La alcaldesa de Valencia urdió dos plazas para blindar a las directivas enchufadas en el Puerto

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, promovió desde el Ayuntamiento dos plazas con perfiles calcados a los puestos que el Puerto de Valencia sacó a concurso apenas una semana después para puestos de responsabilidad en las áreas económico-financiera e infraestructuras dentro de un organismo municipal. En el caso del Puerto, la Justicia ya está investigando estos procesos con salarios cercanos a los 100.000 euros por presunto caso de enchufismo. Las convocatorias municipales coincidieron en el tiempo con el procedimiento que terminó colocando en octubre de 2024 a Alicia Gimeno y Manuela Gras en el organismo portuario. Sus nombramientos ya habían sido anticipados en una denuncia notarial en la que varios trabajadores dejaron por escrito que las plazas acabarían en sus manos. Así ocurrió. Ambas candidatas se presentaron también a las plazas municipales, que el Ayuntamiento anuló cuando ellas ya tenían asegurado su destino en el Puerto.

La maniobra empezó antes de que nadie mirara al Puerto de Valencia. La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia, presidida por la concejal popular Rocío Gil, aprobó el 18 de abril de 2024 —y firmó el 22 de abril— dos convocatorias de empleo público para puestos directivos vinculados a infraestructuras y al área económico-administrativa. Apenas una semana después, el 29 de abril, la Autoridad Portuaria de Valencia, a través de su presidenta Mar Chao, lanzó sus propios procesos para cubrir plazas idénticas (también infraestructuras y área económica), pero adaptadas a su organización.

Nueve días más tarde, el 8 de mayo, un grupo de trabajadores acudió a una notaría para dejar constancia de algo insólito: afirmaban saber de antemano quiénes iban a lograr ambas vacantes del Puerto. Escribieron dos nombres: Manuela Gras y Alicia Gimeno. En cuestión de semanas, acertaron.

Sincronización entre Administraciones

Lo que THE OBJECTIVE ha podido reconstruir documentalmente ahora es que, mientras el Puerto activaba sus procesos, el Ayuntamiento movía sus propias piezas en paralelo y de forma sincronizada. Las bases municipales fijaban inicialmente un plazo de 15 días desde su publicación en el BOE. La convocatoria apareció en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de mayo, lo que implica que, de haberse seguido el procedimiento ordinario, el plazo municipal para la presentación de candidaturas habría terminado alrededor del 23 de mayo, es decir, cinco días antes de que expirara el plazo del Puerto, que finalizaba el 28 de mayo.

Ese calendario suponía un problema: el Ayuntamiento habría tenido que resolver sus plazas sin tener la constatación oficial de quiénes serían las finalistas del Puerto. Y ahí se produjo el giro administrativo decisivo.

El 21 de mayo, el consistorio rectificó las bases alegando una supuesta «imposibilidad» de publicar la convocatoria en el BOE —una incidencia cuyo origen no se ha explicado— y modificó el criterio de cómputo: el plazo pasaba a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). El cambio no fue menor. El DOGV publicó la convocatoria el 4 de junio, de modo que el nuevo plazo se extendía hasta el 14 de junio, casi un mes más tarde de lo previsto inicialmente. Sin embargo, preguntado sobre este aspecto, el Ayuntamiento de Valencia asegura que desde el Ministerio de la Presidencia «se comunicó que la convocatoria no debía publicarse en el BOE sino en el DOGV, conforme a normativa estatal, y que por eso modificó el punto de las bases donde se fijaba el inicio del cómputo».

La consecuencia práctica fue inmediata: el Ayuntamiento se aseguraba el margen suficiente para evitar sorpresas en el proceso del Puerto antes de tener que resolver el suyo. Y, en efecto, el 29 de mayo —apenas ocho días después de la rectificación municipal— la Autoridad Portuaria de Valencia publicó la lista definitiva de seleccionadas. Allí estaban los nombres anunciados ante notario semanas antes: Manuela Gras y Alicia Gimeno.

Fuentes conocedoras del expediente municipal admiten que las dos trabajadoras participaron en el proceso de manera sobresaliente. Alicia Gimeno se presentó a la plaza municipal del área de jefatura de servicio del área económico-financiera y Manuela Gras hizo lo propio con la plaza de la jefatura de sección de Infraestructuras, como puede verse en la imagen inferior.

El Ayuntamiento de Valencia paró el proceso

Pero el episodio no terminó ahí. El 16 de octubre de 2024, la concejal Rocío Gil firmó una nota interna instando a desistir de ambos procesos de contratación. La resolución se hizo efectiva el 24 de octubre. La fecha del 16 de octubre no es irrelevante: ese mismo día fue despedida toda la plantilla del Consorcio Valencia 2007, organismo público del que procedían Gras y Gimeno. Ellas no corrieron la misma suerte. Ese mismo día iniciaban su nueva etapa en el Puerto de Valencia. La propia resolución del Ayuntamiento de Valencia para declarar desierto el proceso reconoce que Manuela Gras se había presentado a la convocatoria, pero había retirado su candidatura en el mes de julio donde ella había quedado como única finalista tras haber descartado el consistorio al otro candidato.

