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Comunidad Valenciana

El PSOE amenaza con «medidas» a los afiliados que amedrentan a la víctima de Almussafes

El entorno del alcalde acusado mantuvo durante varios días una campaña de hostigamiento en redes contra la víctima

El PSOE amenaza con «medidas» a los afiliados que amedrentan a la víctima de Almussafes

Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos. | Rober Solsona (Europa Press)

El PSOE valenciano ha activado el control interno para tratar de contener el impacto político y mediático del caso de Almusafes después de que salieran a la luz mensajes de WhatsApp en los que militantes y cargos del entorno socialista insultaban y hostigaban a la mujer que denunció por acoso sexual y laboral al alcalde del municipio, Toni González, hasta este fin de semana número dos del partido en la provincia de Valencia. En una carta remitida a la militancia, la dirección autonómica que dirige la ministra Diana Morant advierte de que adoptará «medidas» contra quienes revelen la identidad de la víctima, la amedrenten o traten de contactar con ella.

La misiva, fechada el 15 de diciembre, está firmada por el secretario de Organización en la provincia de Valencia, Vicent Mascarell, y la secretaria de Igualdad, Maria Such. En ella, la dirección del partido pide «calma» y «máxima responsabilidad» en la actuación pública e interna de los afiliados, y subraya que «es imperativo» respetar estrictamente las directrices emitidas por la Secretaría de Igualdad. El texto incluye una advertencia explícita: se tomarán medidas contra quienes «revelen públicamente la identidad de la víctima», «utilicen grupos o redes sociales para amedrentarla» o «traten de ponerse en contacto con ella, directa o indirectamente, con ánimo de intimidarla».

La reacción del PSOE valenciano llega después de que THE OBJECTIVE publicara el sábado los mensajes de WhatsApp que circularon la noche del viernes en grupos del PSOE local de Almussafes. En esos chats, lejos de expresiones de prudencia o apoyo a la mujer, se produjo un cierre de filas con el alcalde denunciado y un ataque frontal a la víctima, a la que se calificó de «tiparraca», «gentuza» y «mala persona». Los mensajes incluían llamamientos a movilizar a la militancia para defender al dirigente —«que toda la militancia salga a defender a nuestro secretario general y al alcalde»— y consignas de respaldo personal como «mucho ánimo, Toni» o «estamos contigo», además del lema invertido «yo te creo, Toni».

La insinuación de suicidio

El episodio más grave conocido hasta ahora fue un mensaje privado enviado a la denunciante por Pepa Pastor, miembro de la ejecutiva local y exconcejala socialista. Tras ver una imagen en la que la mujer mostraba una baliza colgada de un árbol, Pastor le escribió el sábado: «Qué desesperada tienes que estar. Si te la pusieras tú en el cuello». La frase, reproducida literalmente, sugiere el suicidio y supuso un salto cualitativo en el hostigamiento: del linchamiento verbal en grupos internos a un ataque directo a la víctima. La carta enviada ahora por la dirección autonómica parece responder, al menos en parte, a la gravedad de este episodio y al riesgo de que el caso se agrave si continúan las filtraciones o los contactos indebidos.

La mujer, trabajadora municipal, no denunció por primera vez la semana pasada. Según informó THE OBJECTIVE, presentó una primera denuncia en septiembre a través del canal antiacoso del partido, sin que —según su entorno— se activaran entonces medidas efectivas. Fue este jueves pasado cuando volvió a denunciar, al entender que la situación persistía y que la anterior comunicación no había tenido respuesta. Solo tras la aparición de nuevas denuncias y la dimensión pública del caso, el partido se puso en contacto con la víctima, un desfase temporal que ha alimentado algunas críticas sobre la diligencia de la dirección autonómica.

La advertencia del PSOE valenciano no se limitó a la carta remitida a la militancia. La secretaria de Igualdad del partido y persona de máxima confianza de Morant, Maria Such, ya había lanzado un mensaje el domingo a través de sus redes sociales, donde publicó un comunicado en el que reclamaba «ante todo, protección a las víctimas» y pedía a los afiliados no generar «un mayor malestar» cuando se comunique una situación de acoso. En ese texto, Such instaba a «dejar que los órganos del partido actúen y resuelvan» y advertía de que el PSOE sería «contundente» con quienes identifiquen a la víctima, se refieran a ella públicamente o utilicen redes sociales o terceras personas para tratar de amedrentarla.

Dimisión orgánica y pulso institucional

En paralelo al estallido del escándalo, Toni González anunció el sábado su dimisión de todos los cargos orgánicos en el partido y solicitó su suspensión de militancia, aunque mantendrá la Alcaldía de Almussafes desde el Grupo Mixto Municipal. El anuncio lo realizó mediante un comunicado difundido en su perfil de Instagram, apenas un día después de que el partido iniciara una investigación interna por la denuncia de acoso sexual y laboral.

En ese comunicado, González defendió su «honorabilidad» y calificó las denuncias de «rotundamente falsas», afirmando que su decisión busca no perjudicar al partido al que dice deberle su trayectoria política. El alcalde gobierna Almussafes desde 2015 y, en el plano orgánico, formaba parte de la ejecutiva provincial de Valencia, dirigida por Carlos Fernández Bielsa, como vicesecretario de Políticas Institucionales y Coordinación Territorial, un puesto que lo situaba como uno de los principales dirigentes del partido en la provincia.

La dirección valenciana ha solicitado a Ferraz la creación de una gestora en la agrupación local de Almussafes para reconducir la situación interna. Desde el PSOE se defiende que se ha actuado con «firmeza y diligencia», aunque la oposición, especialmente el PP, ha preguntado públicamente desde cuándo conocía la dirección la existencia de la denuncia y por qué no se adoptaron medidas antes. González, por su parte, ha insistido en que se trata de un «montaje» y de una «venganza» política, y ha pedido a la denunciante que pruebe que no existió una relación consentida.

La amenaza de «medidas» a la militancia marca un punto de inflexión en la gestión del caso. Por un lado, el partido intenta blindar la identidad de la denunciante y frenar comportamientos que podrían agravar su situación; por otro, busca contener el daño reputacional tras conocerse mensajes internos que contradicen frontalmente su discurso público en materia de igualdad. El desenlace dependerá de cómo se sustancien las investigaciones abiertas y de si la dirección adopta decisiones disciplinarias adicionales. De momento, el PSOE valenciano ha optado por cerrar filas desde arriba y trazar líneas rojas a su militancia, mientras el caso de Almussafes sigue erosionando su credibilidad política y ética.

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