Las diez grietas del relato del jefe de la Confederación del Júcar el día de la dana

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, compareció este martes en la comisión de la dana del Senado con dos versiones de sí mismo. Está el Polo técnico, el representante del Gobierno que se ampara en protocolos, sensores y límites competenciales para sostener que su función terminaba en «mandar información». Y está el Polo político, que habla de «realidades fácticas paralelas», señala a la Generalitat valenciana por la presa de Buseo, critica la gestión del Cecopi y se adentra en el terreno de las responsabilidades. El problema es que esos dos perfiles no se reparten las preguntas de forma equilibrada: cuando se trata de señalar errores ajenos, su discurso es firme; cuando se le interpela por lo que hizo —o no hizo— la Confederación con los datos del Poyo o del Magro, la respuesta se diluye en tecnicismos y fronteras administrativas.

El contraste entre lo que dijo en septiembre en sede judicial, en comparecencias posteriores y ahora en el Senado deja al descubierto una cadena de cambios de versión que ya no pueden atribuirse a matices. Son incoherencias de fondo que afectan al momento en que conoció la gravedad de la avenida, al valor que otorgó a la información disponible y a su propia actitud ese día.

Diez incongruencias en el relato de Polo

1. La hora en que «se entera» del Poyo no cuadra: Ante el Senado afirmó que supo de los niveles críticos del barranco del Poyo diez minutos después del correo de las 18.43, es decir, hacia las 18.53. Ante la jueza lo situó a las 18.45.

2. El correo «redundante»: Define el aviso de las 18.43 como «redundante» porque ya existían datos. Si ya había información previa, la cuestión no es por qué se envió el correo, sino qué se hizo con esos datos antes de las 18.43. La redundancia, lejos de restar importancia, confirma que conocía la gravedad y no dijo nada.

3. «No tenía que vigilar el cauce»… pero había agentes: En el Senado negó su obligación de vigilancia presencial, pero reconoce que había dos o tres agentes medioambientales en la zona del Poyo. Si esos agentes reportaban información, la frontera entre «no es mi competencia decidir» y «sí es mi obligación informar» se estrecha. ¿A quién informó Polo de lo que ocurría en el Poyo? Desde luego, al Cecopi no, a tenor de la opinión de personas que estaban en el órgano gestor de la emergencia, que dicen que hasta las 19.00 del fatídico día el barranco del Poyo no estuvo sobre la mesa.

4. Cada vez pidió antes el ES-Alert: En septiembre, en su declaración judicial, situó su petición de alerta a la población a las 17.30. Ante la jueza habló de la franja de las 17 horas. En el Senado la retrotrajo este martes a las 16.45.

5. El Magro, siempre por detrás de los hechos: Su propio testimonio de este martes mostró que fue la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien le alerta de la situación en Utiel. Él responde que el río «no ha desbordado» y que, tras llamar a sus colegas en el terreno, posiblemente «pueda desbordar», como luego ocurrió. Su propia versión de los hechos muestra al representante del Gobierno en la gestión de los ríos en un papel verdaderamente reactivo, no anticipatorio. Cabe recordar que, según los informes oficiales, fruto del río Magro murieron 80 personas de las 230 totales de aquel día.

A ello hay que sumar que a pesar de que el río Magro causaba estragos y fallecidos a su paso desde Utiel hasta su desembocadura en el río Júcar, Polo siguió con su agenda del día, una conferencia en la Universidad Politécnica de Valencia, salió a comer como cualquier día y no regresó hasta después a su despacho. Sin embargo, la posible negligencia no está siendo investigada por nadie.

6. Forata como foco absoluto: En llamadas, intervenciones y avisos institucionales, la presa de Forata monopoliza su atención. El Poyo, donde se produjo la riada letal, apenas aparece hasta el correo de las 18.43. Este martes reconoció a preguntas del senador popular, Luis Santamaría, que Forata tiene problemas de seguridad, pero su departamento sigue sin hacer nada por resolverlos.

7. El Poyo «no era tan relevante»: Niega haber dicho que no era importante vigilarlo, pero sí sostuvo que 1.600 m³/s eran «conforme a lo que se estaba viendo». El resultado fue la mayor mortalidad.

8. «No hubo vacío informativo»: Afirma que la Confederación informó «en todo momento», pero reconoció en la Cámara Alta que no hubo llamadas específicas sobre el Poyo antes de las 18.43.

9. La defensa competencial selectiva: Cuando se habla del Poyo, insiste en que la CHJ no tiene competencias en protección civil. Cuando se trata de la presa Buseo, señala con claridad a la Generalitat por no declarar el nivel 3 de emergencia en aquel día.

10. El técnico que acusa como político: Habla de «caos» e «indecisión» en el Cecopi, cuestiona las decisiones políticas, pero a la vez se presenta como mero transmisor de datos cuando se analiza su propio papel.

Ley de Aguas: más que un simple observador

Su defensa pivota sobre que la CHJ no tiene competencias en protección civil. Es cierto. Pero la Ley de Aguas atribuye a los organismos de cuenca funciones de administración, control e información sobre el dominio público hidráulico, incluida la vigilancia de cauces y la gestión de datos de crecida.

Si la Confederación disponía de sensores, técnicos y agentes en territorio, la cuestión no es competencial sino operativa: ¿convirtió esa información en avisos claros y directos? Su propio relato muestra que El Poyo no ocupó un lugar central hasta que la crecida era ya exponencial.

El Polo que acusa y el Polo que se protege

Polo se muestra tajante al hablar de Buseo o de la «falta de planificación» de la protección civil autonómica. Pero cuando se examina el circuito de información del Poyo y el Magro, su tono cambia. El dirigente que denuncia «realidades paralelas» se convierte en el técnico que «no decide» y «solo envía datos».

Esa dualidad —firme para señalar fuera, temeroso para mirar dentro— definió este martes su comparecencia ante la comisión de investigación. Y es ahí donde su relato empieza a desajustarse: no entre dos interpretaciones políticas, sino entre sus propias palabras.