Compromís denuncia a Anticorrupción el caso del enchufismo en Valencia destapado por TO

El caso del enchufismo en el Ayuntamiento de Valencia tiene ahora un nuevo frente judicial, además del político, porque este jueves el partido político Compromís ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de Valencia del PP, María José Catalá; a dos concejales (Rocío Gil y Paula Llobet); a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao; y a cuatro trabajadores colocados (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner) por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La denuncia eleva a la vía penal una trama destapada en exclusiva por THE OBJECTIVE y que hasta ahora se movía en el terreno político y mediático. El escrito presentado ante el Ministerio Público sostiene que existió una concertación en el tiempo entre varias administraciones públicas —Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y fundaciones municipales— para facilitar la recolocación de personal procedente del organismo público Consorcio Valencia 2007 en pleno proceso de liquidación.

Según el documento remitido a la Fiscalía, al que ha tenido acceso TO, se habrían activado al menos siete procedimientos administrativos coordinados con el objetivo de situar a personas concretas en puestos directivos creados en organismos dependientes del consistorio y en el propio Puerto. La denuncia identifica expresamente a María José Catalá en su condición de alcaldesa y presidenta del Consorcio Valencia 2007, así como a Mar Chao, Rocío Gil y Paula Llobet como responsables de las entidades que impulsaron las convocatorias.

Siete procesos bajo sospecha

El núcleo de la acusación gira en torno a una presunta «subrogación encubierta» de trabajadores del Consorcio Valencia 2007, organismo en manos del Gobierno, Ayuntamiento y Generalitat Valenciana. Mientras este organismo público avanzaba hacia su extinción, la Fundación Deportiva Municipal aprobó dos convocatorias para puestos vinculados a infraestructuras y al área económico-administrativa. Las resoluciones fueron firmadas el 18 y el 22 de abril de 2024 y publicadas en el BOP el 2 de mayo.

Días después de dicha convocatoria y de forma sincronizada, la Autoridad Portuaria de Valencia lanzó dos procesos de selección de personal para cubrir una subdirección de Infraestructuras y una jefatura de área económico-financiera. Las sospechas eran tan claras entre el resto del personal, meses después fueron despedidos, que acudieron a un notario para denunciar y levantar acta que las plazas del Puerto de Valencia habían sido amañadas para ser adjudicadas a Manuela Gras y Alicia Gimeno, entonces empleadas del Consorcio, como finalmente ocurrió.

Las dos trabajadoras también se habían presentado a las plazas municipales, pero la oferta del Puerto era más atractiva, pues mientras en el consistorio el salario anual hubiera oscilado en unos 60.000 euros anuales, muy por encima del salario medio en España, en el Puerto pasarían a cobrar cerca de 100.000 euros anuales, cuatro veces por encima del salario medio.

Lo también asombroso del proceso es que el Ayuntamiento de Valencia, una vez estas dos altas directivas dieron el salto al Puerto, declaró desiertos sus procesos dejando en la estacada al resto de aspirantes.

De acuerdo con la denuncia presentada ante Anticorrupción, la declaración de los procesos nulos no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de que las plazas «espejo» ya habían cumplido su función: ofrecer una vía alternativa de recolocación que finalmente no fue necesaria tras la adjudicación portuaria.

El papel de Visit Valencia

La Fundación Visit Valencia para la promoción turística de la ciudada, presidida por la concejal Paula Llobet, publicó el 15 de mayo de 2024 también tres convocatorias adicionales dirigidas exclusivamente a personal en activo de la Administración o del sector público. Se trataba de un puesto de técnico jurídico, otro de técnico de productos/promoción/comunicación y un tercero de administrativo.

La denuncia sostiene que estas ofertas también estuvieron orientadas a facilitar la incorporación de personal del Consorcio. De hecho, la plaza de administrativo terminó adjudicándose a Enrique Móner, también procedente del ente en liquidación, mientras que las otras dos fueron declaradas desiertas o quedaron sin resolución efectiva.

En el caso del técnico jurídico, el proceso fue finalmente declarado desierto tras la inadmisión de aspirantes o la falta de candidatos que cumplieran los requisitos. Compromís interpreta estos hechos como parte de un esquema de convocatorias con perfiles extraordinariamente restringidos, diseñados para limitar la libre concurrencia.

El informe de la IGAE

Uno de los elementos clave que sustenta la denuncia es un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente al Plan de Auditoría Pública 2024 sobre el Puerto de Valencia. El documento, citado en el escrito remitido a la Fiscalía, advierte de que la gestión de determinadas plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta «deficiente» y que los criterios utilizados podrían vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En concreto, la IGAE detecta convocatorias en las que solo uno o dos candidatos superan la fase inicial del proceso selectivo y cuestiona la ausencia de un criterio común de valoración. También señala la falta de declaraciones de ausencia de conflicto de interés en algunos tribunales y la exclusión de aspirantes sin respaldo legal suficiente.

En relación con las plazas adjudicadas en el Puerto, el informe pone el foco en la estrecha vinculación de las funciones descritas con la liquidación del Consorcio Valencia 2007 y en la exigencia de una experiencia muy específica en entornos «puerto-ciudad», lo que, según el órgano fiscalizador, podía restringir de hecho la competencia.

De la política al juzgado

Compromís sostiene que todos estos elementos configuran indicios racionales de prevaricación y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 405 y 428 del Código Penal. En su escrito, la formación solicita la apertura de diligencias para investigar si existió una actuación arbitraria y concertada para beneficiar a determinadas personas.

La portavoz municipal, Papi Robles, ha asegurado que se trata de «un caso de manual de uso partidista de las instituciones» en el que Catalá habría actuado como «colocadora» de puestos de trabajo para personal de su confianza mientras el Consorcio se encontraba en pleno proceso de liquidación. La portavoz de la formación valencianista ha destacado que no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de Valencia lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando las mismas personas que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.

La presentación ante Anticorrupción supone un cambio de escenario para el gobierno municipal PP-Vox de María José Catalá. La apertura de un frente judicial coloca el foco en la coordinación temporal entre convocatorias, en la posterior declaración de procesos desiertos y en la adjudicación efectiva de determinados puestos a personas procedentes del Consorcio en liquidación.