Dimite el directivo señalado por adjudicar millones a su entorno en el Puerto de Valencia

Federico Torres Monfort, el alto cargo del Puerto de Valencia que había quedado en el centro de varias investigaciones por conflictos de interés y adjudicaciones millonarias a empresas vinculadas a su entorno personal y profesional, ha cesado de sus funciones en el organismo logístico. Así lo comunicó él mismo el pasado viernes mediante un correo electrónico enviado a toda la plantilla del organismo portuario, en el que anunciaba que ese día era su «último día laboral» en la institución.

El mensaje, remitido desde la cuenta corporativa del área de Transición Ecológica que él encabezaba y dirigido al buzón general del personal del Puerto de Valencia, tiene un tono breve y directo. «Sirva este correo para poder despedirme de TOD@S los que no he podido despedirme personalmente, pues hoy es mi último día laboral en la APV. Os deseo lo mejor tanto en lo profesional, como principalmente en lo personal», escribió Torres, que finalizaba con un escueto «Un saludo». No menciona nuevo destino ni agradecimientos a la dirección, lo que refuerza dentro del organismo la percepción de una dimisión en diferido tras meses de tensión.

La marcha de Torres se produce después de un largo proceso de deterioro de su posición interna. Hasta mediados del año pasado era una de las figuras clave de la estrategia energética y de sostenibilidad del Puerto de Valencia, con responsabilidades directas sobre proyectos de electrificación, subestaciones y contratos vinculados a la transición ecológica. Desde ese departamento se tramitaron adjudicaciones por decenas de millones de euros que posteriormente quedaron bajo la lupa por posibles conflictos de interés.

Círculo personal

Las irregularidades salieron a la luz a través de una serie de informaciones publicadas por THE OBJECTIVE, que destaparon un patrón de adjudicaciones desde el área dirigida por Torres hacia empresas vinculadas a su círculo personal y profesional más cercano.

Entre los casos más relevantes figura la adjudicación de 30 millones de euros a la constructora Lantania, controlada por el exconsejero del PP Máximo Buch, amigo personal de Torres. Se trató de dos contratos estratégicos: uno para una planta solar fotovoltaica financiada con fondos Next Generation y otro para la construcción de una subestación eléctrica conectada al programa europeo CEF. En ambos expedientes, el propio Torres fue responsable del contrato y participó en la valoración técnica que otorgó a Lantania las máximas puntuaciones subjetivas, pese a que otras empresas presentaron ofertas más económicas.

A este caso se suman adjudicaciones por 15,5 millones de euros a empresas vinculadas a miembros de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia, entidad presidida por el propio Torres, y que a día de hoy sigue presidiendo. Entre los beneficiarios figuraban Daniel Jabaloyas, exsocio suyo en la sociedad Vienval; Pablo Benlloch, vinculado a IDOM; y Pascual Lloria, responsable de Gesman Ingeniería. Varios de estos contratos se tramitaron como contratos menores o mediante procesos donde Torres intervenía como responsable técnico.

Otro expediente clave fue el de la planta fotovoltaica del Muelle Príncipe Felipe, donde la IGAE detectó que Torres compartía vínculos empresariales en Vienval SL con el administrador de Aris Nova, subcontratista de la obra. Ese conflicto de intereses no fue declarado en su momento, lo que motivó la apertura de un expediente antifraude interno.

Investigaciones internas

La situación llevó a la Autoridad Portuaria a abrir investigaciones internas y a activar su Comisión de Análisis de Conflictos de Intereses. Aunque la APV sostuvo que no existían evidencias de perjuicio económico, sí reconoció la necesidad de reforzar los controles y obligó a Torres a declarar determinadas relaciones empresariales durante un periodo de tiempo.

A finales de julio se produjo un movimiento decisivo: Torres perdió la jefatura del área energética, uno de los departamentos con mayor volumen inversor del Puerto. El responsable de esa unidad pasó a depender de otra subdirección, en un claro vaciamiento de competencias. Desde entonces, su papel quedó debilitado, aunque formalmente seguía en la estructura.

Mientras tanto, la presidenta del Puerto, Mar Chao, afrontaba un escenario cada vez más delicado. En el Consejo de Administración de finales de julio denunció un «daño reputacional» y habló de correos anónimos y filtraciones internas. Anunció la contratación de una auditoría de seguridad documental para reforzar los controles sobre la información y manifestó su intención de denunciar la filtración de datos. Sin embargo, evitó entrar en el fondo de las irregularidades señaladas.

La salida de Torres llega en un momento en que la APV acumula frentes abiertos. Además de los expedientes por conflictos de interés, la IGAE ha cuestionado recientemente la política de recursos humanos del Puerto, señalando procesos de selección donde se han quebrantado los principios de igualdad y libre concurrencia. A ello se suman las tensiones políticas por la ampliación norte y el escrutinio de proyectos financiados con fondos europeos.

El hecho de que la dimisión de uno de los directivos más señalados se haya producido mediante un simple correo interno, sin comunicado oficial ni explicación pública por parte de la Autoridad Portuaria, ha generado comentarios dentro y fuera del Puerto. Según las fuentes consultadas, la despedida confirma que la crisis no era solo mediática, sino que ha tenido consecuencias reales en la estructura de poder.