Mazón llega al aniversario de la dana atrapado entre la presión judicial y la crisis de gobierno
Los aspirantes a sucederle piden que no se precipite su relevo y se mantenga el actual equilibrio interno hasta 2027

Mazón, en la presentación del proyecto de sensibilización por inundaciones junto a Gan Pampols (izquierda). | Rober Solsona (EP)
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, encara el primer aniversario de la dana en la semana más delicada de su mandato. A la exposición pública del funeral de Estado de este miércoles se suma la presión judicial por la declaración de la periodista Maribel Vilaplana —quien le acompañó durante una comida el día de la tragedia— y la crisis de gobierno anunciada para el 5 de noviembre. Tres frentes que confluyen en un mismo punto: el desgaste del dirigente popular atrapado entre una imagen pública erosionada y las maniobras de algunas personas en su propio partido.
El auto de la Audiencia Provincial de Valencia, notificado la pasada semana, ordenaba que Vilaplana declarase como testigo en la causa penal sobre la gestión de la dana, que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuya fecha fue definida para el lunes que viene. El tribunal considera su testimonio «pertinente y útil» para esclarecer qué ocurrió la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando el presidente comía con la periodista en el restaurante El Ventorro, en el centro de Valencia, mientras la provincia empezaba a inundarse.
Aquel encuentro, a las 15.00 horas, no figuraba en la agenda pública de Mazón y no fue reconocido oficialmente hasta el 8 de noviembre, cuando la polémica ya había estallado. Según explicó Vilaplana en una carta publicada el pasado 5 de septiembre, fue ella misma quien pidió al president que no hiciera pública su identidad: «Le pedí, de forma muy clara, que por favor mi nombre no saliera. Le expliqué que me parecía profundamente injusto quedar vinculada a un capítulo tan doloroso cuando no había tenido absolutamente nada que ver».
A esa misma hora del fatídico día, los informativos de la televisión autonómica valenciana ya alertaban de la gravedad del temporal, con la A-3 cortada a la altura de Requena y barrancos desbordados al sur de Valencia. En dicho encuentro, según fuentes del entorno de la periodista, Mazón llegó a ofrecerle la dirección de la radiotelevisión pública valenciana, un cargo que ella rechazó. No fue hasta el 26 de diciembre cuando la Generalitat precisó que la comida se había celebrado en calidad de presidente del PP valenciano, no como jefe del Gobierno valenciano, lo que permitió evitar que la oposición reclamara la factura como gasto institucional.
La reunión se prolongó durante casi cuatro horas. Aunque en un primer momento se aseguró que ambos abandonaron el local hacia las 17:30, la propia Vilaplana aclaró que salieron entre las 18.30 y las 18.45. Para entonces, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya había sido activada y el Cecopi, el centro de coordinación de emergencias, había sido convocado por la entonces consejera de Justicia y ahora investigada, Salomé Pradas, a las 17.00 horas.
Los vídeos aportados por la Generalitat a la jueza revelan que la reunión del Cecopi comenzó con testimonios de bomberos y efectivos de la UME sobre personas atrapadas en los tejados de Utiel. A las 17.30, Emergencias emitía un «aviso especial de alerta hidrológica» por el aumento del caudal del río Magro.
Mientras tanto, Mazón seguía en el restaurante. A las 17.37 llamó por primera vez a Pradas, quien le informó de la situación. Según fuentes de Presidencia, el presidente valenciano entendió que la emergencia estaba «bajo control» y que la evolución meteorológica remitía, tal y como había pronosticado la Aemet. Por eso, no suspendió la comida.
El camino al Palau
De acuerdo con la versión posterior de Mazón, tras despedirse de Vilaplana caminó desde el Ventorro hasta el Palau de la Generalitat, un trayecto de unos once minutos. Sin embargo, no lo hizo directamente. Según confirmaron ambas partes, el presidente acompañó a la periodista hasta el aparcamiento a casi 200 metros del restaurante donde ella tenía su coche.
