Alicante anuncia que el suegro y otro familiar de la exconcejal recibieron viviendas protegidas

La crisis política por la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus en la Playa de San Juan de Alicante sumó este jueves un nuevo capítulo. El alcalde popular, Luis Barcala, aseguró en un pleno extraordinario que, «en relación con la exconcejal Rocío Gómez», el Ayuntamiento tiene detectado que «al menos otros dos familiares están también implicados» (sus suegros) y precisó que también ha abierto «un expediente informativo a dos técnicos de urbanismo beneficiarios directos» de dichas viviendas. Todos ellos además del alto cargo de la Consejería de Turismo, cuya esposa aparece como titular de uno de los pisos.

El consistorio añadió que «llevará a los juzgados a todos y cada uno de aquellos casos en los que se constate que se ha cometido alguna irregularidad», con el objetivo de que nadie que no esté legitimado «le quite el derecho a una vivienda a otras personas que sí cumplían con los requisitos y la necesitaban». El alcalde alicantino vinculó ese mensaje a una idea central: retirar las viviendas a los infractores para evitar la especulación. En ese sentido, subrayó que tanto el alquiler como la venta posterior están «estrictamente regulados» y remarcó la «posibilidad de tanteo y retracto» del Ayuntamiento, precisando que «como se hará en este caso» para «evitar cualquier especulación». El alcalde defendió que el consistorio actuará para impedir que quienes hayan accedido de forma irregular consoliden ese beneficio.

En su intervención, el regidor quiso fijar también el reparto de responsabilidades y señaló directamente a la Generalitat como administración competente en el control del acceso final a estas VPP. «El Ayuntamiento no adjudica ni visa las viviendas de VPP», afirmó. «Es la Cooperativa quien selecciona y adjudica las viviendas. Y la administración autonómica quien las visa», puntualizó. Según él, el consistorio sólo es competente en «la enajenación del suelo» y «la tramitación de la licencia de obra», mientras que «tramitar el expediente ante la Consejería de Vivienda» y evaluar requisitos corresponde a la administración autonómica.

Barcala se disculpa

En paralelo, Barcala introdujo un tono de disculpa pública ante la alarma social. «Quiero pedir disculpas», dijo, porque «yo soy alcalde de esta ciudad» y debe hacerlo «a todos los alicantinos que se sientan en este momento preocupados, que se sientan en este momento inquietos, que quieran respuestas». Admitió además que «es posible» que todavía no esté «en disposición de dar respuesta a todas las preguntas» y justificó por ello haber acudido a la Fiscalía, que «tiene los medios y tiene las competencias legales» para investigaciones «que van mucho más allá de lo que el propio Ayuntamiento puede hacer».

El alcalde insistió en que el Ayuntamiento ha reaccionado con rapidez desde el momento en que tuvo conocimiento de las posibles irregularidades. Aseguró que «fue el propio Ayuntamiento, a través del Servicio de Gestión Patrimonial, quien detectó las posibles irregularidades el pasado 27 de enero», y detalló que esa información le llegó a él «por un mensaje de WhatsApp del secretario general del Ayuntamiento» al que accedió «a las 11.46 horas del día 27». Al día siguiente, «miércoles 28», ordenó «a las 13.01 horas» la apertura «inmediata» de un «expediente de averiguación de hechos».

Según explicó, ese expediente debía comprobar posibles «conflicto de intereses o causa de incompatibilidad legal» en funcionarios o cargos públicos que hubieran resultado propietarios «personalmente o por un familiar directo», verificar si participaron en los expedientes municipales y, además, determinar si había que trasladar a la Generalitat las dudas sobre el cumplimiento de requisitos por parte de los adquirientes.

Barcala defendió que, a la vez, la administración autonómica actuó «con la misma contundencia». Afirmó que se solicitó un informe que confirmaba que los adjudicatarios contaban con visado, aunque añadió que se fue más allá con una revisión «expediente por expediente». En ese contexto, sostuvo que se detectó «una irregularidad grave» en 24 horas: «Un funcionario ocultó datos relevantes para beneficiar a su propia pareja», y enumeró las medidas adoptadas: «expediente disciplinario», «suspensión cautelar de empleo y sueldo» y «traslado inmediato a la Fiscalía».

Búsqueda de fraude

El alcalde aseguró que ha encargado también un «cruzado de información» entre el listado de adjudicatarios y los datos disponibles en el Ayuntamiento para verificar si hay más personal municipal implicado y, en su caso, dar «traslado inmediatamente a la Fiscalía». Reconoció límites por protección de datos: «no puedo revelar esa información».

En cuanto a su conocimiento previo sobre la exconcejal Rocío Gómez, negó haberlo tenido: «yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda protegida, no lo sabía». Y concluyó que lo ocurrido le resulta «repugnante» e «indignante» y prometió que el Ayuntamiento llegará «hasta el fondo» para esclarecer los hechos.

Exigencias de dimisión

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, abrió el debate con una intervención especialmente contundente. Aseguró que las viviendas, con un valor de mercado que «se mueve en torno al medio millón de euros», fueron adjudicadas por unos 200.000 euros, calificándolo de «una ganga solo para quienes tenían información privilegiada». Recordó que 5.400 familias esperan una vivienda pública en la ciudad y acusó al gobierno local de haber convertido la legislatura «de la vivienda» en la «legislatura del pelotazo».

Desde Compromís, su portavoz municipal, Rafael Mas, cargó contra lo que calificó como una «trama» vinculada a la gestión del suelo público. Señaló que durante todo el proceso, desde 2018, intervinieron cargos de designación política y preguntó por qué no se habían realizado comprobaciones sobre el uso efectivo de las viviendas. También instó al alcalde a asumir responsabilidades y defendió que se investigue «piso a piso» si se cumplen las condiciones de residencia exigidas.

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, centró su discurso en el modelo de vivienda pública. Sostuvo que lo ocurrido «no es un error puntual, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo». Recordó antecedentes urbanísticos en la ciudad y afirmó que la elevación de los límites de renta permitió que viviendas protegidas fueran accesibles a perfiles económicos más altos. Reclamó que no se vuelva a vender suelo público para este tipo de promociones y que se revisen las responsabilidades técnicas y disciplinarias.

Finalmente, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, también formuló numerosas preguntas sobre el procedimiento administrativo, la información que manejaba el Ayuntamiento y el momento en que se conocieron los nombres de los adjudicatarios. Robledillo también exigió la dimisión del alcalde.

El pleno aprobó con la totalidad de sus integrantes la creación de una comisión de investigación que se pondrá en funcionamiento en las próximas semanas.