La crisis de las viviendas públicas en Alicante se agrava con la venta y alquiler de garajes
Entre los adquirientes hay también familiares de intervinientes en la operación y miembros de varias sagas emparentadas
Luis Barcala, alcalde de Alicante. | Roberto Plaza / EP
La polémica por la promoción de viviendas de protección pública (VPP) en la playa de San Juan de Alicante ha sumado un nuevo frente que amplía el alcance del caso: la venta y alquiler de plazas de garaje en el mismo residencial, Les Naus. A la investigación municipal sobre las adjudicaciones se añade ahora el debate jurídico sobre el régimen de esos aparcamientos y su encaje con la normativa de vivienda protegida.
Según ha podido comprobarse en distintos portales inmobiliarios, se han publicado varios anuncios de plazas de garaje de Les Naus que se ofertan en alquiler por entre 75 y 95 euros al mes y en venta por alrededor de 25.000 euros. Algunos de esos anuncios fueron retirados de la web el mismo día en que estalló la polémica, el 29 de enero.
Estos son algunos de los mensajes que pueden leerse en portales inmobiliarios. En anuncios de alquiler se describe: «Plaza de garaje amplia con capacidad para un coche grande y para una moto. De fácil acceso y maniobrabilidad en urbanización de obra nueva» o «Plaza de garaje en la Urbanización Les Naus, situada en la calle Redes, 36. Espacio cómodo con puerta automática y excelente seguridad. Ubicación inmejorable y fácil acceso peatonal». En un anuncio de venta se indica: «Vendo plaza de garaje al lado del Colegio El Valle. Entre Historiador Vicente Ramos y calle Redes. Aparcamiento en sótano 2. Plaza grande y fácil de maniobrar».
La cuestión no es menor. Si dichos aparcamientos están vinculados como anejos inseparables a viviendas protegidas, su transmisión o arrendamiento independiente podría chocar con el régimen de protección, que impone límites de precio, destino y, en su caso, visados o autorizaciones del gobierno autonómico durante un periodo prolongado. En cambio, si se trata de plazas no protegidas, configuradas como fincas independientes, su venta o alquiler a precio de mercado sería posible.
En este punto, la entidad gestora de la promoción, Fraorgi, ha defendido que el esquema de Les Naus distingue entre elementos protegidos y no protegidos. Según explica, la vivienda protegida incluía un garaje y un trastero sujetos al régimen VPP, mientras que en muchos casos existe una segunda plaza de garaje de régimen libre, derivada de las exigencias de dotación de aparcamiento. Estas plazas adicionales, al no estar amparadas por la protección, pueden transmitirse o arrendarse en el mercado ordinario.
La validez de esta explicación depende de lo que conste en la calificación definitiva, en la división horizontal y en el Registro de la Propiedad de cada plaza concreta. No obstante, la polémica persiste porque, si cada vivienda dispone de dos plazas de garaje y una de ellas puede venderse en una zona con escasez de aparcamiento, ese elemento introduce un componente económico adicional para los propietarios. En la práctica, podría suponer una recuperación parcial de la inversión inicial en viviendas cuyo precio se situaba en torno a los 215.000 euros dentro de un residencial con zonas ajardinadas, piscina, club social y pistas deportivas.
Polémica con otros adquirientes
Los últimos datos conocidos sobre el perfil de los socios cooperativistas adquirientes de las viviendas también han arrojado aspectos llamativos en las últimas horas. Al margen del caso de la hasta ahora edil de Urbanismo, Rocío Gómez, que se inscribió como socia cooperativista en agosto de 2018 a través de su marido —cinco años antes de convertirse en concejal—, del arquitecto municipal y de los hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna —que presentó su renuncia para regresar a su anterior puesto en el área de Contratación—, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el propio representante de Fraorgi, gestora de la cooperativa que promovió el complejo residencial.
Además, en el listado constan policías locales, al menos otra funcionaria municipal, trabajadores sanitarios, personas vinculadas a cargos autonómicos y varios miembros de distintas sagas familiares. Según la información recabada, aparecen al menos tres hermanos de una misma familia, dos hermanos de otra y tres más de una tercera, así como dos hermanas hijas de una farmacéutica, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales y otras personas relacionadas con el sector inmobiliario o con una floristería. Todos ellos se habrían inscrito en el listado de socios habilitado por la cooperativa desde 2018, a partir de solicitantes que habían quedado fuera de otra promoción previa impulsada por Fraorgi.
La empresa promotora, por su parte, ha subrayado que la promoción se desarrolla en régimen de cooperativa y que la parcela fue adjudicada como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló decisiones previas del Ayuntamiento. La gestora recalca que la «adjudicación» de las viviendas no la realiza ninguna administración, sino la propia cooperativa entre sus socios, conforme al marco de vivienda protegida, y que el cumplimiento de requisitos de los adquirentes se certifica mediante el visado de la Consejería de Vivienda.
Más allá de la legalidad formal, la dimensión social del caso tiene un gran calado. Les Naus es la única promoción de VPP desarrollada en Alicante en alrededor de 25 años y, según la promotora, dejó a unas 2.000 personas en lista de espera. En ese contexto, la coexistencia de vivienda protegida y posibles operaciones de mercado con garajes en el mismo complejo ha sido interpretada por algunos sectores como una tensión entre el fin social de la VPP y la lógica inmobiliaria.
Denuncias ante la Fiscalía
El caso dio este lunes también un salto judicial. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante registró una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que podrían concurrir hasta cinco presuntos delitos vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas sobre una parcela municipal. La portavoz socialista, Ana Barceló, manifestó que el gobierno de Luis Barcala pudo haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda y reclama que se investigue «lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal». En su argumentación, el PSOE enmarca la gravedad del episodio en el contexto de la presión habitacional de la ciudad: «Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública», y denuncia que cada vez más familias se ven obligadas a abandonar la ciudad por el coste del alquiler y de la compra.
Según el escrito presentado, los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal, al considerar que una promoción concebida con un fin social habría terminado beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al entorno municipal.