Hacienda cuestiona la política de personal del Puerto de Valencia tras detectar irregularidades

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de fiscalizar la legalidad y la buena gestión económico-financiera del sector público, ha emitido un demoledor informe sobre la política de recursos humanos del Puerto de Valencia, al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE. El documento, firmado el pasado 26 de marzo por el interventor regional, analiza los ejercicios 2023 y 2024 y denuncia de forma directa la manera en que la presidenta de la Autoridad Portuaria (APV), Mar Chao, ha definido y ejecutado los procesos de selección, promoción interna y contratación. El trabajo, realizado entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, mantiene en su versión definitiva del 31 de mayo las conclusiones del informe provisional, según confirman varias fuentes conocedoras del expediente.

El informe custodiado bajo siete llaves hasta ahora en el recinto portuario más importante del Mediterráneo concluye que «la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta muy deficiente, con criterios restrictivos
que conculcan los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad», abundando en la crisis de gestión que atraviesa el organismo público salpicado por numerosos escándalos en el último año por el cobro de dietas de la presidenta, el supuesto amaño de contratos por parte de un directivo entre su entorno amistoso y profesional, las denuncias previas de la IGAE contra dicho directivo por conflicto de intereses, las adjudicaciones interpuestas entre una empresa participada y sus accionistas, y la salida repentina de hace una semana del director general.

La auditoría recuerda que el Puerto de Valencia, con unos 460 empleados, está obligado a seleccionar personal bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero la IGAE detecta prácticas que redujeron la concurrencia y permitieron la admisión de candidatos muy concretos en plazas directivas y técnicas fuera del convenio. En varias de las convocatorias, los requisitos fijados fueron tan específicos que solo una persona en todo el mercado laboral podía cumplirlos, como ocurrió en la plaza 272 (jefatura de Experiencia del Cliente). En este caso, se denuncia en el informe que además de una doble licenciatura en Derecho y ADE, se exigía haber sido responsable de transporte en una empresa cargadora con una facturación superior a 29.000 millones de euros, un perfil que únicamente cumplía una persona tras trabajar en una conocida firma de distribución de origen valenciano. La APV, además, «no pidió conocimientos de idiomas, pese a ser una jefatura vinculada a un puerto internacional», denuncia el informe de la IGAE.

Requisitos restrictivos

Otro de los puestos señalados es la plaza 271 (jefatura de RORO y SSS, una modalidad de tráfico marítimo), donde los méritos incluían haber trabajado específicamente en la comunidad portuaria de Valencia y ser «miembro activo» de ella. La IGAE considera este criterio excesivamente restrictivo y advierte de que favoreció a perfiles internos, generando potenciales conflictos de interés. La plaza 277 (subdirección de gestión de Dominio Público) presentó también deficiencias graves: el Puerto exigía diez años de experiencia exclusivamente en el sector privado, pese a que las funciones del puesto están directamente vinculadas a la gestión pública. La IGAE concluye que la restricción carecía de justificación técnica.

La plaza 276 (jefatura de Apoyo Económico-Financiero) excluyó a un candidato interno por su grupo de cotización, sin que existiera base legal para hacerlo. Y en la plaza 270 (subdirector de Secretaría General), así como en las propias 276 y 277, el órgano fiscalizador detecta algo más grave al no figurar las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) obligatorias en los tribunales de selección, lo que supone una vulneración directa de los mecanismos de integridad exigidos en el sistema portuario español.

El organismo dependiente de Hacienda también analiza la plaza 278 (subdirector de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación), donde de once solicitudes solo cinco fueron admitidas. El órgano detecta inconsistencias en los criterios de valoración de méritos, con experiencias mínimas y máximas que varían de forma injustificada entre plazas similares.

En total, la Intervención señala seis plazas con problemas estructurales: 270, 271, 272, 276, 277 y 278. A todas ellas añade la plaza 274 (jefatura Multimodal), no por irregularidades graves, sino por evidenciar la falta de homogeneidad interna dado que exigía cinco años de experiencia mínima y diez como máximo, cifras que difieren notablemente de otras jefaturas «sin que exista motivación documentada». Para la IGAE, esta disparidad confirma que el Puerto no aplica un criterio común y que los requisitos pueden estar siendo definidos sin control ni justificación.

