La Diputación de Valencia se persona contra el excomisionado de la dana por estafa

La Diputación de Valencia se ha personado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en la causa penal abierta contra José María Ángel Batalla, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana y expresidente del PSOE valenciano. La institución considera que el que fuera alto cargo socialista podría haber cometido delitos de falsificación documental y estafa al haber utilizado durante casi cuatro décadas un título universitario presuntamente falso para acceder a puestos de funcionario reservados a titulados universitarios.

Según el escrito remitido al juzgado, el exdirigente socialista habría empleado desde 1987 una diplomatura inexistente en Archivística y Biblioteconomía, supuestamente expedida por la Universidad de Valencia, para ocupar distintos cargos del grupo A/B —actuales A1 y A2— dentro de la Diputación. En su expediente personal figura una copia de dicho título, cuya autenticidad no ha podido ser acreditada, lo que habría motivado la intervención de la Fiscalía y, posteriormente, del órgano judicial.

El caso arrancó el 2 de octubre, cuando la Diputación remitió un escrito a la Fiscalía Provincial de Valencia solicitando la apertura de diligencias de investigación sobre los hechos. En el documento se señalaba que José María Ángel Batalla, funcionario de la institución desde 1985, habría venido desempeñando durante años funciones de responsabilidad amparándose en un mérito académico que no existía en los registros universitarios. La corporación consideraba que esta actuación habría supuesto un perjuicio económico continuado para la administración, al haber percibido el investigado retribuciones y complementos vinculados a un nivel funcionarial superior al que realmente le correspondía.

Diligencias previas abiertas

El 13 de octubre, la Fiscalía Provincial comunicó oficialmente que las diligencias ya estaban judicializadas. El expediente fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, al coincidir los hechos con los que se investigaban en las diligencias previas ya abiertas en el mismo órgano judicial. A partir de esa notificación, la Diputación decidió personarse en el procedimiento en calidad de parte perjudicada.

El escrito de personación, registrado este lunes y firmado por el director de la asesoría jurídica de la Diputación, invoca los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconocen el derecho de toda persona o entidad ofendida o perjudicada por un delito a intervenir en la causa y ejercitar las acciones penales y civiles correspondientes. En el documento se afirma que la corporación provincial ha sufrido un menoscabo directo en su patrimonio y en su actuación administrativa como consecuencia de los hechos investigados, por lo que ostenta legitimación activa para comparecer en el procedimiento.

El texto añade que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Diputación tiene un interés directo y legítimo en el resultado del proceso, lo que refuerza su derecho a personarse en calidad de perjudicada. Por ello, solicita al juzgado que se la tenga por comparecida y parte en las diligencias previas y que se le notifiquen todas las actuaciones practicadas para poder ejercer sus derechos procesales.

El documento considera que José María Ángel Batalla podría haber incurrido en un delito de falsificación documental con un delito de estafa, al haber hecho uso de un título universitario presuntamente falsificado para acceder a plazas y beneficios económicos dentro de la administración. Los hechos, de confirmarse, implicarían no solo un enriquecimiento ilícito personal, sino también un perjuicio económico prolongado para las arcas públicas durante casi cuarenta años.

Fuentes jurídicas de la corporación provincial aseguran que la actuación responde exclusivamente a la defensa de los intereses de la institución y a la necesidad de garantizar la transparencia administrativa. «Nos encontramos ante hechos que, de confirmarse, suponen un perjuicio económico y moral para la Diputación», señalan. El objetivo, según las mismas fuentes, es colaborar con la justicia para esclarecer una posible irregularidad que habría afectado al funcionamiento interno de la administración provincial durante décadas.

El escrito recuerda que José María Ángel Batalla se incorporó a la Diputación en 1985 y que, desde el 1 de agosto de 1987, había ocupado diferentes puestos de trabajo para los que se requería una diplomatura o licenciatura universitaria. En el expediente personal del funcionario figuraba una copia del título presuntamente falsificado, cuando no constaba que la Universidad de Valencia hubiera expedido ningún documento oficial con ese contenido. La supuesta falsificación habría permitido al investigado acceder a categorías profesionales superiores y beneficiarse de una progresión laboral incompatible con su titulación real.

El caso adquiere especial relevancia por el perfil político del investigado. Durante los gobiernos del Botànic, Batalla fue secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y, tras la tragedia de la dana de 2024, fue designado por el Gobierno central como comisionado para la reconstrucción en la Comunidad Valenciana y era una figura de peso dentro del socialismo valenciano hasta su dimisión a principio de agosto de este año.

De confirmarse la falsedad del título, los hechos podrían constituir un delito de falsificación de documento público, tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, castigado con penas de entre tres y seis años de prisión. Además, el aprovechamiento de esa falsedad para obtener beneficios laborales y económicos podría encajar en un delito de estafa a la Administración pública, penado con hasta ocho años de inhabilitación y la obligación de devolver las cantidades percibidas indebidamente.