La comisión del Congreso de la dana veta a las familias críticas con la gestión de Sánchez
Familiares de varias víctimas que cargaron contra el presidente en el funeral solicitan su comparecencia urgente
Mariló Gradolí representa a una asociación de las víctimas de la dana y es asesora de Compromís | Eduardo Parra / Europa Press
La comisión de investigación sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, constituida en el Congreso de los Diputados, ha vetado la comparecencia de las familias de víctimas que han sido más críticas con el Gobierno de Pedro Sánchez, según consta en un escrito remitido este miércoles a la Cámara Baja por la letrada Pilar Esquinas.
En nombre de Yolanda Garrido, afectada por la tragedia y promotora de la petición ciudadana que dio origen a la comisión, Esquinas ha solicitado su personación formal y la posibilidad de comparecer públicamente ante los diputados. También reclama la incorporación de la asociación Unión del Pueblo 29, que agrupa a víctimas y afectados por la catástrofe, como parte interesada en los trabajos parlamentarios. Se da la casualidad que Yolanda Garrido fue una de las familiares de las víctimas que hace una semana vociferaron en el funeral de la dana contra la gestión de la catástrofe por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El escrito, dirigido al presidente de la comisión de la dana, subraya que ni Garrido ni la asociación han sido llamadas a participar en las sesiones iniciales, a pesar de haber impulsado una campaña de recogida de firmas y la petición original registrada en el Congreso el 12 de diciembre del pasado año. «No han sido tenidas por parte interesada, ni llamadas a declarar», denuncia la abogada, quien advierte que la exclusión «menoscaba el derecho de participación pública y la voz de las víctimas».
Derecho de participación
La solicitud fundamenta su reclamación en los artículos 29 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001, que protegen el derecho de petición ante las Cortes, así como en la Ley 27/2006, que garantiza la participación del público en asuntos medioambientales. Esquinas recuerda además que la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil impone a las autoridades el deber de incorporar el testimonio de los afectados en las evaluaciones posteriores a un desastre.
El documento solicita expresamente que se registre oficialmente la personación de Garrido y de la asociación Unión del Pueblo 29, que se les conceda una fecha de comparecencia con carácter preferente y que se les facilite el acceso a toda la documentación obrante en la comisión. Asimismo, pide habilitar un canal permanente para remitir propuestas de mejora en materia de urbanismo, gestión hidrográfica, avisos tempranos, protocolos de emergencia y atención a las víctimas. Finalmente, se solicita que se le reconozca a la asociación poder proponer la comparecencia de responsables y expertos.
Un veto con carga política
El caso ha generado malestar en una parte de las familias afectadas que reclaman una investigación sin filtros ni exclusiones partidistas. Yolanda Garrido, que perdió a tres miembros de su familia durante la dana, se ha mostrado muy crítica con la gestión del Gobierno central y con la falta de responsabilidades políticas asumidas tras la tragedia. Fuentes próximas a las víctimas sostienen que la comisión «ha cerrado la puerta a quienes denunciaron públicamente la inacción del Ejecutivo».
La abogada concluye en su escrito que la exclusión de Garrido y de Unión del Pueblo 29 constituye una forma de «silencio selectivo» hacia las víctimas más incómodas políticamente. Además, pide que conste en el Diario de Sesiones que su representada fue la promotora de la petición ciudadana que motivó la creación de la comisión.
Asociaciones afines a Compromís
La polémica se agrava porque esta misma semana han comparecido en la comisión representantes de otras asociaciones de víctimas, curiosamente aquellas que tienen entre sus dirigentes a miembros de Compromís y que en el último año han centrado sus críticas en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat hasta su dimisión, y no en el Gobierno de Pedro Sánchez.
El sesgo en la selección de comparecientes resulta aún más llamativo si se recuerda que el 3 de noviembre del pasado año Sánchez salió huyendo de Paiporta, considerada la zona cero de la dana, ante las protestas y abucheos de centenares de vecinos, mientras que los Reyes y el entonces presidente valenciano permanecieron junto a los ciudadanos y los voluntarios que trabajaban en las tareas de limpieza del barro.
La comisión de la dana fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado 13 de marzo, con el objetivo de analizar la gestión institucional y la respuesta de las administraciones ante la catástrofe. Sin embargo, la ausencia de las voces más críticas con el Ejecutivo ha reabierto el debate sobre la instrumentalización política de la investigación.