Quince alcaldes de PSOE y Compromís cebaron con 34 millones la trama de Ábalos
Ribó (Valencia), Llorente (Leganés) y Toscano (Dos Hermanas) dieron 19 millones a la empresa valenciana investigada
De izquierda a derecha, los exalcaldes Joan Ribó (Valencia), Santiago Llorente (Leganés) y Quico Toscano (Dos Hermanas). | THE OBJECTIVE
Un total de 34 millones de euros más impuestos. Ese es el volumen de contratos públicos municipales que la constructora Levantina Ingeniería y Construcción, S.L. (LIC), empresa investigada por el Tribunal Supremo en el marco de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, ha recibido desde 2017 de manos de 15 alcaldes de PSOE y Compromís. La sucesión de adjudicaciones, repartidas a lo largo de más de ocho años, refleja un patrón constante de contratación bajo administraciones locales controladas por la izquierda, tanto en la Comunidad Valenciana como en otros feudos socialistas del resto de España.
Los tres principales focos se localizaron en Valencia, Leganés (Madrid) y Dos Hermanas (Sevilla), donde los contratos adjudicados a Levantina Ingeniería y Construcción —propiedad del empresario investigado José Ruz por presunto pago de «mordidas»— superaron en conjunto los 19 millones de euros más IVA, según los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en la Plataforma de Contratación Pública.
En la capital del Turia, bajo el mandato de Joan Ribó (Compromís) y con el respaldo del PSOE —la concejalía de Urbanismo la ostentaba la entonces portavoz socialista y hoy eurodiputada Sandra Gómez— la empresa de origen valenciano fue encadenando varias adjudicaciones de obra pública por un total de 3,5 millones de euros. La última de estas adjudicaciones se formalizó apenas unas semanas antes de que la izquierda abandonara el control del consistorio en junio de 2023. Entre 2019 y el último año de legislatura, la empresa del investigado José Ruz ejecutó obras emblemáticas como el centro cívico del barrio del Cabañal, uno de los proyectos estrella por 1,5 millones y financiado con fondos europeos, el centro cívico de José Zaragoza, la urbanización de Ausias March y el Jardín del Doctor Lluch. Las otras adjudicaciones fueron la rehabilitación de un edificio municipal y la reurbanización de una calle.
En Leganés, el gobierno municipal del socialista Santiago Llorente, uno de los alcaldes históricos del PSOE madrileño, confió a Levantina la mayor adjudicación individual analizada: casi 16 millones de euros más IVA para la construcción de tres edificios de viviendas de protección oficial, a través de la empresa pública Emsule, en abril de 2023. La adjudicación de estas viviendas sociales fue resuelta por la Mesa de Contratación de la empresa pública municipal y, posteriormente, tuvo que ser finalizada por otra empresa tras entrar Levantina en concurso de acreedores.
El pasado enero, el propio Llorente negó públicamente cualquier vínculo con la trama. «Koldo jamás pisó el Ayuntamiento de Leganés», manifestó en sus redes sociales. El exalcalde socialista aseguró que «ni conocía ni mantuvo llamadas ni reuniones sobre adjudicaciones con Koldo García», y se reservó el derecho de emprender acciones legales contra quienes, según él, difunden lo que él considera «mentiras y bulos» sobre su gestión.
En Dos Hermanas (Sevilla), el ayuntamiento dirigido por el histórico socialista Quico Toscano y uno de los apoyos más firmes de Pedro Sánchez en Andalucía, adjudicó en 2021 a la empresa bajo investigación la construcción del segundo pabellón del Palacio de Congresos por 2,5 millones de euros más impuestos. Toscano, una de las figuras de mayor peso interno entre los socialistas andaluces, lideró el ayuntamiento durante casi cuatro décadas hasta su relevo en 2022.
