Un audio de Pradas acredita que los mensajes de Cuenca no paralizaron la gestión de la dana

La exconsejera valenciana, Salomé Pradas, ha aportado este lunes ante la juez instructora un audio grabado en plena emergencia que, según su versión, acredita que las decisiones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) no se paralizaron pese a los mensajes remitidos por José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete y mano derecha del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la tarde de la dana de octubre de 2024.

El audio, fechado en torno a las 20.15 horas, ha sido mencionado expresamente por Pradas durante el careo celebrado en el Juzgado de Instrucción de Catarroja y se sitúa cronológicamente después de los WhatsApp en los que Cuenca pedía «calma» y desaconsejaba el confinamiento. Según la exconsejera, el mensaje de voz demuestra que el CECOPI seguía adoptando decisiones con normalidad, que el sistema de alertas ya estaba en marcha y que la gestión de la emergencia no quedó condicionada por las comunicaciones procedentes de Presidencia.

Pradas ha insistido ante la jueza en que los mensajes de Cuenca no condicionaron su actuación y que no atendió sus indicaciones «ni por la mañana ni nunca», subrayando que las decisiones se adoptaron conforme a los criterios técnicos y a la normativa de emergencias.

El audio y el ES-Alert: gestión técnica, no política

Durante el careo, Pradas ha explicado que en el audio se oye que el ES-Alert ya estaba activo, y sostuvo que «ninguna conversación ni injerencia desde fuera paralizó el ES-Alert». Según su declaración, el envío de las alertas se estaba gestionando por los técnicos desde la sala operativa, conocida como la «pecera», y los tiempos de envío respondieron exclusivamente a dificultades técnicas, como la localización del programa y la operativa limitada a dos personas, pese a que los mensajes ya estaban preparados con antelación.

La exconsejera ha añadido que la Confederación Hidrográfica del Júcar había advertido del nivel 3, pero que ni ese organismo ni el secretario de Estado —con quien intentó contactar, encontrándose este en Colombia— pudieron garantizar que la presa no pudiera reventar. Esa falta de certeza, ha afirmado, fue trasladada a Cuenca por escrito, reforzando la necesidad de actuar con la información disponible y sin esperar confirmaciones externas.

La diligencia de careo fue acordada por la magistrada ante las contradicciones detectadas entre las declaraciones de Pradas, en condición de investigada, y las de Cuenca, que comparece como testigo y, por tanto, con obligación legal de decir la verdad. La juez ha subrayado al inicio de la sesión que el objeto del careo era aclarar las divergencias entre los mensajes aportados por Pradas y la versión inicial de Cuenca, quien había sostenido que los WhatsApp estaban «descontextualizados».

Durante su intervención, Cuenca no ha negado la autoría de los mensajes, pero ha tratado de reinterpretar su contenido. Ha asegurado que sus advertencias se referían exclusivamente a un eventual confinamiento de toda la provincia, no a medidas parciales ni al envío de alertas ES-Alert, y que actuó movido por dudas jurídicas que, según afirmó, le habían sido trasladadas por terceros. El exjefe de gabinete ha reconocido además que no tenía competencia ni rol operativo para decidir sobre el confinamiento y que su intención era únicamente pedir «calma» mientras se recababa cobertura legal.

Cuenca ha sostenido que esas dudas jurídicas le llegaron a través de conversaciones con otros responsables, que a su vez habrían planteado consultas a la Abogacía de la Generalitat. Sin embargo, ha admitido que no habló directamente con ningún servicio jurídico y que su actuación se basó en información indirecta. La Abogacía autonómica ya remitió al juzgado un informe en el que avala la legalidad del confinamiento, contradiciendo el argumento esgrimido por el testigo.

Cadena de llamadas

Frente a esa versión, Pradas se ha ratificado íntegramente en sus declaraciones previas y ha defendido que el confinamiento era legal conforme a la Ley de Emergencias. La exconsejera ha explicado el origen de su interlocución con Cuenca, situándolo ya al mediodía del día de la dana. Según relató, intentó contactar con el president a las 12.52 y 12.53 horas por dos alertas hidrológicas, sin obtener respuesta, por lo que llamó a Cuenca, quien le devolvió la llamada a las 13.19 horas.

