Una denuncia notarial anticipó el caso de enchufismo en Valencia que investiga la justicia
THE OBJECTIVE publica las actas de los nombramientos «a dedo» en el puerto denunciados también por Hacienda
Ilustración. | TO
Hay quien presume de adivinar el número de la Lotería de Navidad. Pero acertarlo, levantar acta ante notario antes del sorteo y que después se cumpla sería de otro nivel. Algo muy parecido —solo que con empleos públicos de alta responsabilidad— ocurrió en Valencia con dos plazas clave del Puerto de la ciudad, el mayor de España por tráfico de contenedores.
Las dos convocatorias en cuestión, la plaza 276 (jefatura de Apoyo a la Gestión Económico-Financiera) y la plaza 278 (subdirección de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación), fueron firmadas de forma consecutiva por la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, el 26 de abril de 2024. Al caer en viernes, no se hicieron públicas hasta el lunes 29 de abril.
Nueve días después, un grupo de personas acudió a notaría para dejar constancia de algo insólito: aseguraban conocer de antemano los nombres de las futuras adjudicatarias de las vacantes. En aquellas actas dejaron por escrito su «firme convencimiento» de que las plazas acabarían en manos de Manuela Gras y Alicia Gimeno. Con el tiempo, eso fue exactamente lo que sucedió. Hoy ambos nombramientos están en los tribunales. THE OBJECTIVE publica ahora por primera vez las actas notariales que recogieron aquella denuncia anticipada.
Plazas ligadas al Consorcio Valencia 2007
Tanto Gras como Gimeno eran directivas que procedían del Consorcio Valencia 2007, un organismo público participado por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia que gestionó la Marina y sus usos tras la Copa América. El consorcio fue liquidado y sus trabajadores despedidos el 16 de octubre de 2024, salvo estas dos empleadas, que encontraron acomodo en el Puerto. Ambas pasaron directamente al Puerto de Valencia sin solución de continuidad, sin llegar a estar un solo día en el paro y con el reconocimiento íntegro de su antigüedad laboral, según reconocen fuentes conocedoras del proceso.
La concesionaria privada que asumió la gestión de los amarres de los yates tras la liquidación del Consorcio se encuentra, además, en una situación de limbo jurídico, ya que su adjudicación fue impugnada y se espera una resolución judicial el próximo mes.
La plaza 278, que terminó ocupando Manuela Gras, incluía funciones de supervisión de obras y planificación de inversiones, pero incorporaba de forma destacada tareas vinculadas a la liquidación del Consorcio Valencia 2007, organismo de origen de la beneficiaria. El requisito clave era acreditar 10 años de experiencia en un organismo público en jefaturas de obras en entorno puerto-ciudad, lo que suponía 40 puntos. A ello se sumaban titulaciones y cursos, y una entrevista personal valorada en 30 puntos. Se presentaron 11 solicitudes, pero solo cuatro fueron admitidas y, como habían previsto los denunciantes, fue para Gras.
La plaza 276, adjudicada a Alicia Gimeno, repetía un esquema similar. Entre sus funciones figuraba el control de deudas pendientes relacionadas con el Consorcio Valencia 2007, precisamente la entidad de la que procedía la adjudicataria. Los requisitos volvieron a pivotar sobre 40 puntos por experiencia de 10 años en el sector público y 30 puntos por entrevista. De 11 candidaturas, solo dos llegaron al proceso final, una de ellas la de Gimeno.
El informe de Hacienda
El sindicato UGT llevó ambos procesos a los tribunales, puesto que considera que se diseñaron como «trajes a medida». El caso de Alicia Gimeno, cuyo juicio estaba previsto para el 3 de julio del pasado año, fue suspendido y aplazado al 19 de mayo. El de Manuela Gras está señalado para el 1 de octubre.
Estos nombramientos, junto a los de otros cuatro trabajadores, también se denunciaron en junio de 2025 en un informe demoledor de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la política de personal del Puerto que THE OBJECTIVE destapó ya en noviembre. El órgano fiscalizador detectó irregularidades en los criterios de selección, exigencias extremadamente específicas, falta de un patrón coherente entre jerarquía y experiencia valorada y la ausencia de declaraciones de conflicto de interés en algunos tribunales.
Cuando unos trabajadores pueden anticipar por escrito ante notario el resultado de dos convocatorias públicas apenas días después de su apertura, la cuestión ya no es de intuición. Es un indicio documentado que ahora tendrá que valorar la Justicia, en un contexto donde el Ministerio de Hacienda ya ha puesto en duda la limpieza e integridad de los procesos.
Este caso estalla además en un momento especialmente delicado para la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, que ha tratado de ocultar públicamente el contenido del informe a todos quienes lo habían solicitado. Incluso el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obligó hace dos meses a la Autoridad Portuaria a entregar el informe definitivo de esa auditoría tras meses de bloqueo, avalando la relevancia pública de unas irregularidades que THE OBJECTIVE ya había adelantado. A ello se suma la crisis interna por la dimisión del directivo Federico Torres, señalado por adjudicaciones millonarias a su entorno, cuya salida se produjo la semana pasada tras meses sin medidas contundentes por parte de la Presidencia.