Polémica en Alicante por el reparto de unas viviendas protegidas a cargos cercanos al PP
Una edil y dos funcionarios municipales, entre los adjudicatarios de una promoción con 2.000 personas en lista de espera
Imagen del residencial de viviendas protegidas objeto de la última poléemica en Alicante | THE OBJECTIVE
La controversia por la adjudicación en Alicante de varias viviendas de protección pública a varios miembros del núcleo duro del gobierno municipal ha destapado la primera crisis a la que ha de hacer frente el alcalde popular, Luis Barcala, desde su llegada al poder en 2023. Entre los adjudicatarios figuran la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal de Urbanismo Francisco Nieto. Todos ellos son personas de la máxima confianza de Barcala.
El caso ha escalado con rapidez al ámbito político de la ciudad y al regional. El propio alcalde anunció este jueves en el pleno ordinario la apertura de un «expediente para averiguar los hechos» y aseguró que la «menor sospecha» de irregularidad será trasladada a la Fiscalía. Al mismo tiempo, la polémica llegó este jueves a las Cortes Valencianas, donde la oposición de izquierdas solicitó toda la documentación sobre el visado de los contratos de compraventa al Gobierno autonómico.
La promoción objeto de atención es el residencial Les Naus, situado en el entorno de la playa de San Juan, una de las zonas de mayor valor residencial de la ciudad. Se trata de 140 viviendas protegidas de tres y cuatro dormitorios con garaje, trastero y amplias zonas comunes —piscina, gimnasio, club social y pistas deportivas— levantadas sobre una parcela municipal de 8.618 metros cuadrados. Es, además, la única promoción de VPO desarrollada en Alicante en aproximadamente 25 años.
Los precios superan los 200.000 euros, dentro del régimen de protección pública, en un entorno donde la vivienda libre alcanza cifras que duplican ese importe. Según la promotora encargada, Fraorgi, la actuación se canalizó mediante una cooperativa de viviendas, de modo que los interesados se inscribieron como socios. La empresa sostiene que es la Consejería de Vivienda la que visa los contratos y que, si las viviendas fueron adjudicadas, es porque los compradores cumplían los requisitos legales, entre ellos no disponer de otra vivienda en propiedad y no superar determinados límites de ingresos familiares. Desde la compañía también se subraya que alrededor de 2.000 personas quedaron en lista de espera, lo que da idea de la presión de la demanda.
Más allá de la legalidad formal, la dimensión política es la que ha disparado el impacto. En el entorno municipal se recalca que no se trata de perfiles intrascendentes, sino de personas vinculadas al núcleo de gestión del Ayuntamiento, entre ellas, María Pérez Hickman, a quien distintas fuentes describen como uno de los pilares de la estructura ejecutiva municipal, un perfil técnico clave sobre el que pivota buena parte de la gestión interna. Que dos de sus hijos figuren entre los adjudicatarios ha intensificado la presión política, aunque desde su entorno se defiende que «tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano» a optar a estas viviendas.
En el caso de la concejal Rocío Gómez, distintas fuentes insisten en que cualquier trámite relacionado con la vivienda fue anterior a su entrada en política y recuerdan su trayectoria profesional como arquitecta. Sin embargo, la proximidad personal con el entorno del Gobierno local ha reforzado la percepción de que la polémica afecta de lleno al círculo de confianza del alcalde. Desde ámbitos políticos se subraya que es la primera vez que una controversia de este calado impacta tan directamente en personas de máxima cercanía al primer edil desde el inicio del mandato.
El alcalde ha tratado de marcar distancias institucionales con una reacción rápida. En el pleno de este jueves defendió que se llegará «hasta el final» y que se informará «con todo detalle» de la tramitación del expediente. El secretario general del Ayuntamiento será el encargado de instruir el informe, que recabará información de las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Contratación sobre el personal que participó en el proceso.
La oposición ha elevado el tono. Vox ha solicitado el cese de la directora general relacionada con el caso, mientras que el PSOE ha enmarcado la polémica en su crítica a la política de vivienda del PP y ha advertido de que estará «vigilante» ante cualquier práctica que considere irregular.
En paralelo, en ambientes políticos se ha abierto otra línea de interpretación, concretamente el origen de la información y el momento en que se ha hecho pública. Distintas fuentes apuntan a que el acceso a listados completos de adjudicatarios en promociones gestionadas mediante cooperativas no es sencillo, lo que ha alimentado la hipótesis de una filtración con trasfondo político. Esa lectura conecta el caso con las tensiones internas dentro del PP alicantino, donde conviven distintas sensibilidades y equilibrios de poder.
Así, lo que ha comenzado como una polémica sobre adjudicaciones de vivienda protegida se ha convertido en un episodio con múltiples capas: investigación administrativa, eventual recorrido judicial, desgaste reputacional y un claro impacto en la política interna.