El Puerto de Valencia dio 4,2 millones a una empresa con la que tiene vínculos accionariales

Durante los últimos ocho años, el Puerto de Valencia ha adjudicado 4,2 millones de euros a la empresa SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA), una compañía con la que mantiene un vínculo societario directo al compartir con ella el accionariado y el consejo de administración de Infoport, la sociedad mixta que gestiona los principales desarrollos tecnológicos del recinto portuario valenciano. Estas adjudicaciones —un total de 50 contratos públicos desde 2017, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE— conforman un patrón estable y sostenido en el tiempo en el que adjudicador y adjudicatario aparecen entrelazados dentro de la misma estructura empresarial.

Según expertos en contratación pública consultados por este diario, la relación cruzada existente entre el Puerto y SICE aparentemente representa un doble conflicto de interés que estaría comprometiendo la imparcialidad del órgano adjudicador (el Puerto de Valencia) y distorsionaría la libre competencia en el mercado, al haberse beneficiado una empresa que comparte gobierno societario con la propia entidad que le adjudica los contratos.

SICE posee el 6,67% del capital de Infoport y ocupa un asiento en su consejo de administración, donde comparte mesa con cuatro representantes del Puerto de Valencia. Ese consejo, que supervisa los desarrollos tecnológicos más sensibles del recinto portuario, ha situado a la empresa en el núcleo de la planificación estratégica de la sociedad mixta. Mientras tanto, el Puerto ha ido adjudicándole contratos de forma constante en accesos, automatización, sistemas de seguridad y señalización ferroviaria. En 2024, los consejeros de Infoport —incluidos los designados por el Puerto— se repartieron casi 37.000 euros en dietas.

El conflicto no se limita a que SICE sea un proveedor habitual, sino a la arquitectura societaria compartida. Es decir, una empresa que concurre a licitaciones públicas del Puerto participa simultáneamente en el órgano que dirige la sociedad tecnológica del propio Puerto, que ha recibido también 22,6 millones en adjudicaciones desde 2018. Esto genera un escenario en el que adjudicador y adjudicatario no están plenamente separados.

El resultado es un doble flujo de beneficios para los socios privados. Por un lado, SICE obtiene adjudicaciones directas del Puerto; por otro, recibe parte de los ingresos que éste transfiere a Infoport, sociedad de la que también es accionista. Según los especialistas consultados, este diseño ha creado un escenario de conflicto de intereses que ha pervivido durante años y configura «un círculo cerrado que aproxima peligrosamente el espacio público al beneficio particular».

Competencia mínima

Entre 2017 y 2025, las adjudicaciones del Puerto a SICE tuvieron un peso significativo de contratos menores y varios procedimientos abiertos con competencia mínima o inexistente. Pero lo relevante, subrayan fuentes jurídicas, no es la cifra aislada, sino la persistencia del patrón, la reiteración del adjudicatario y la circunstancia de que el Puerto contrata simultáneamente con la sociedad mixta Infoport y con los socios privados que se sientan en su consejo.

Los 50 contratos revisados abarcan importes desde reparaciones de apenas mil euros hasta adjudicaciones superiores a 800.000. El más pequeño, por debajo de lo 700 euros, correspondió a uno de 2018 sobre el cambio de un módulo en uno de los accesos al recinto. La adjudicación más elevada de casi 1 millón de euros se concedió en 2022 para la migración del sistema de control de accesos a las instalaciones. Sorprendentemente, no hubo ningún competidor y la oferta única a la vez que ganadora fue la de la empresa beneficiada.

Para los expertos consultados, esta práctica podría erosionar los principios esenciales de la contratación pública —igualdad, transparencia y libre concurrencia— al converger en la misma estructura societaria quien adjudica y quien resulta adjudicatario. Añaden que estamos ante un posible modelo de «contratación cerrada», donde la apariencia de imparcialidad se diluye en una red de relaciones societarias superpuestas.

Infoport actúa en la actualidad como el principal proveedor digital del Puerto de Valencia, pese a que el organismo público solo controla el 24,98% de su capital. Aun así, el Puerto es quien sostiene casi toda su actividad: aporta el 99% de su facturación y dirige su rumbo a través de los consejeros que envía a su órgano de administración. Desde 2018, Infoport ha recibido decenas de adjudicaciones públicas del organismo portuario, 18 de ellas en concursos donde fue la única ofertante, lo que convirtió procedimientos formalmente abiertos en adjudicaciones prácticamente automáticas.

Por ello, los especialistas no ven el caso SICE como un episodio puntual, sino como una pieza más de un entramado estable de adjudicaciones cruzadas entre el Puerto de Valencia, Infoport y parte de su accionariado privado. Dicho modelo según los juristas consultados, podría suponer una fiscalización extraordinaria o incluso responsabilidades legales si se demostrara que las decisiones se tomaron sin las debidas garantías de objetividad.

La sombra de Federico Torres

A este escenario se añade un elemento especialmente significativo: casi la mitad de las adjudicaciones a SICE desde 2017 proceden de áreas bajo la responsabilidad de Federico Torres, alto directivo del Puerto y presidente de Infoport hasta mayo de 2024. Durante los 14 años en los que encabezó la sociedad mixta, su departamento concedió 22 contratos a SICE por un total de 1,5 millones de euros, en ámbitos tan sensibles como los accesos, la señalización ferroviaria o las instalaciones de seguridad en Valencia, Sagunto y Gandía. La coincidencia es difícil de obviar: 20 de esos 22 contratos fueron adjudicados mientras Torres presidía Infoport y compartía consejo de administración con los representantes de SICE. Es decir, Torres influyó tanto en la toma de decisiones del ente adjudicador como en la sociedad donde se sienta el socio privado que resultaba beneficiado.

THE OBJECTIVE ha trasladado múltiples preguntas sobre las relaciones cruzadas entre Infoport y la Autoridad Portuaria de Valencia, sin haber obtenido respuesta por parte de su presidenta, Mar Chao. Las revelaciones publicadas hoy no solo mantienen abiertas esas incógnitas, sino que amplían las dudas sobre un sistema de adjudicaciones públicas concedidas a socios empresariales, un modelo alejado de los estándares de ejemplaridad exigibles en la gestión pública.