El empresario de las viviendas públicas de Alicante: «La Generalitat visó los contratos»

Francisco Ordiñana, gerente de Fraorgi —la empresa promotora de las viviendas protegidas de Alicante que han acabado en escándalo— ha salido al paso de la polémica para defender la legalidad del proceso y subrayar que «la Generalitat visó los contratos» de todos los adquirientes. En declaraciones a THE OBJECTIVE, Ordiñana insiste en un punto clave: no se trata de una promoción pública gestionada por una administración, sino de una promoción privada en régimen de vivienda de protección pública desarrollada a través de una cooperativa. «Aquí se han mezclado conceptos. Son viviendas protegidas, sí, pero de promoción privada. La adjudicación no la hace el Ayuntamiento, la hace la cooperativa entre sus socios, como marca la ley», sostiene.

El empresario recalca que el filtro determinante no lo realiza la gestora ni la cooperativa, sino la administración autonómica. «Nosotros presentamos los contratos de adjudicación a la Consejería de Vivienda y es la Generalitat Valenciana la que comprueba si cada persona cumple los requisitos. Cruzan datos económicos con Hacienda, revisan si el comprador tiene otra vivienda y, si no cumple, se lo deniegan y lo sustituyen por otro socio. Si lo visan, es que cumple con los requisitos», afirma.

Según explica, la mayor parte de los contratos se remitieron para el visado a comienzos de 2024, tomando como referencia las rentas declaradas en el ejercicio anterior, es decir, de 2023, hecho que explicaría en parte que la exconcejal de Urbanismo dimitida tras el escándalo pudiera acceder a la compra, pues hace tres años aún no estaba en política, aunque cuando escrituró ante notario el año pasado sí que era miembro del gobierno municipal. «Si Consejería da el visto bueno, nosotros podemos llevar ese contrato a notaría. Ese fue el procedimiento», añade Ordiñana.

El empresario subraya además que la promoción no recibió ayudas públicas directas, ni para la promotora ni para los compradores. «No hay subvenciones ni ventajas fiscales. La única diferencia es que el precio está topado porque el solar era público y los adquirientes tienen que cumplir unos requisitos de ingresos y de no tener otra vivienda», señala.

Inscripciones por orden de entrada

Sobre el sistema de acceso, el gerente explica que la cooperativa se nutrió de personas que ya figuraban en listas de espera de otras promociones gestionadas por la firma. «Cuando se anunció el concurso del solar en 2018, se avisó a quienes estaban interesados y se apuntaron. La adjudicación interna es por orden de inscripción como socios, no por un baremo social, porque esto es una promoción privada en cooperativa», detalla.

Tras la paralización judicial del concurso y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obligó a reactivarlo, la lista se actualizó a finales de 2021, contactando con los interesados iniciales y completando las vacantes.

El listado, en manos del Ayuntamiento

Ordiñana apunta a otro elemento que considera relevante en la secuencia de los hechos. Según relata, la gestora recibió un requerimiento de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante para remitir el listado de compradores y las fechas de escritura, en el marco del control de las condiciones del pliego y de la obligación de ocupación en los seis meses posteriores a la calificación definitiva. «Se entregó la relación de los compradores a mediados del pasado enero, como se pidió. A partir de ahí, no sabemos qué ha ocurrido», indica.

En relación con los anuncios de alquiler y venta de plazas de garaje, el empresario introduce una distinción. «La vivienda, un garaje y el trastero son elementos protegidos. Pero en muchos casos hay una segunda plaza de garaje de régimen libre, exigida por las condiciones de aparcamiento. Esa sí se puede vender o alquilar a precio de mercado», afirma.

Distancia política

El promotor también ha querido marcar distancias respecto al ámbito político. Asegura que su único contacto con el alcalde de Alicante fue una reunión para trasladar la demanda de suelo para la construcción de viviendas, sin relación con esta promoción concreta. «No tenemos ninguna vinculación política. Somos una gestora que ha cobrado sus honorarios de gestión», sostiene.

Ordiñana señala que, tras la controversia, la empresa ha optado por retirarse de nuevos concursos de vivienda protegida. «Con este clima, las VPP que la hagan los políticos. Nosotros seguiremos con la promoción libre», concluye, insistiendo en que, a su juicio, el caso responde más al «ruido político» que a irregularidades en la gestión de la cooperativa.

Por otro lado, el caso ha escalado también al ámbito autonómico. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado la creación de una comisión de revisión de visados para reforzar los controles administrativos y evitar que se repitan situaciones como la detectada en Alicante. Aunque esta promoción no forma parte del Plan VIVE, la consellera ha señalado que se están analizando nuevos mecanismos de supervisión para futuras adjudicaciones y para los procedimientos de visado, con el objetivo de «intensificar todos los controles que podamos».

La Generalitat ha abierto además expediente a un funcionario relacionado con uno de los visados de esta promoción, al ser cónyuge de una solicitante y haber omitido datos relevantes sobre su unidad de convivencia. Según fuentes autonómicas, la información conocida sobre este caso se remitirá también a la Fiscalía. En paralelo, el PSOE valenciano también registró este lunes una denuncia ante el ministerio público al considerar que podrían haberse cometido diversas ilegalidades.