Mazón carga contra Sánchez por inflar las cifras de la dana y «abandonar» al 86% de las familias

La Generalitat Valenciana ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha inflado de manera sistemática las cifras de ayudas por la dana del pasado 29 de octubre, mientras miles de familias valencianas siguen sin recibir nada. Según los cálculos del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, a partir de los propios datos de La Moncloa, el 86% de las familias afectadas no ha cobrado ni un euro diez meses después de la tragedia. De las 43.592 solicitudes de ayudas de primera necesidad presentadas, apenas 6.102 han sido atendidas, lo que supone unos 100,9 millones de euros transferidos. El resto, unas 38.000 familias, continúa esperando unas compensaciones que el Gobierno central asegura haber abonado.

La Generalitat cifra en unos 620 millones la deuda pendiente con los damnificados, tomando como referencia la ayuda media percibida hasta ahora, de 16.538 euros por hogar. «Mientras el Ejecutivo de Sánchez se dedica a maquillar los datos, miles de familias siguen en una situación de abandono», denuncian desde el Gobierno autonómico.

El Consell recuerda que el Ejecutivo central ha ofrecido tres cifras diferentes en apenas mes y medio. El pasado 21 de julio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anunciaron que ya se habían abonado 7.500 millones. El 28 de agosto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, rebajó la cifra a 7.000 millones en un acto en Valencia, asegurando que «ya están en los bolsillos de las víctimas». Esos días, la web oficial de La Moncloa reducía aún más el dato, hasta los 6.190 millones. Ninguna de estas cifras, subraya la Generalitat, se corresponde con la realidad: el dinero efectivamente abonado a los afectados por la dana asciende a 2.600 millones de euros, apenas un 15,6% del total de 16.600 millones que el Ejecutivo asegura haber movilizado.

«Maquillaje contable»

El Consell denuncia que la diferencia obedece a un «maquillaje contable» en el que el Gobierno se atribuye partidas que no son suyas. El caso más significativo es el de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que suman 3.533,8 millones de euros. Se trata de pagos financiados con las primas de los asegurados, recargos e inversiones del Consorcio, que es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de los presupuestos estatales. Pese a ello, el Ejecutivo contabiliza estas indemnizaciones como si fueran ayudas directas. Lo mismo ocurre con los 51,5 millones gestionados por Agroseguro para explotaciones agrarias, que tampoco proceden de fondos públicos.

A ello se añade la inclusión de créditos y líneas de financiación como si fueran transferencias. El Gobierno central contabiliza los 719 millones en préstamos del ICO como ayudas, cuando en realidad se trata de dinero que las empresas deben devolver y, en muchos casos, con intereses. En torno a 400 millones de ese total no cuentan con bonificación alguna y tendrán que devolverse en condiciones de mercado. En la misma línea, los 41,25 millones en líneas de financiación para explotaciones agrarias tampoco constituyen ayudas, ya que solo se subvenciona el 15% del principal y el resto debe devolverse.

La Generalitat advierte de que, más allá del maquillaje en las cifras, una gran parte de las transferencias anunciadas no se han materializado en inversiones reales. El Gobierno asegura haber transferido 1.745 millones de euros a 78 ayuntamientos afectados para la reconstrucción de infraestructuras municipales. Sin embargo, la mayoría de consistorios carece de medios técnicos y humanos para tramitar licitaciones de gran envergadura, por lo que las inversiones permanecen paralizadas. Además, 28 municipios valencianos, con una población conjunta de 80.000 personas, han quedado excluidos del plan estatal de ayudas para infraestructuras pese a los daños sufridos por la riada.

Otros colectivos

Las promesas incumplidas afectan también a otros colectivos. En el caso de los vehículos perdidos, el Ejecutivo se ha negado a aplicar un IVA reducido o exento en la compra de nuevos automóviles, lo que en muchos casos neutraliza o incluso supera la cuantía de las ayudas concedidas. En materia deportiva, la situación es aún más clara: no se ha abonado ni un solo euro de las ayudas previstas para entidades e instalaciones, pese a que se han registrado 17 solicitudes. Los autónomos tampoco han visto cumplida la promesa del Ministerio de Economía de enero pasado, cuando anunció la prórroga de la prestación por cese temporal de actividad para unos 5.000 profesionales de la provincia de Valencia. Ocho meses después, la medida sigue sin ponerse en marcha.

El balance –insiste la Generalitat– es que el Gobierno ha inflado las cifras en miles de millones de euros: 4.900 respecto a los 7.500 millones anunciados en julio, 4.400 frente a los 7.000 proclamados por Diana Morant en agosto y 3.590 si se comparan con los 6.190 publicados en la web de La Moncloa. La diferencia radica en la inclusión de indemnizaciones de seguros y créditos que no son ayudas reales.

En conclusión, Mazón acusa al Ejecutivo central de practicar un «maquillaje político» mientras los afectados esperan. «Sánchez se atribuye indemnizaciones que no son suyas, presenta préstamos como si fueran transferencias y presume de ayudas que los ayuntamientos no han podido ejecutar. La realidad es que el 86% de las familias valencianas sigue sin cobrar lo que necesita para rehacer sus vidas», subrayan fuentes autonómicas.

La cifra final de ayudas efectivas asciende a 2.600 millones, lo que representa apenas un 15,6% de los 16.600 millones anunciados por el Ejecutivo. Mientras tanto, miles de familias, consistorios y autónomos valencianos continúan esperando las ayudas que el Gobierno asegura haber pagado, pero que en la práctica no han llegado.