Tres procesos ya judicializados

El informe de Hacienda viene a insistir sobre unos hechos ya denunciados, aunque ahora llega de forma oficial. Tres de las controvertidas plazas señaladas están inmersas en procedimiento judicial. Es el caso de la plaza 276, que supuso el nombramiento de Alicia Gimeno como jefa de Gestión Económico-Financiera. El sindicato UGT, que impulsó la denuncia, sostiene que el proceso fue un «traje a medida» vulnerando los principios de acceso al empleo público. En paralelo, están también recurridos los nombramientos de Manuela Gras (plaza 278), cuya vista judicial está señalada para el 1 de octubre de 2026, y Belén Fernández (plaza 277), que ya ha abandonado el puesto, aunque el procedimiento continúa.

El sindicato llegó incluso a registrar ante notario, tres semanas antes de finalizar el plazo de presentación de candidaturas, un documento en el que anticipaba que Gimeno y Gras serían las seleccionadas. Así ocurrió.

El diagnóstico se completa con el deterioro interno generado por esta política de personal. Informes internos y un reciente estudio de riesgos psicosociales —citado por las fuentes consultadas— describen un clima organizativo «tensionado», agravado por la entrada de directivos sin experiencia portuaria, bloqueo de la promoción interna y desmotivación entre funcionarios con años de servicio.

Respuesta de la Presidenta

Un mensaje anónimo dirigido electrónicamente a los representantes en el consejo de administración del Puerto de Valencia el pasado mes de junio llevó a alterar la agenda de la reunión del consejo celebrado el 30 de junio y ser incluido en el orden del día.

Según el acta de dicha reunión al que ha tenido acceso este diario, la presidenta Mar Chao despachó el informe en pocos minutos manifestando que «en relación con las plazas analizadas por la IGASE se establecieron los perfiles más adecuados a las necesidades y que ningún participante recurrió las bases ni el resultado de los procesos selectivos», cuando la realidad es que varias de las plazas están judicilizadas. Lo sorprendente, a la vista del acta, es que el resto de miembros del consejo de administración asintieron las palabras de la presidenta sin plantear cuestiones ni exponer su opinión. Además, Chao omitió las irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador, según ha podido saber este diario.

‘Caso Infoport’

El informe de la IGAE llega, además, en un momento especialmente sensible para la Autoridad Portuaria. En los últimos meses, THE OBJECTIVE ha desvelado potenciales amaños de contratos públicos, así como el entramado societario entre el Puerto e Infoport, una empresa mixta —participada por el Puerto en un 24,98%— que ha recibido 22,6 millones en adjudicaciones prácticamente sin competencia desde 2018. En su consejo se sientan varios directivos del propio Puerto junto a representantes de empresas privadas que concurren paralelamente y ganan las licitaciones del organismo portuario, un modelo que distintos expertos jurídicos consultados han descrito como un «conflicto de interés estructural».

En este sentido, destaca el caso de SICE, socio del Puerto de Valencia en Infoport y beneficiaria de 4,2 millones en contratos públicos del propio Puerto desde 2017. Parte de esas adjudicaciones fueron firmadas desde el departamento dirigido por Federico Torres, presidente a la vez en Infoport hasta mayo de 2024, en un contexto ya marcado por advertencias de la IGAE sobre posibles conflictos de interés en su persona. El resultado es un ecosistema de adjudicaciones cruzadas entre el Puerto, Infoport y los socios privados que comparten consejo, un esquema que ha generado alarma y provocado episodios como la dimisión del director general, Enrique Belda.

El propio Belda fue nombrado consejero en Infoport, pero renunció al poco de su nombramiento. Sin embargo, quien permanece como presidente de dicha sociedad mixta es el secretario general del Puerto de Valencia, Jorge Herrero, persona de máxima confianza de la presidenta del Puerto, pero de quien resulta llamativo que pese a su dilatada experiencia como abogado de la Generalitat valenciana no haya levantado la voz contra un sistema de vinculaciones societarias y adjudicaciones cruzadas que han sido denunciadas.