Compromís y PSOE exigen explicaciones a la alcaldesa de Valencia y estudian ir a la Fiscalía
Los escándalos en el Puerto de Valencia llevan a Pérez Llorca a reforzar el control político en el consejo de administración
Papi Robles (izquierda) portavoz en Valencia de Compromís y Borja Sanjuán (derecha) portavoz del PSOE | Rober Solsona / EP
El escándalo de la triangulación de plazas entre el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia saltó este viernes al plano político. Los dos partidos de la oposición, Compromís y PSOE, exigieron explicaciones inmediatas a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, tras revelarse por parte de THE OBJECTIVE la existencia de una operación de sincronización institucional entre el consistorio y el Puerto destinada a recolocar a dos directivas procedentes del liquidado Consorcio Valencia 2007. Ambas formaciones estudian ahora llevar el caso a la Fiscalía ante lo que consideran indicios de un posible uso partidista de las instituciones públicas.
La polémica gira en torno a dos convocatorias municipales aprobadas en abril de 2024 por el Ayuntamiento de Valencia apenas días antes de que el Puerto de Valencia sacara a concurso plazas prácticamente idénticas en las áreas económico-financiera e infraestructuras. El desenlace fue milimétrico: Alicia Gimeno y Manuela Gras, cuyos nombramientos en el Puerto ya están judicializados por presunto enchufismo, terminaron ocupando los puestos portuarios pese a haber presentado también su candidatura al Ayuntamiento, que desistió de ambos procesos el mismo 16 de octubre, la misma fecha en la que ellas se incorporaban al organismo portuario con retribuciones públicas cercanas a los 100.000 euros anuales.
De hecho, en una de las plazas convocadas por el Ayuntamiento, el perfil estaba definido de manera tan específica que solo quedaron dos aspirantes en la fase final: Manuela Gras y otro candidato descartado por el consistorio, dejándola como única aspirante viable. Sin embargo, Gras terminó renunciando en cuanto tuvo la certeza de su incorporación al organismo portuario, según explican fuentes conocedoras del proceso.
Denuncia de Compromís
Compromís fue este viernes el más contundente. Su portavoz en el Ayuntamiento, Papi Robles, denunció que lo revelado «describe con claridad una operación planificada desde el propio Ayuntamiento». Según señaló, el Gobierno municipal del PP-Vox promovió desde la Fundación Deportiva Municipal la creación de dos puestos directivos —uno vinculado al área económico-administrativa y otro a infraestructuras— con perfiles prácticamente calcados a los que poco después convocó el Puerto, «y cuando las personas que estaban destinadas a ocuparlos ya habían conseguido su colocación en el Puerto, esas plazas municipales fueron anuladas».
La coalición valencianista considera que no se trata de un episodio aislado, sino de un patrón. Robles ha hablado abiertamente de «un nuevo caso de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia» y acusó al Partido Popular de Valencia de utilizar las instituciones públicas para beneficiar a perfiles afines. Además, Compromís anunció que reclamará toda la documentación jurídica y administrativa de los procesos de selección impulsados por la Fundación Deportiva Municipal y que estudiará trasladar el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
Críticas desde el PSOE
En paralelo, el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuán, exigió explicaciones formales a la alcaldesa y reclamó la convocatoria de una junta rectora extraordinaria para aclarar lo sucedido. Desde el grupo municipal socialista consideran especialmente grave que la convocatoria municipal se produjera en paralelo a la del Puerto de Valencia y que, posteriormente, fuera desistida. «Merecemos saber qué ha pasado y asegurar que la Fundación Deportiva Municipal funcione con rigor y limpieza», señaló Sanjuán, quien ha advertido que, si el Gobierno municipal no convoca la reunión, será la oposición quien la solicite.
Por su parte, el portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, trató de eludir la cuestión en la habitual rueda de prensa posterior a la junta de gobierno semanal y se limitó a hablar de «transparencia». La alcaldesa tampoco hizo declaraciones.
Las reacciones políticas llegan después de conocerse la secuencia temporal de los hechos. Un órgano autónomo del Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Deportiva Municipal aprobó el 18 de abril de 2024 dos convocatorias para puestos directivos en áreas económica e infraestructuras, resolución que fue firmada el 22 de abril. Una semana después, el 29 de abril, el Puerto de Valencia hizo públicas sus propias convocatorias para la plaza 276 (jefatura de apoyo económico-financiero) y la 278 (subdirección de Infraestructuras).
El 8 de mayo, nueve días después de que el Puerto activara formalmente sus procesos, un grupo de trabajadores acudió a notaría para dejar constancia de su «firme convencimiento» de que las plazas portuarias acabarían adjudicándose a Alicia Gimeno y Manuela Gras. Finalmente, el 29 de mayo el Puerto publicó la lista definitiva de seleccionadas y se nombró a ambas en octubre de 2024.
Mientras tanto, el Ayuntamiento amplió los plazos de sus propias convocatorias alegando dificultades en la publicación en el BOE y condicionando el cómputo al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Esa decisión permitió extender el plazo hasta el 14 de junio, es decir, más allá del momento en que el Puerto ya había hecho públicas sus finalistas. Posteriormente, el consistorio desistió de los procesos municipales, pese a que existían más aspirantes.
Las dos directivas procedían del Consorcio Valencia 2007, un organismo público participado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento liquidado en octubre de 2024. El resto de la plantilla fue despedida, pero Gimeno y Gras encontraron acomodo inmediato en el Puerto de Valencia.
El trasfondo judicial añade mayor tensión al debate político. Ambos nombramientos portuarios han sido impugnados por el sindicato UGT, que sostiene que las bases de selección se diseñaron como un «traje a medida». El juicio relativo a Alicia Gimeno fue aplazado al próximo 19 de mayo, mientras que el caso de Manuela Gras tiene vista fijada para el 1 de octubre.
Llorca mete a una consellera
Además, el frente político no se limita al Ayuntamiento. Este viernes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca —que tiene la competencia para proponer el nombramiento o cese de la presidenta del Puerto de Valencia— dio un paso significativo al remodelar la representación autonómica en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. El Consell designó como nuevos consejeros a la consejera de Industria, Marián Cano, y al presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos Prades, en sustitución de anteriores vocales.
El movimiento no es menor. Cano sustituye a una directora general en la vocalía autonómica, lo que supone elevar el rango político de la representación de la Generalitat Valenciana en el órgano que supervisa la gestión de la presidenta portuaria, Mar Chao. De hecho, nunca un presidente autonómico de la Comunidad Valenciana había incluido a un consejero suyo en el órgano de gobierno del Puerto de Valencia. En un contexto marcado por las polémicas en materia de contratación pública y política de personal, la entrada directa de una consejera se interpreta como la voluntad del president de situar a una persona de su máxima confianza en el consejo del organismo. El refuerzo político en el órgano de gobierno del Puerto evidencia que la situación ya no se considera un mero ruido mediático, sino un asunto de primer orden institucional para el Gobierno autonómico.