que propuso ejecutar la obra por 380.823,30 euros, una rebaja del 32,88% sobre el presupuesto base. Sin embargo, los servicios técnicos municipales calificaron esta oferta como baja temeraria. Tras requerir a la empresa la justificación técnica correspondiente, los técnicos concluyeron que Probisa no aportó documentación suficiente que garantizase la viabilidad de la obra en los términos de calidad, seguridad y solvencia exigidos.

El 27 de abril de 2018, la Mesa de Contratación acordó excluir la oferta de dicha constructora, lo que dejó vía libre a la segunda oferta más económica, la de Levantina Ingeniería y Construcción, propiedad de José Ruz —hoy investigado por el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán—, que se convirtió automáticamente en la oferta más económica. Lo llamativo también es que a pesar de que Levantina rebajó el precio de licitación en más de 167.000 euros, ofreciendo ejecutar la obra por 399.947,66 euros (una reducción cercana al 30% sobre el precio de salida), no fue considerada como baja temeraria a diferencia de la constructora anterior.

Puntuación perfecta para Levantina

La adjudicación seguía un sistema de puntuación con dos criterios: el precio (90 puntos) y las mejoras ofertadas (diez puntos). La oferta de Levantina obtuvo la máxima puntuación en el criterio económico: 90 puntos de 90, a pesar de representar una baja temeraria como con el tiempo se comprobó. En el apartado de mejoras, todas las empresas presentaron idéntica propuesta, valorada en 22.797,02 euros, obteniendo todos los diez puntos previstos. Con ello, Levantina alcanzó la puntuación total máxima posible: 100 puntos sobre 100, superando al resto de constructoras licitadoras.

El proceso de adjudicación de 2018 estaba teledirigido políticamente. Las mesas de contratación municipales contaban mayoritariamente con concejales socialistas frente a sólo tres técnicos. La propia presidenta de la mesa de contratación era la concejala de Contratación del PSOE, mano derecha del alcalde, junto a otros miembros del equipo de gobierno socialista y de la coalición local con Compromís.

En mayo de 2018, la Mesa de Contratación propuso oficialmente la adjudicación a Levantina. Menos de un mes después, el 11 de junio, la Junta de Gobierno Local, presidida por José Chulvi, aprobaba formalmente la adjudicación, autorizaba el gasto correspondiente y requería a la empresa la documentación definitiva para la firma del contrato. Levantina presentó en plazo la documentación exigida y depositó una garantía definitiva de 16.526,76 euros, formalizando así el contrato el 29 de junio con el entonces alcalde.

Un contrato que nunca se ejecutó

Pese a la adjudicación, las obras jamás llegaron a iniciarse en dicho expediente. Aunque el contrato se firmó, Levantina no ejecutó los trabajos previstos. De hecho, en septiembre de 2018, la empresa solicitó la suspensión de los plazos contractuales alegando discrepancias sobre aspectos técnicos del proyecto. El conflicto se prolongó durante meses hasta que, finalmente, en mayo de 2019, el Ayuntamiento resolvió el contrato por incumplimiento.

Como consecuencia de la resolución, el consistorio incautó la garantía definitiva de 16.526 euros que la empresa había depositado, pero sorprendentemente no se impusieron otras sanciones económicas adicionales, como suele ser lo habitual por incumplimientos.

Tras la renuncia de Levantina, el Ayuntamiento convocó una nueva licitación para adjudicar las obras, que acabaron finalmente en manos de otra constructora por un importe superior a los 487.000 euros.

El papel de Chulvi bajo los focos

En aquel momento, José Chulvi no solo era alcalde de Jávea desde 2011, también se había convertido en secretario general del PSOE en la provincia de Alicante desde diciembre de 2017, consolidando su peso dentro del socialismo valenciano.

La llegada de Sánchez al Gobierno supuso un revulsivo en las filas socialistas. El propio Chulvi, el mismo día de la investidura de Sánchez, compartía su entusiasmo en redes sociales: «¡Emocionado‼ Se abre con la presidencia de Pedro Sánchez un nuevo tiempo de honradez y diálogo en España».

Hoy, el exalcalde de Jávea es portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento autonómico, y su papel en esta adjudicación coloca su nombre bajo los focos en pleno avance de la investigación sobre la trama de corrupción alrededor del PSOE y del Gobierno.

Asimismo, el nombre de Levantina Ingeniería y Construcción ha reaparecido con fuerza en las últimas semanas, tras el último informe de la UCO. Su propietario, José Ruz, figura como uno de los principales investigados por el Tribunal Supremo en una causa que salpica directamente al exministro José Luis Ábalos y a su entonces colaborador más cercano, Koldo García, por la presunta adjudicación irregular de contratos públicos, así como al último ex número tres del partido, Santos Cerdán.

Aunque el contrato de Jávea no dependía directamente del Gobierno central, la coincidencia temporal de los hechos y la reiterada presencia de Levantina en adjudicaciones bajo administraciones socialistas refuerzan las sospechas sobre la posible extensión territorial de la trama. Preguntado por THE OBJECTIVE sobre estos hechos a través del grupo socialista en las Cortes Valencianas, donde José Chulvi ejerce de número dos, no hubo respuesta en el día de ayer.