Antifraude registra el ayuntamiento del PSOE que promocionó al ‘número dos’ de Bernabé

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) se personó el pasado viernes 27 de febrero en el ayuntamiento de la población de Canet de Berenguer, en manos del PSOE, para practicar una inspección presencial relacionada con el expediente de promoción interna que permitió a José Rodríguez Jurado —actual subdelegado del Gobierno en Valencia y número dos de Pilar Bernabé— acceder al subgrupo A1 de la función pública.

Según fuentes conocedoras de lo ocurrido, tres inspectores de Antifraude se presentaron por la mañana en dependencias municipales y solicitaron ser recibidos por el secretario del Ayuntamiento. La visita no estaba anunciada. Los funcionarios permanecieron en el consistorio durante aproximadamente cuatro horas, desde poco después de las nueve y media hasta alrededor de la una y media del mediodía.

Una inspección de varias horas

La actuación se centró, según las mismas fuentes, en la revisión del expediente electrónico completo relativo al proceso selectivo por el que Rodríguez Jurado promocionó desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial en la administración local.

El procedimiento ha sido objeto de controversia desde 2022 y fue declarado «ilegal» por la AVAF en una resolución definitiva fechada el 23 de octubre de 2025. La agencia concluyó entonces que la promoción directa «per saltum» del C1 al A1 vulneraba la normativa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige un paso intermedio por el subgrupo A2.

En esta ocasión, los inspectores habrían requerido acceso integral a la documentación digital. En la actualidad, toda la tramitación administrativa deja trazabilidad electrónica: registros de fecha y hora, firmas digitales, modificaciones de documentos y movimientos internos en el expediente. El interés de Antifraude se habría centrado precisamente en esa huella informática completa, incluidos archivos encriptados o con acceso restringido.

Las fuentes consultadas señalan que la inspección incluyó la revisión directa de los sistemas electrónicos y que, como es habitual en este tipo de actuaciones, el secretario del Ayuntamiento tuvo que acompañar a los inspectores durante el proceso y firmar posteriormente el acta que acreditaba lo examinado.

Un caso en manos de la Fiscalía

La visita de Antifraude se produce después de que la Fiscalía Provincial de Valencia haya abierto diligencias de investigación penal para analizar el mismo expediente, como adelantó este martes THE OBJECTIVE. El Ministerio Público solicitó recientemente el «expediente íntegro de nombramiento» de Rodríguez Jurado como técnico A1, paso previo indispensable para su posterior designación como subdelegado del Gobierno.

En este contexto, la inspección presencial del pasado viernes es interpretada por fuentes conocedoras del procedimiento como un indicio de que la AVAF considera que la documentación remitida hasta ahora podría no haber sido suficiente o requería comprobación directa sobre el terreno. «Si todo estuviera completamente claro y accesible, bastaría con el envío telemático de los expedientes», señalan.

La actuación coincide además con un momento procesal relevante: el contencioso-administrativo interpuesto por una aspirante que perdió el proceso selectivo frente a Rodríguez Jurado quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre, pero aún no se ha dictado fallo. La demandante sostiene que contaba con mayor experiencia y mejor puntuación en determinados apartados.

Retirada de puntos del pleno

Otro elemento que ha llamado la atención en el ámbito municipal es la retirada, a última hora, de determinados asuntos previstos para su debate en el pleno ordinario. Según fuentes de toda solvencia, algunos puntos relacionados con la revisión de oficio del proceso selectivo o con la posición jurídica del Ayuntamiento desaparecieron del orden del día sin explicación pública.

El Ayuntamiento de Canet está gobernado por el PSOE con el apoyo de una agrupación de electores vinculada al entorno socialista. Hasta la fecha, el consistorio ha mantenido la defensa de la legalidad del procedimiento de promoción interna y llegó a solicitar a Antifraude la revocación de sus resoluciones, petición que fue rechazada en octubre del pasado año.

En su resolución, la AVAF afirmó que la promoción directa del C1 al A1 no tenía respaldo normativo y que el ayuntamiento no había aplicado correctamente los requisitos de antigüedad ni el esquema progresivo de acceso entre subgrupos establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, habló de «indicios razonables» de posible «fraude» o «corrupción» en la gestión del proceso.

El foco en la trazabilidad electrónica

La inspección del viernes apunta a un aspecto clave: la reconstrucción completa de la secuencia administrativa. En la administración electrónica, cada actuación queda registrada con fecha, hora y usuario. Para los investigadores, ese rastro permite determinar si las bases se modificaron, si hubo accesos inusuales al expediente o si determinados trámites se realizaron fuera del cauce ordinario.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de este tipo de inspecciones señalan que cuando un órgano de control detecta posibles omisiones o inconsistencias documentales, puede optar por una verificación in situ. En esos casos, el objetivo es garantizar que no existan documentos no incorporados al expediente oficial o información digital no facilitada en envíos previos.

La actuación de Antifraude no implica por sí misma una conclusión nueva, pero sí intensifica el nivel de escrutinio sobre un proceso que ya había sido declarado contrario a la legalidad por el propio organismo.

La concatenación de hechos —resolución definitiva de Antifraude, apertura de diligencias por la Fiscalía, inspección presencial en el Ayuntamiento y retraso en la sentencia contenciosa— ha elevado la presión sobre el consistorio de Canet y sobre el entorno político de la delegada del Gobierno. Rodríguez Jurado fue nombrado subdelegado del Gobierno en enero de 2024 por decisión de Pilar Bernabé, cuando ya existían informes que cuestionaban la legalidad de su ascenso al grupo A1. El cargo exige pertenecer a los niveles superiores de la función pública, por lo que la validez de la promoción es determinante.

Reacciones políticas

La actuación de la Fiscalía y la visita de Antifraude han provocado reacciones en las Cortes Valencianas. La portavoz adjunta del Grupo Popular, Laura Chulià, ha pedido explicaciones a Pilar Bernabé tras la apertura de las diligencias penales. Chulià ha señalado que «el informe de Antifraude ya advertía claramente de las irregularidades y ahora es la propia Fiscalía quien ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer el proceso de nombramiento y ascenso meteórico como funcionario de José Rodríguez Jurado».

La diputada popular ha instado a la delegada del Gobierno a «tomar cartas en el asunto» y ha acusado al Ejecutivo central de falta de transparencia. «Estamos ante un evidente caso de enchufismo y fraude institucional ocurrido en el ascenso de Rodríguez como funcionario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer», ha manifestado.