Pérez Llorca reclama a Sánchez obras contra inundaciones y avisa: «Cofrentes no se cierra»

Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana, ha culminado un discurso de investidura breve centrado en tres pilares y marcado por la ausencia de Carlos Mazón: el perdón a las víctimas de la dana, la presión al Gobierno de Pedro Sánchez en materia hidráulica y la consolidación de su alianza con Vox, especialmente en agricultura, inmigración y energía, pero obviando otros temas como el uso del valenciano en la administración pública y la enseñanza, o el tema de la okupación.

Vestido con traje azul oscuro, corbata a juego y camisa blanca, ha arrancado su intervención con un gesto dirigido a las familias afectadas por las lluvias del 29 de octubre: «Si esta Cámara me otorga el apoyo necesario, mis primeras palabras como president serán para pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas», ha afirmado. También ha extendido el perdón «a quienes lo perdieron todo» y ha reprochado al Gobierno central que «no ha reconocido ningún error ni ha asumido responsabilidades».

Tras dedicar los primeros quince minutos íntegramente al valenciano y alternarlo después con castellano, ha descrito la continuidad del «cambio» iniciado en 2023 y ha reivindicado avances en listas de espera quirúrgicas, salud mental, vivienda y educación.

Guiño a Vox

En clave política, el candidato ha hecho un guiño explícito a Vox, reconociendo que parte de estas medidas «no habrían sido posibles sin el pacto de 2023», un acuerdo que ha calificado de «exigente, sí, pero responsable», y que permitió «articular mayorías estables» y «superar bloqueos». Ese reconocimiento ha servido de transición hacia los bloques temáticos más sensibles para su socio parlamentario, a los que ha dedicado buena parte de su intervención.

Pero, a diferencia de lo que esperaba el partido de Abascal, no ha hecho ninguna referencia al uso del valenciano ni al mapa lingüístico, pese a ser uno de los puntos de mayor fricción entre las dos formaciones y que THE OBJECTIVE reveló como uno de los escollos principales en las negociaciones internas.

El candidato ha centrado uno de los ejes principales del discurso en las obras hidráulicas que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene bloqueadas. «No hace falta que recuerde lo que hemos visto con nuestros propios ojos», ha dicho. «La Comunidad Valenciana necesita obras de gran calado: encauzamientos, presas, laminación de avenidas». Ha criticado que muchos proyectos estén paralizados por «regulaciones europeas y españolas de corte ideológico» y ha señalado la Ley de la Huerta como ejemplo.

Ha detallado una lista de obras que exige al Ejecutivo central: la laminación de los barrancos de Pozalet y La Saleta, el encauzamiento de la cuenca del Pollo, la ampliación del drenaje de la A-3 o la construcción de las presas de Villamarchante y Cheste, además de la reparación urgente de la presa de Forata.

«Si el Gobierno no responde, promoveremos acciones legales», ha advertido, además de reclamar la creación de una comisión mixta Generalitat–Estado para «más coordinación, más rapidez y más eficacia».

Cofrentes como línea roja energética

La defensa de la central nuclear de Cofrentes ha sido uno de los momentos más contundentes del discurso.
«Cofrentes no se puede cerrar. Cofrentes no se cierra, señorías», ha proclamado entre aplausos, vinculando su continuidad al precio de la luz y a la competitividad industrial.

Ha recordado que países como Suecia, Francia o Reino Unido están reimpulsando la energía nuclear y ha subrayado que cerrar Cofrentes obligaría a depender de Rusia para cubrir la demanda energética.

Agricultura y crítica al Pacto Verde

El candidato ha descrito el campo valenciano como «al límite» y ha denunciado que los agricultores sufren competencia desleal, costes crecientes y falta de agua. Ha cargado contra el Pacto Verde europeo, «impulsado por élites de despacho», al que ha señalado como «la mayor amenaza» para el sector.

Ha anunciado que el Consell destinará dos millones de euros directamente a agricultores —lo que antes se dedicaba al Consejo de la Huerta—, una convocatoria de más de 50 millones en modernización, y la eliminación del impuesto de transmisiones para la compra de animales en ganadería extensiva. También ha avanzado inversiones en lonjas para el sector pesquero.

