Miguel Polo, presidente de la CHJ: «No tenía que enviar a nadie a vigilar el barranco del Poyo»
El presidente de la Confederación del Júcar insiste en que el aviso de desbordamiento del Poyo fue «redundante»
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, en el Senado | THE OBJECTIVE
La primera hora de la comisión de investigación de la dana en el Senado ha transcurrido este martes bajo un clima de enorme tensión. El intercambio entre el senador valenciano del PP, Luis Santamaría, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha estado marcado por interrupciones, reproches cruzados y un choque frontal sobre el marco competencial, el papel de los sensores del SAI y la supuesta obligación —o ausencia de obligación— de la CHJ de «vigilar» a pie de barranco el Poyo el 29 de octubre, cuando la riada dejó 230 fallecidos.
El momento más revelador de ese pulso ha llegado cuando Santamaría ha insistido en quién debía estar «vigilando» el barranco del Poyo aquella jornada y cuánta gente se destinó a ello. Polo ha rechazado la premisa y ha fijado posición: «No tenía que enviar a nadie a vigilar el cauce», en referencia a la idea de que la CHJ tuviera que desplegar personal para observar in situ el caudal. A partir de ahí, el debate ha girado en espiral hacia una discusión técnica y jurídica sobre qué significa «seguimiento» en el Plan Especial de Inundaciones, qué corresponde a la CHJ como organismo de cuenca y qué compete a Protección Civil y a quienes dirigen la emergencia, en este caso el gobierno autonómico.
Santamaría ha preguntado directamente cuántas personas destinó la Confederación a vigilar el cauce. Polo ha respondido que en la zona había dos agentes medioambientales, aunque el senador ha mostrado un mapa con geolocalizaciones publicadas en prensa según las cuales habrían sido tres efectivos en distintos momentos del día.
Agentes medioambientales
Ahí el interrogatorio ha entrado en detalle horario. Según los datos expuestos por Santamaría, uno de los agentes estuvo en la zona hasta las 9.27, otro hasta las 12.54 y el tercero —el único que trabajó por la tarde— se retiró a las 16.57. «¿A las 16.57 se terminó el riesgo? ¿Por qué lo retira usted?», ha preguntado el senador. Polo ha rechazado de plano la interpretación y ha introducido un matiz clave: los agentes medioambientales, aunque están considerados desde 2015 como servicios de intervención en la ley de emergencias, no estaban actuando como personal operativo de vigilancia de caudales, ya que esa movilización corresponde a quien dirige la emergencia.
En ese choque, Santamaría ha tratado de sostener que la propia actuación de la CHJ evidencia responsabilidades directas. Ha preguntado por qué, si supuestamente no tenían competencia, «estaban pendientes de los barrancos» desde la mañana y por qué existía un sensor en el barranco del Poyo. Polo ha respondido que la instrumentación y la recogida de datos forman parte de los trabajos técnicos necesarios para el organismo, subrayando que esa información es «básica» para estudios hidrológicos y para el diseño de obras hidráulicas de defensa contra inundaciones.
Santamaría ha preguntado directamente cuántas personas destinó la Confederación a vigilar el cauce. Polo ha respondido que en la zona había dos agentes medioambientales, aunque el senador ha mostrado un mapa con geolocalizaciones publicadas en prensa según las cuales habrían sido tres efectivos en distintos momentos del día.
El senador ha replicado con dureza, contraponiendo la utilidad científica a la protección de vidas, y ha criticado que determinados modelos obliguen a exponer a personal sobre el terreno para conocer el caudal. Polo ha insistido en que ese procedimiento responde al plan autonómico de inundaciones y que la función de la Confederación es aportar la información que genera el sistema, no dirigir la operativa de emergencias.
Otro de los puntos más sensibles ha sido el referido al correo remitido a las 18.43 por parte de la CHJ al Cecopi que dirigía la emergencia. Santamaría lo ha presentado como prueba de que la Confederación manejaba información crítica sobre el desbordamiento del Poyo. Polo ha reconocido el envío, pero lo ha rebajado, calificándolo de «correo redundante», como ya declaró en sede judicial, al sostener que la información de seguimiento ya existía y procedía del sistema automático. El senador ha replicado que entre las 16.36 y las 18.43 se enviaron correos de pluviometría pero ninguno detallando caudales, y ha acusado a la CHJ de limitarse a avisos automáticos mientras la situación empeoraba.
La discusión ha escalado cuando Santamaría ha descrito lo que, a su juicio, sería el procedimiento real: un efectivo sobre el terreno observa el cauce, comunica a Emergencias, Emergencias consulta a la CHJ y la interpretación técnica se retrasa. Polo ha rechazado esa reconstrucción, defendiendo que en la Confederación había ingenieros de caminos y personal técnico cualificado, y ha insistido en que el sistema automático funcionó conforme al protocolo. También ha señalado que, mientras se le acusa de no avisar personalmente, la Confederación sí estaba enviando información.
Caudales y el aviso «redundante»
Otro de los puntos más sensibles ha sido el referido al correo remitido a las 18.43 por parte de la CHJ al Cecopi que dirigía la emergencia. Santamaría lo ha presentado como prueba de que la Confederación manejaba información crítica sobre el desbordamiento del Poyo. Polo ha reconocido el envío, pero lo ha rebajado, calificándolo de «correo redundante», como ya declaró en sede judicial, al sostener que la información de seguimiento ya existía y procedía del sistema automático. El senador ha replicado que entre las 16.36 y las 18.43 se enviaron correos de pluviometría pero ninguno detallando caudales, y ha acusado a la CHJ de limitarse a avisos automáticos mientras la situación empeoraba.
El enfrentamiento ha derivado incluso en reproches políticos directos. Polo ha afirmado que en España solo existen cuatro presas de laminación dedicadas exclusivamente a avenidas y que fueron impulsadas por gobiernos socialistas, mientras el senador ha interpretado esas palabras como confirmación de su tesis de que el compareciente actúa como «hombre de partido». La presidencia de la comisión ha tenido que intervenir varias veces para ordenar el debate.
La presidencia de la comisión ha tenido que intervenir en varias ocasiones ante el tono del intercambio. Polo ha protestado por lo que consideraba imputaciones personales, mientras Santamaría ha llevado el interrogatorio al terreno político, responsabilizándole de no haber alertado personalmente del desbordamiento.
El segundo foco ha sido la presa de Forata. Santamaría ha puesto sobre la mesa informes técnicos y ha preguntado por la situación de infraestructuras clave. En un momento relevante, Polo ha reconocido que los desagües de fondo están «inoperativos», aunque ha separado ese hecho de la estabilidad de la presa y ha recordado que la ejecución de actuaciones depende de procedimientos administrativos y decisiones que no recaen exclusivamente en él.
La sesión ha terminado con un cierre muy duro del senador, que ha atribuido responsabilidades políticas a Polo por no haber hecho «mucho más», y con una réplica final del presidente de la CHJ remitiéndose al auto judicial de Catarroja y afirmando que el debate parte de una interpretación errónea del marco competencial.