El PP intenta cerrar con Vox un acuerdo exprés tras la citación de Pérez Llorca por la dana

La citación judicial de Juanfran Pérez Llorca por la gestión de la dana de 2024 ha generado inquietud en las filas populares y ha forzado a acelerar sus contactos con Vox para amarrar cuanto antes un acuerdo que garantice la continuidad de la legislatura.

El susto no ha sido menor: la llamada de la juez de Catarroja al principal candidato para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat —el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana— ha alterado el calendario interno del partido y ha encendido las alarmas entre algunos miembros del partido hasta el punto de que admiten que el timing político se ha visto trastocado y que cualquier gesto precipitado podría proyectar la imagen de una formación «más preocupada por salvar su equilibrio interno que por las labores de reconstrucción».

Fuentes del entorno de la dirección autonómica reconocen que Mazón y su lugarteniente han pisado el acelerador en las negociaciones con Vox, conscientes de que la incertidumbre judicial puede convertir el relevo en un proceso imprevisible. «Quieren presentar a Génova los deberes hechos, el apoyo parlamentario cerrado y el aval de Vox garantizado», explican fuentes populares.

El auto dictado este miércoles por el Juzgado de Instrucción de Catarroja recoge las llamadas cruzadas entre la exconsejera Salomé Pradas, Mazón y Pérez Llorca durante los instantes previos al desbordamiento del barranco del Poyo. Según la resolución, el número dos del PP valenciano recibió una llamada de Pradas a las 18.57 horas, que no atendió, aunque la devolvió un minuto después durante 14 segundos. Posteriormente, la exconsellera volvió a telefonearle a las 18.59 horas, manteniendo una conversación de nueve segundos. Entre esas comunicaciones, Mazón contactó con Pérez Llorca en dos ocasiones, también a las 18.57.

La magistrada destaca que estos intercambios «han de ponerse en contexto con las llamadas entre Pradas y Mazón», registradas entre las 18.16 y las 18.30. A su juicio, «los intercambios de los tres pueden proporcionar información sobre los extremos referidos en el auto de la Audiencia Provincial», en particular sobre qué información recibió el presidente autonómico en las horas previas al colapso. Ruiz Tobarra subraya además la «cercanía» entre ambos dirigentes, «hasta el punto de que en sus contactos telefónicos Pérez Llorca aparece identificado como Juanfran Mazón».

El hecho de que la jueza no haya fijado todavía la fecha de las comparecencias añade una dosis extra de incertidumbre política.

Un calendario con riesgo de colisión

El calendario institucional avanza. El PP tiene hasta el 19 de noviembre para presentar su candidatura a la Presidencia de la Generalitat. La Junta de Portavoces se reúne cada quince días, por lo que el siguiente encuentro está previsto para el 18 de noviembre, fecha en la que podría convocarse el pleno de investidura.

Si se cumplen los plazos, la votación se celebraría entre el martes 24 y el viernes 28 de noviembre. Con los 40 diputados del PP y los 13 de Vox, la suma alcanzaría la mayoría absoluta (50 escaños) necesaria para investir al nuevo presidente.
En caso de bloqueo, el reglamento permitiría una primera investidura fallida para activar el reloj institucional: a partir de entonces habría dos meses para intentar nuevas votaciones. Si ninguna prospera, las Cortes Valencianas se disolverían y el Gobierno en funciones debería convocar elecciones 54 días después, lo que situaría los comicios a finales de marzo.

La falta de fecha judicial implica que Pérez Llorca podría comparecer ante la jueza como candidato in pectore o incluso ya investido, aunque en este último caso siempre podría prestar declaración desde su despacho como hizo el presidente del Gobierno en julio de 2024 cuando el juez Juan Carlos Peinado fue a tomarle declaración a palacio de La Moncloa en la investigación llevada a cabo contra su esposa Begoña Gómez. En el PP temen que la imagen del actual secretario general valenciano entrando en los juzgados arruine la estrategia de una sucesión rápida y sin ruido. «La foto de Juanfran con la dana de fondo sería demoledora», admite una fuente del partido en el ámbito autonómico. Los tiempos judiciales, una vez más, «han cogido la medida al PP», como en su día ocurrió con la Gürtel.

Génova pide cautela; Valencia corre

Por este motivo, la instrucción judicial puede alterar los planes del PP. Mientras en Madrid se impone la prudencia, en Valencia se pisan los tiempos. Para reforzar ese objetivo, Macarena Montesinos —secretaria general del grupo parlamentario popular en el Congreso— se ha convertido en el enlace entre Valencia y Madrid, actuando de puente con Miguel Tellado mientras Mazón y Pérez Llorca intensifican los contactos con Vox.

Así las cosas, este jueves Vicente Barrera, presidente provincial de Vox en Valencia, señaló lo que representan las líneas rojas de su formación para cualquier acuerdo con el PP a nivel local, aunque no dejan de tener también su versión autonómica. En una reunión celebrada este jueves con los portavoces municipales de su partido, Barrera destacó que los gobiernos locales en los que participa Vox «son una oportunidad para aplicar políticas de sentido común en temas clave como la inmigración ilegal, la seguridad y la defensa de nuestra cultura e identidad valenciana y española».

También subrayó la «firme determinación de Vox de batallar contra los intentos de adoctrinamiento pancatalanistas de estos últimos años por parte de toda la izquierda valenciana con el silencio cómplice del PP». De este modo, Vox podría exigir compromisos explícitos en materia de seguridad, inmigración, defensa cultural y política fiscal, incluyendo más bajada de impuestos autonómicos y el rechazo a las agendas globalistas que, según su discurso, «anteponen el ecologismo radical a las necesidades reales de los ciudadanos».

Rechazo al ecologismo «radical» y defensa del territorio

Durante la reunión, Barrera se refirió específicamente al Pacto Verde Europeo y a la Ley de Restauración de la Naturaleza, que calificó de «bloqueos burocráticos que impiden intervenciones prácticas como la limpieza de cauces de ríos, barrancos y ramblas». A su juicio, «las políticas medioambientales dictadas desde Bruselas priorizan el ecologismo radical por encima de la seguridad ciudadana».

Estas declaraciones, interpretadas dentro del PP como una señal política clara, confirman que Vox no solo quiere participar en el relevo institucional, sino redefinir el contenido programático del pacto de gobierno. Barrera concluyó su intervención recordando que Vox «seguirá exigiendo lealtad a sus socios de gobierno» y que, a diferencia de otras formaciones, «no traiciona ni a sus votantes ni a sus principios».