Inmigración

Pérez Llorca ha endurecido el tono en materia migratoria, un guiño nítido a Vox. Ha denunciado la «hipocresía» de la izquierda y ha comparado sus críticas con los datos publicados por los Mossos y la Ertzaintza: «¿Por qué cuando lo decimos nosotros es racismo y cuando lo dicen ellos, silencio? Basta ya de hipocresía».

Ha advertido de que «no podemos mirar hacia otro lado» ante prácticas que «chocan frontalmente con nuestros valores de igualdad y dignidad de la mujer» y ha denunciado la presión sobre los servicios públicos: «Sanidad, educación y dependencia funcionan al límite».

Pérez Llorca ha detallado un paquete de medidas que endurecen la política migratoria de la Generalitat: la retirada de todas las ayudas públicas a organizaciones que, a su juicio, fomenten la inmigración irregular; controles más estrictos, incluida la determinación de edad para los menores no acompañados; la oposición frontal al Real Decreto 2/2025, que —ha dicho— «reparte menores como mercancía política»; y la exigencia al Gobierno de desplegar en las costas valencianas un sistema de vigilancia exterior similar al de Andalucía o Canarias. Además, ha anunciado programas de retorno seguro y legal para que los menores migrantes puedan reunirse con sus familias en los países de origen.

Ha defendido que «este no es un debate ideológico, sino de convivencia y responsabilidad» y ha insistido en que hay que «ordenar la inmigración desde el sentido común».

Medidas sociales y fiscales

Pérez Llorca ha anunciado que, si gobierna, aprobará la gratuidad del primer curso universitario para todos los estudiantes que aprueben todas las asignaturas, apelando a la «cultura del esfuerzo».

En materia fiscal, ha prometido ampliar un 50% todas las deducciones autonómicas creadas desde 2023 —incluidas las de dentista, gafas, deporte, salud mental o enfermedades raras— y extenderlas a dos millones más de contribuyentes. También ha avanzado una segunda ley de simplificación administrativa en 30 días, destinada a eliminar trámites, acortar plazos y reducir burocracia, especialmente para autónomos, empresas y ayuntamientos.

En sanidad, ha prometido puntos de atención urgente 24 horas en todos los municipios con más de 50.000 habitantes para aliviar la presión hospitalaria.

Perdón por la dana

El momento más relevante de su intervención inicial ha sido su promesa de pedir perdón por la gestión institucional de la dana. «Si esta Cámara me otorga el apoyo necesario, mis primeras palabras como president serán para pedir perdón a los familiares de las 229 víctimas», ha declarado. «Perdón a todas las personas y familias que todavía padecen las consecuencias de las lluvias del 29 de octubre, a aquellas que lo perdieron todo y a aquellas que perdieron mucho».

El candidato ha insistido en que ese reconocimiento debe ser compartido con otras administraciones: «Pediré perdón en nombre de la Generalitat Valenciana, pero exigiré lo mismo a las otras Administraciones». Ha reprochado al Gobierno central que «todavía no ha reconocido ningún error, no ha dado explicaciones ni ha asumido responsabilidades», y ha defendido que «las Administraciones no han estado a la altura».

Ha desgranado el balance de reconstrucción tras la catástrofe, defendiendo que la Generalitat ha movilizado 2.500 millones de euros de recursos propios, «a pulmón, sin ayuda». Ha enumerado ayudas y actuaciones como los «230 millones en ayudas de primera necesidad», la reapertura de 18 carreteras autonómicas, la reparación de 123 depuradoras, o la retirada de 800.000 toneladas de residuos.

En materia de emergencia, ha afirmado que la dana «no preguntó a nadie por su voto antes de arrasar» y que, por ello, «la única política válida es la que pone por delante a las personas». También ha reclamado una mayor implicación del Estado, más coordinación y un refuerzo del sistema de prevención para garantizar que la Comunidad esté «más preparada».