El Puerto de Valencia relega al directivo que repartió contratos millonarios a su entorno
Federico Torres se quedó en julio sin el departamento con el que favoreció en dos años a sus allegados con 45,5 millones
Federico Torres, en unas jornadas del Colegio de Ingenieros celebradas en el Puerto de Valencia, con su amigo y socio Daniel Jabaloyas al fondo. | THE OBJECTIVE
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha dado un paso decisivo en la crisis que arrastra desde hace meses en torno a su jefe de Transición Ecológica, Federico Torres, investigado por favorecer con contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno personal y profesional. Según ha podido confirmar este medio, el pasado final de julio se le retiró la dirección del área de la red eléctrica, uno de los departamentos con mayor peso económico dentro de la institución.
La medida supone un vaciado de competencias para un alto cargo que hasta ahora había sido pieza clave en el diseño y adjudicación de proyectos estratégicos ligados a la transición energética y la sostenibilidad. No obstante, Torres no ha sido despedido y se mantiene formalmente en la estructura de la APV. Fuentes internas señalan, sin embargo, que su salida definitiva podría producirse en los próximos meses si las investigaciones internas siguen apuntando en la misma dirección.
El relevo no ha sido solo nominal. Según el nuevo organigrama interno de la APV, el responsable de Red Eléctrica, Alfredo Canet, que hasta entonces dependía directamente de Torres, ha pasado a integrarse en la órbita de la Subdirección de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, dirigida por Manuela Gras. Un movimiento que confirma que la Autoridad Portuaria no solo le ha quitado el mando de los contratos más sensibles, sino que ha redistribuido a su equipo hacia otros departamentos.
Escándalos desvelados por THE OBJECTIVE
Las sospechas sobre Torres no son nuevas. Durante el pasado mes de junio, THE OBJECTIVE publicó una serie de exclusivas que destaparon un patrón de adjudicaciones millonarias -45,5 millones en dos años- desde su departamento hacia su círculo de amigos y colaboradores muy estrechos.
La primera revelación apuntó a que el directivo participó sin inhibirse en las comisiones técnicas que otorgaron dos contratos por valor de 30 millones de euros a Lantania, la constructora controlada por el exconsejero del PP, Máximo Buch, amigo personal de Torres. Uno de los contratos consistía en una planta solar financiada con los fondos europeos Next Generation; el otro, en la construcción de una subestación eléctrica con cargo al programa Connecting Europe Facility (CEF). En ambos, Torres jugó un papel decisivo, ya que era responsable de los expedientes y firmó las valoraciones subjetivas que dieron la victoria a la empresa de su allegado, pese a no ser la oferta más barata.
Pocos días después, este periódico reveló que cuatro miembros de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, presidido por Torres desde noviembre de 2023, habían recibido en apenas un año y medio contratos por 15,5 millones de euros en el Puerto de Valencia. Entre los beneficiados figuraban, además de Buch, Daniel Jabaloyas (exsocio de Torres en la empresa Vienval), Pablo Benlloch (IDOM) y Pascual Lloria (Gesman Ingeniería).
Advertencias de Hacienda
Las primeras sospechas ya habían sido detectadas por el propio Ministerio de Hacienda. Un informe reservado de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), elaborado en enero de 2024, alertó de un conflicto de intereses en otro contrato fotovoltaico en el puerto. En aquel caso, Torres aparecía vinculado con la empresa subcontratista Aris Nova SL, con la que compartía negocios a través de la sociedad Vienval, la sociedad de la que era accionista con su amigo Jabaloyas.
El informe señalaba que el directivo debía haberse abstenido de participar en la tramitación del contrato y advertir internamente del conflicto en el que estaba inmerso, algo que nunca hizo. Pese a ello, la Autoridad Portuaria no activó ningún mecanismo de control.
A raíz de esa advertencia, la APV abrió un expediente antifraude contra Torres, que concluyó que el conflicto era «de carácter personal e indirecto». No obstante, se le obligó a declarar durante dos años cualquier relación con Aris Nova o sociedades vinculadas.
Investigación interna y relevo en julio
Las nuevas informaciones publicadas por THE OBJECTIVE precipitaron una segunda investigación interna ordenada por la presidenta del Puerto, Mar Chao. El organismo analizó varios expedientes en los que aparecían empresas del entorno de Torres y concluyó que existía un patrón reiterado de contratos que debían ser vigilados.
Preguntada expresamente por este caso, el pasado 16 de julio, la presidenta de la APV eludió concretar qué medidas adoptaría respecto a Torres: «Las decisiones se tomarán cuando se tengan que tomar», respondió de manera lacónica. El Puerto mantiene abierto un expediente sobre los hechos tras detectar conflictos de interés no declarados en los contratos dirigidos por el alto cargo a otras empresas de su círculo más próximo en el último año y medio. Lo cierto es que el primer paso se produjo justo antes del periodo vacacional de agosto, con la decisión de retirarle la dirección de la red eléctrica.
Con ello, la Autoridad Portuaria limitó su margen de maniobra en adjudicaciones millonarias, un área especialmente sensible por estar financiada con fondos europeos y bajo la lupa de Bruselas.
El caso ha tenido también eco en el ámbito político. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, exigió en junio un cambio total en la dirección de la APV y una revisión exhaustiva de las adjudicaciones. «La situación en la Autoridad Portuaria de Valencia es insostenible. Urge analizar cada contrato salpicado de irregularidades», advirtió.
Una figura clave en la transición energética
Hasta ahora, Torres había sido la cara visible de la estrategia energética y de sostenibilidad del Puerto de Valencia, un papel que le situaba en el centro de las grandes inversiones vinculadas a la electrificación de muelles y a la reducción de emisiones. Bajo su supervisión se tramitaron contratos estratégicos financiados con fondos comunitarios, lo que incrementa la gravedad de las irregularidades señaladas.
De hecho, los propios auditores de Hacienda han advertido que la normativa europea exige mecanismos estrictos de detección y gestión de conflictos de intereses, lo que hace más delicada la situación para la APV al haber recibido financiación de programas como el Next Generation o el CEF.
Por ahora, Torres se mantiene como directivo, pero sin el control de uno de los departamentos de mayor peso económico. Su figura ha quedado tocada por los escándalos y las investigaciones, y las fuentes internas consultadas por este medio no descartan que en los próximos meses se produzca su relevo definitivo.