En esa conversación, según Pradas, Cuenca le indicó que centralizara las comunicaciones en él mientras el president se encontraba en actos oficiales. «Cuenca para mí era una extensión del president», ha afirmado, subrayando que los consejeros no conocen la agenda presidencial y que su obligación era informar de todo lo relevante para la gestión de la emergencia «antes, durante y después».

Sobre esa indicación, Cuenca ha sostenido que fue estrictamente temporal y limitada al marco de los actos públicos, negando haber dado orden alguna de no molestar al president. Pradas, por el contrario, h afirmado que no se le acotó temporalmente esa instrucción y que, de forma implícita, entendió que debía canalizar la información a través del jefe de gabinete, interpretación que se reforzó al no recibir respuesta directa del president en llamadas y mensajes posteriores.

La exconsejera ha explicado que, al agravarse la situación en Utiel y Requena, priorizó el contacto directo con el president y le envió un WhatsApp a las 14.11 horas ante la falta de respuesta previa. Al no obtener contestación inmediata, reenvió el mensaje a Cuenca, siguiendo la indicación recibida horas antes.

Durante su intervención, Pradas ha sostenido que en ese tramo de la tarde del 29-O percibió una presión reiterada para que el confinamiento no se llevara a cabo en los términos que se estaban valorando técnicamente, una impresión que atribuyó a la sucesión de mensajes recibidos en plena gestión de la emergencia. Según ha indicado, esos intentos de persuasión le resultaron especialmente llamativos por su contenido y alcance territorial, hasta el punto de considerar que no podían tener su origen únicamente en Cuenca, sino en conversaciones previas con otros interlocutores. La mano derecha de Mazón, por su parte, ha negado haber hablado en nombre de Presidencia y ha afirmado que escribió «como periodista», limitándose a trasladar reflexiones personales. Interrogado por la jueza sobre el origen de las supuestas dudas jurídicas, el testigo ha admitido desconocer los informes incorporados a la causa que avalan el confinamiento conforme a la Ley de Emergencias.

Pradas ha añadido que a las 16.59 horas intentó contactar con Presidencia para informar de que se le había comunicado un fallecimiento en Utiel, sin obtener respuesta directa. Según explicó, ante esa falta de contacto, trasladó la información por WhatsApp a Cuenca con el objetivo de que llegara al president. La exconsejera sostuvo que la movilización de recursos fue inmediata y que la solicitud de intervención de la UME se realizó sin demora, mientras la gestión continuaba en el CECOPI con los equipos técnicos.

Dirección de la emergencia

Pradas ha situado el final de su interlocución con Cuenca a las 20.22 horas, coincidiendo con la llegada del president al centro de coordinación. A partir de ese momento, ha señalado, cesaron los mensajes y llamadas con el jefe de gabinete y se centralizó la gestión en Presidencia. Según ha explicado, Mazón asumió la dirección institucional de la emergencia y, desde su propio teléfono móvil, se realizaron llamadas para coordinar la respuesta, incluida una comunicación con la delegada del Gobierno a las 20.33 horas.

En el tramo final del careo, la magistrada ha dado por aclaradas las contradicciones que habían motivado la diligencia, sin que ninguna de las partes modificara sustancialmente su versión. Pradas se ha ratificado en su declaración prestada en abril y reiteró que su actuación estuvo guiada por la información técnica y la normativa de emergencias.

Cuenca, por su parte, ha negado de forma tajante haber dado «una sola orden ni instrucción» en relación con la gestión de la emergencia y aseguró que no actuó como intermediario ni transmitió indicaciones en nombre del president. La jueza ha precisado entonces que el objeto del careo no era determinar si existió una orden directa, sino dilucidar si el jefe de gabinete actuó por indicación de Presidencia, una cuestión que ambas partes dejaron sin consenso.