La coordinación temporal resulta pasmosa. Mientras el resto de trabajadores del consorcio perdían su empleo, las dos directivas señaladas por enchufismo en la denuncia notarial entraban en el organismo portuario con cargos de responsabilidad, sueldos públicos cercanos a los 100.000 euros y con la antigüedad acumulada. El Ayuntamiento, paralelamente, cerraba los procesos que había abierto meses antes para plazas de perfil equivalente, pero con retribuciones públicas entre los 55.000-62.000 euros.

Existen además indicios adicionales que refuerzan las sospechas de una planificación previa. Según fuentes conocedoras del procedimiento municipal, uno de los aspirantes fue advertido a principios de octubre de 2024 de que la plaza sería declarada desierta antes de que la decisión administrativa estuviera formalmente adoptada. De ser cierto, implicaría que el desenlace se conocía políticamente antes de materializarse.

El encaje de todas las fechas dibuja una secuencia difícil de atribuir a la casualidad: convocatorias municipales previas, procesos portuarios paralelos, perfiles coincidentes, denuncia notarial anticipada, ampliación forzada de plazos, publicación de seleccionadas y el desistimiento municipal del Ayuntamiento de Valencia, donde en la actualidad gobiernan PP y Vox en coalición. El Ayuntamiento de Valencia justifica la retirada posterior de ambas plazas «a una reorganización interna iniciada meses después».

Las dos designaciones portuarias, además, distan de ser un asunto cerrado. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitió el pasado año un demoledor informe sobre la política de personal del organismo en el que señalaba diversas irregularidades y advertía de posibles vulneraciones de los principios de libre concurrencia, mérito y capacidad bajo la presidencia de Mar Chao. A ello se suma que ambos nombramientos están judicializados tras las demandas presentadas por UGT, sindicato que sostiene que las bases se diseñaron como un «traje a medida». El juicio relativo a Alicia Gimeno debía celebrarse el 3 de julio, pero fue suspendido y aplazado al 19 de mayo, mientras que el procedimiento sobre Manuela Gras tiene vista fijada para el 1 de octubre.

El trasfondo institucional tampoco es menor. Gras y Gimeno procedían del Consorcio Valencia 2007, entidad participada por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento que gestionó la Marina tras la Copa América. El organismo fue liquidado y su personal despedido el 16 de octubre. Todas, salvo ellas.

Catalá y el Puerto

La relación entre María José Catalá y la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, ha sido un pilar estructural en la estrategia urbanística y de proyección de la ciudad de Valencia desde que la primera llegó a la alcaldía en junio de 2023. El Puerto de Valencia se ha convertido, bajo la presidencia de Chao, en un actor central para la imagen de la ciudad y uno de los ejes del mandato de Catalá, especialmente en proyectos como la regeneración de la Marina, el Parque de Desembocadura y la integración puerto-ciudad que la primera edil ha promocionado como banderas de su gestión. Tanto es así que ambas han presidido juntas reuniones del organismo interadministrativo de cooperación creado para coordinar inversiones y usos en el entorno portuario y la antigua dársena, con compromisos financieros y proyectos urbanísticos valorados en decenas de millones de euros y presentados como símbolos de modernización y revitalización urbana.

En ese esquema de coordinación institucional, José Mari Olano, concejal de Grandes Proyectos, ha desempeñado un papel destacado como acompañante habitual de Catalá en reuniones del Consejo de Administración del Puerto de Valencia, actuando como su enlace político y técnico en las negociaciones y convenios con la Autoridad Portuaria. Olano fue también el representante municipal en la liquidación del Consorcio Valencia 2007, proceso que implicó la disolución de un organismo público y la transferencia de competencias y espacios portuarios a las instituciones implicadas.

Este estrecho vínculo entre el consistorio y la presidencia del Puerto ha servido, según algunas fuentes, para hacer de la infraestructura portuaria una extensión de la estrategia de Catalá, situando al Puerto como un escaparate de proyectos emblemáticos y de inversiones conjuntas que refuercen la narrativa de transformación urbana de su mandato. La cooperación se ha reforzado incluso a través del órgano interadministrativo —integrado por cuatro vocales entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria— diseñado para coordinar la gestión de los antiguos espacios de la Marina y agilizar decisiones técnicas en materia urbanística, paisajística y de actividades económicas.

Con las fechas sobre la mesa, la historia ya no es solo política ni mediática. Es cronológica. Y la cronología, cuando se ordena, habla por sí sola.