Ese desvío de dos minutos es irrelevante en distancia, pero significativo en tiempo político: a las 18.32 ya se habían producido las primeras llamadas al 112 alertando del desbordamiento del barranco del Poyo en Paiporta, y a las 18.56 el agua arrasaba la zona cero de la tragedia.
Mazón no realizó ni recibió llamadas entre las 18.57 y las 19.34, según su propio listado de comunicaciones, que ahora ha sido requerido por la juez de Catarroja. Pradas intentó contactarle a las 19.10, sin éxito. No hablaron de nuevo hasta las 19.43, y luego a las 20:10, un minuto antes de que se lanzara el aviso masivo ES-Alert a los teléfonos móviles. El presidente valenciano no llegó al Cecopi hasta las 20.28, como reconoció meses después, pese a que inicialmente su equipo había asegurado que se incorporó «pasadas las 19:30». Ese matiz —revelado tras las preguntas de la juez sobre qué autoridad estaba presente en el Cecopi durante la emisión del ES-Alert— supuso un respiro judicial para Mazón, pero un golpe político a su credibilidad.
La decisión de la Audiencia de citar a Vilaplana reabre ahora la secuencia de aquellas horas, situando de nuevo el foco en El Ventorro y en la conducta del presidente durante la emergencia.
Funeral y exposición pública
Mañana miércoles, justo un año después de la tragedia, los Reyes de España presidirán en el Museo Príncipe Felipe el funeral de Estado por las 229 víctimas de la Comunidad Valenciana y las ocho fallecidas en Castilla-La Mancha y Andalucía. Será un acto cívico, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los líderes autonómicos Emiliano García-Page y Juanma Moreno, y el propio Alberto Núñez Feijóo.
Aunque la ceremonia no prevé discursos políticos —solo intervendrán dos familiares de víctimas valencianas—, en el entorno de Mazón temen que el acto se convierta en un nuevo juicio público sobre su gestión. Fuentes del Palau admiten que el presidente «se enfrenta a uno de los momentos más incómodos de su trayectoria», aunque desde Zarzuela se trata de mantener el tono institucional y solemne del acto.
A esa presión se suman los movimientos de algunos de los aspirantes a suceder a Mazón. Según ha sabido THE OBJECTIVE, algunos de ellos han trasladado a la dirección nacional la conveniencia de no precipitar ningún relevo hasta el final de la legislatura. La consigna compartida es clara: «no abrir el melón» antes de tiempo para evitar una caída en cadena que arrastre a la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.
María José Catalá y Vicent Mompó encabezan esa estrategia de resistencia. Catalá, según fuentes populares, preferiría que Mazón aguantase para no facilitar la proyección de otros posibles candidatos, como la del secretario general actual del PP en la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que podría consolidarse si hubiera un relevo prematuro. Mompó comparte esa lógica. Aunque él no figura en la quiniela inmediata y necesita tiempo para reforzar su perfil, desde su círculo se cree que forzar la caída del presidente antes del final del mandato sería «reconocer un error político» y debilitar al partido ante la oposición y ante Vox.
Una crisis sin renovación
En este contexto, la crisis de gobierno del 5 de noviembre será más una obligación política que un punto de inflexión real. La salida del vicepresidente para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, marcará el inicio de una remodelación de perfil limitado. Los movimientos previstos confirman el carácter continuista: Miguel Barrachina podría ser nombrado vicepresidente y portavoz del Ejecutivo, reivindicando la «cuota de Castellón», mientras que Vicente Martínez Mus, consejero de Infraestructuras, y más próximo al núcleo técnico, podría aspirar a una cartera reforzada. También se baraja el traslado de José Antonio Rovira, actualmente en Educación, a Hacienda, aunque todo podría quedar en un mero intercambio de carteras.
La dirección nacional observa con inquietud el desgaste. Los sondeos muestran un bajo nivel de valoración para el presidente y un trasvase de votos hacia Vox, el mayor en términos relativos de todas las comunidades autónomas, aunque desde Génova se observa con optimismo que la izquierda política no sale beneficiada de la caída de intención de voto de los suyos en la Comunidad Valenciana.