El secretario general del PSOE de Castellón
Al margen de estos grandes contratos, la empresa fue acumulando adjudicaciones en otros municipios, especialmente de la Comunidad Valenciana bajo gobiernos del PSOE y de Compromís. En Alcora (Castellón), el socialista Samuel Falomir, actual portavoz del PSOE en la Diputación de Castellón y secretario general de los socialistas castellonenses, adjudicó en 2023 a LIC un contrato de 4,2 millones de euros para la rehabilitación y ampliación del Instituto Ximén d’Urrea, dentro de un plan financiado por la Generalitat Valenciana. La adjudicación figura entre las más cuantiosas de las realizadas en administraciones municipales valencianas.
En Jávea, el socialista José Chulvi —durante años hombre fuerte del PSOE en la provincia de Alicante y actual portavoz adjunto en las Cortes autonómicas— adjudicó en 2018 a la empresa bajo el foco de la investigación del Supremo la rehabilitación de un puente por 399.947 euros, contrato que finalmente quedó sin ejecutar, como reveló THE OBJECTIVE. En Sagunto, gobernado por Quico Fernández (Compromís), Levantina Ingeniería y Construcción obtuvo en 2021 un contrato por 1,9 millones de euros para finalizar otras obras, las de un pabellón deportivo.
En Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, considerado uno de los referentes del ‘sanchismo’ en el área metropolitana de Valencia, adjudicó un contrato de 616.623 euros en 2022 para la ejecución de itinerarios escolares.
La lista se amplía con Vinaroz (Guillem Alsina, PSOE, con adjudicaciones por 1,2 millones), Teulada (Mª Rosa Catalina Vila, Compromís, por 816.000 euros), Dolores (José Joaquín Hernández, PSOE, con dos contratos por 1,2 millones), Jijona (Isabel López, PSOE, por 330.000 euros) y Rafelbunyol (Fran López, PSOE, por 202.000 euros). En este último caso, López ocupaba entonces el cargo de secretario general de Jóvenes Socialistas del PSOE valenciano. Además, la adjudicación resulta llamativa, pues sufrió una modificación presupuestaria para darle finalmente más dinero a LIC.
Completan la lista de adjudicaciones a LIC los gobiernos locales de Altea (Jaume Llinares, Compromís, por 872.000 euros), Llíria (Joanma Miguel, Compromís, con un suministro por 24.000 euros) y L’Alcúdia de Crespins (gobernada por coalición de PSOE y Compromís, con 242.000 euros).
Capilaridad de LIC
El recorrido de adjudicaciones municipales evidencia la capilaridad que Levantina Ingeniería y Construcción, S.L. (LIC) logró establecer dentro del ecosistema de administraciones locales controladas por el PSOE y Compromís durante más de ocho años, con presencia recurrente tanto en grandes ciudades como en pequeños municipios de distinta escala presupuestaria.
En total, los 21 contratos formalizados bajo el mandato de estos 15 alcaldes suman 34 millones de euros más IVA, tramitados en su mayoría mediante procedimientos abiertos o simplificados, con rebajas significativas respecto a los presupuestos iniciales y, en varios casos, con escasa competencia en el proceso de licitación.
El propietario de Levantina Ingeniería y Construcción, José Ruz, figura como uno de los principales investigados por el Tribunal Supremo dentro de la causa que afecta al exministro y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos; a su sucesor en el partido, Santos Cerdán; y al exasesor del primero y amigo del segundo, Koldo García, acusados de amañar contratos públicos y cobrar comisiones ilegales.
Aunque hasta ahora la investigación judicial ha puesto el foco en los contratos centralizados del Gobierno, el conjunto de adjudicaciones municipales arroja indicios que alimentan las sospechas sobre un posible entramado territorial favorable a Levantina Ingeniería y Construcción, S.L. (LIC) durante años bajo administraciones socialistas y nacionalistas. Preguntados este martes por este periódico, ambos partidos declinaron ofrecer cualquier explicación sobre el conjunto de estas adjudicaciones.