Transparencia obliga al Puerto de Valencia a dar la auditoría de Hacienda tras meses de bloqueo
La IGAE denunció enchufismo en seis puestos donde se conculcaron los principios de «igualdad, mérito y capacidad»
Mar Chao en el centro, flanqueada por el ya exdirector general (a su derecha) y por el presidente de Infoport, Jorge Herrero (a su izquierda). | THE OBJECTIVE
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a la Autoridad Portuaria de Valencia, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a entregar el documento definitivo de la auditoría de cumplimiento y operativa del personal correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La resolución pone fin a meses de bloqueo administrativo y da respaldo jurídico a una información cuyo contenido ya adelantó THE OBJECTIVE el pasado 19 de noviembre, cuando este diario reveló las irregularidades detectadas por Hacienda en la política de personal del Puerto de Valencia.
La resolución, fechada el 1 de diciembre de 2025, estima la reclamación presentada tras la negativa inicial del Puerto y ordena que el informe sea remitido en un plazo máximo de diez días hábiles, con la debida anonimización de los datos personales. El Consejo rechaza de forma expresa los argumentos utilizados por la institución presidida por Mar Chao para negar el acceso a un documento que considera información pública de alto interés general.
Un informe ya revelado y después bloqueado
Este diario adelantó el contenido de la auditoría de la IGAE en noviembre e informó de que Hacienda cuestionaba la política de recursos humanos del Puerto de Valencia, denunciando enchufismo en la contratación de al menos seis puestos, donde se habrían conculcado los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección y promoción interna.
Aquel informe, custodiado bajo siete llaves en el seno de la Autoridad Portuaria, señalaba requisitos de contratación hechos a medida, ausencia de controles de integridad y deficiencias graves en los tribunales de selección, además de advertir de procesos ya judicializados. Tras la publicación de estas informaciones, el Puerto mantuvo cerrado el acceso formal al documento, pese a que se trataba de una auditoría pública elaborada por la IGAE.
De Hacienda a Transportes… y al bloqueo
La solicitud de acceso se registró el 8 de junio de 2025 ante el Ministerio de Hacienda, que tras examinarla la derivó al Ministerio de Transportes, al considerar que el organismo competente para resolver era la Autoridad Portuaria de Valencia como entidad auditada. Sin embargo, el 16 de julio, la APV dictó una resolución denegatoria a TO que ahora ha sido anulada por Transparencia.
Entre los argumentos esgrimidos por el Puerto figuraban que el informe no era información pública, que su autoría correspondía a un «tercero» —la IGAE—, que su difusión podría afectar a procedimientos judiciales en curso y que incluso anonimizado permitiría identificar a los trabajadores afectados. También se llegó a advertir del riesgo de que el documento entrara en un «circuito público» susceptible de un uso indebido.
Transparencia desmonta la estrategia
El Consejo de Transparencia rechaza punto por punto esa tesis. En primer lugar, recuerda que las auditorías de la IGAE sí constituyen información pública, ya que obran en poder de la Administración y se elaboran en el ejercicio de funciones de control interno sobre el uso de fondos públicos. Además, subraya que otras Autoridades Portuarias han entregado informes idénticos sin objeciones.
Respecto a los procedimientos judiciales, el órgano garante es claro: la mera existencia de litigios no justifica limitar el derecho de acceso. De hecho, recuerda que el propio Puerto reconoció que un juzgado de lo social rechazó la incorporación del informe al procedimiento, lo que debilita la alegación de que su difusión pueda perjudicar la tutela judicial efectiva.
El Consejo también reprocha a la Autoridad Portuaria la ausencia de un verdadero test de daño, al invocar de forma genérica los límites legales sin concretar qué perjuicio real causaría la entrega del documento, especialmente cuando la auditoría ya está finalizada.
Acceso parcial
En materia de protección de datos, Transparencia recuerda que la ley prioriza el acceso parcial frente a la denegación total. Considera viable la anonimización y señala que el informe no se limita a referencias personales, sino que incluye valoraciones sobre eficiencia, gestión de recursos humanos y cumplimiento de objetivos, aspectos que afectan directamente al interés público.
«La correcta aplicación de técnicas de anonimización ofrece garantías suficientes», sostiene la resolución, que rechaza que el reducido número de trabajadores afectados sea excusa para mantener el documento oculto.
Diez días para entregar la auditoría
Con estos argumentos, el Consejo de Transparencia estima la reclamación y ordena al Puerto de Valencia y al Ministerio de Transportes que, en un plazo máximo de diez días hábiles, entreguen el documento definitivo de la auditoría de la IGAE correspondiente a 2023 y 2024, remitiendo además copia de la entrega al propio Consejo.
La decisión de Transparencia supone un revés institucional para la Autoridad Portuaria y refuerza la validez de las informaciones ya publicadas sobre las irregularidades en la política de personal, al tiempo que consolidan la doctrina de que las auditorías de Hacienda no pueden ser tratadas como documentos reservados cuando afectan al uso de recursos públicos.