La empresa pública del 'caso Aguas' mantiene el modelo de contratación heredado del PSOE
Egevasa sostiene que el sistema replica el aplicado en los mandatos socialistas y que los procesos están auditados
La ministra Diana Morant fue la primera consejera delegada de la empresa semipública investigada | Jorge Gil (EP)
La dirección política actual de Egevasa, la empresa semipública valenciana del agua investigada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del conocido como caso Aguas, niega haber introducido cambios sustanciales en el modelo de contratación heredado de los gobiernos socialistas que son objeto de investigación y defiende la legalidad de los procedimientos seguidos en los últimos años. Fuentes de Ens Uneix, formación que controla actualmente la vertiente política de la compañía a través de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, aseguran que la firma «sigue aplicando los mismos criterios técnicos y de Intervención que se han utilizado en los últimos años» y que «todos los contratos están auditados, publicados y validados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público».
La empresa, participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por el grupo privado Global Omnium (antigua Aguas de Valencia), gestiona el ciclo integral del agua para más de 250.000 usuarios en la provincia. Su actividad se encuentra bajo escrutinio judicial después de que la Fiscalía abriera diligencias por presuntas irregularidades en adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2022, un periodo en el que la gestión política estuvo en manos socialistas.
«Egevasa es la empresa más auditada de la Diputación»
Desde el entorno de Ens Uneix se subraya además que no existe ninguna notificación judicial que afecte a la dirección actual de la empresa y que el funcionamiento cotidiano continúa «con absoluta normalidad». Según estas fuentes, «Egevasa es probablemente la empresa más auditada de la Diputación». Aseguran además que todos los contratos cuentan con el visto bueno de Intervención y Secretaría y que nunca ha habido recursos presentados por parte de otras compañías licitadoras. «Si alguien detecta irregularidades, tiene derecho a impugnarlas; pero no ha ocurrido».
Las mismas fuentes sostienen que los contratos bajo sospecha ya habían sido revisados por los órganos de control económico de la corporación provincial, sin objeciones. «No podemos ir más allá de lo que establecen los habilitados nacionales, que son quienes supervisan la legalidad de cada expediente», afirma la empresa, que insiste en que «todas las licitaciones están disponibles en el portal de transparencia, accesibles a cualquier ciudadano».
El origen del caso y los contratos bajo sospecha
El caso Aguas se centra en los procedimientos de licitación conjunta e individual entre Egevasa y otras sociedades del grupo Global Omnium, que podrían haber limitado la libre concurrencia y favorecido a empresas vinculadas al propio socio privado. Según la denuncia anónima que dio origen a la investigación, Egevasa habría adjudicado más de 80 millones de euros en contratos entre 2018 y 2022, muchos de ellos a compañías del grupo Global Omnium o a la constructora Micó Ferrándiz, una de las principales beneficiarias del sistema.
La querella ampliada la pasada semana por el sindicato Manos Limpias apunta a presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación pública y cohecho, señalando a 12 cargos de distintos partidos —PSOE, PP, Ens Uneix, Compromís, Vox y Ciudadanos— y a la propia Global Omnium.
Fuentes de la empresa pública sostienen que el modelo de adjudicación actual no difiere del utilizado bajo los gobiernos socialistas, como entre 2016 y 2017, cuando la entonces diputada provincial Diana Morant —hoy ministra de Ciencia— ocupaba el cargo de consejera delegada de Egevasa y Jorge Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent y principal dirigente de Ens Uneix, presidía la Diputación de Valencia. En esa etapa, Egevasa adjudicó varios contratos a empresas del grupo Omnium Ibérica, entre ellos a la Empresa General de Servicios Públicos Urbanos S.A. y a la Sociedad Española de Abastecimientos S.A., con un valor conjunto de más de 800.000 euros.
«Nosotros no hemos cambiado nada sustancial respecto a lo que se hacía antes. Seguimos el mismo modelo técnico y administrativo, bajo la supervisión de los órganos de control de la Diputación», explican fuentes próximas a la actual dirección.
Tranquilidad ante la investigación judicial
Las fuentes consultadas niegan que la empresa haya recibido hasta la fecha requerimiento alguno de la Fiscalía ni del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que instruye las diligencias previas 1469/24. «A día de hoy no ha llegado ningún requerimiento oficial. Si lo hubiera, lo comunicaríamos de inmediato. Pero la realidad es que no hay nada», sostienen.
En cuanto al papel del actual socio privado, Global Omnium, las fuentes aseguran que «las relaciones son puramente contractuales y técnicas» y que los mecanismos de control garantizan que ninguna de las partes tenga predominio en la toma de decisiones.
El gobierno provincial, presidido por Vicent Mompó (PP), ordenó la pasada semana una auditoría interna sobre los contratos del agua gestionados durante la etapa socialista. Los responsables políticos de la compañía aseguran que están «totalmente tranquilos» y colaborarán «en todo lo que sea necesario». «Somos los primeros interesados en la transparencia y en aclarar cualquier duda. Egevasa trabaja con criterios objetivos y verificables», concluyen las fuentes.