Antifraude abre expediente al alcalde de Almusafes por el acoso denunciado por TO

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde de la población valenciana de Almusafes, Toni González, y varios cargos socialistas vinculados a la empresa pública municipal EMSPA tras una demoledora resolución en la que el organismo describe un «patrón de represalias continuadas» contra la mujer que denunció al primer regidor por acoso sexual y laboral. Este caso ha sido además el detonante que ha provocado su expulsión del PSOE, consumada el pasado viernes, y que ahora podría extenderse a otros miembros del equipo de gobierno local.

El documento, firmado este lunes por el director de la institución, y al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, no solo sitúa al alcalde en el centro de la investigación, sino que amplía el círculo de posibles responsables hacia otros concejales socialistas que participaron en decisiones adoptadas contra la trabajadora. La resolución introduce así un nuevo escenario en el caso que durante meses ha sacudido a las filas socialistas de la Comunidad Valenciana.

La investigación se centra en la empresa pública EMSPA (Empresa Municipal de Servicios Públicos de Almusafes), donde trabajaba la víctima denunciante. Esta entidad gestiona diversos servicios municipales de mantenimiento, entre ellos trabajos de jardinería, fontanería, conserjería y limpieza en instalaciones y espacios públicos del municipio.

Según la resolución, las pruebas analizadas permiten abrir un procedimiento sancionador por posibles represalias contra una persona que había denunciado irregularidades, un supuesto que la legislación española considera infracción muy grave.

El documento habla de «descrédito profesional y reputacional», «aislamiento», «descalificaciones» y «hostigamiento», así como de una exposición pública de su situación personal en un pleno municipal y de la falta de intervención institucional cuando la trabajadora pidió ayuda para frenar esa situación. El informe también menciona reducciones indebidas del salario y actuaciones destinadas a deteriorar su posición laboral, un conjunto de hechos que el organismo interpreta como parte de un mismo proceso de presión.

Antifraude advirtió del hostigamiento

El documento revela además que la Agencia Valenciana Antifraude llevaba meses siguiendo el conflicto y había advertido previamente a la empresa pública y al Ayuntamiento sobre la necesidad de proteger a la trabajadora.

Según recoge la resolución, el organismo solicitó en octubre del pasado año la documentación del pleno municipal celebrado en septiembre, así como el protocolo antiacoso de la empresa pública EMSPA, con el objetivo de analizar el tratamiento institucional del caso.

La propia víctima había solicitado previamente a la empresa que cesaran determinadas actuaciones que contribuían a su señalamiento público, pero la respuesta institucional fue negativa. Lejos de rebajar el conflicto, el equipo de gobierno encabezado por Toni González llevó el asunto al pleno municipal «de forma abierta», exponiendo públicamente el caso pese a que ya estaba siendo objeto de análisis por parte de Antifraude.

La resolución describe este episodio como uno de los momentos clave en la escalada del conflicto. Según el organismo, esa exposición pública formó parte de un proceso progresivo de descrédito y presión contra la trabajadora.

El 22 de diciembre, Antifraude dio un paso más y se dirigió formalmente a la empresa pública municipal requiriendo que se abstuviera de adoptar medidas que vulneraran la protección de la trabajadora. En ese mismo escrito, el organismo advertía de manera expresa de la posibilidad de abrir un procedimiento sancionador si persistían actuaciones que pudieran interpretarse como represalias.

Sin embargo, según recoge ahora la resolución, la reacción de la empresa pública fue la contraria. A mediados de enero, EMSPA abrió un expediente disciplinario contra la trabajadora, un procedimiento que desembocó posteriormente en su despido.

Una resolución especialmente dura

El informe de Antifraude es especialmente contundente al analizar los argumentos utilizados para justificar ese expediente. La empresa municipal acusaba a la trabajadora de haber difundido un informe con información sensible sobre la plantilla.

Sin embargo, la resolución rebate esa explicación y sostiene que el documento en cuestión era en realidad un informe público que la propia empresa había publicado previamente en su página web, lo que debilita el fundamento de la acusación disciplinaria.

A partir de ese análisis, el organismo dibuja un escenario muy crítico con la actuación institucional. El documento acusa al Ayuntamiento y a la empresa pública de haber contribuido a un proceso de «descrédito», «exposición pública» e «inmovilismo» ante las reiteradas peticiones de ayuda de la trabajadora.

Antifraude considera además que las decisiones adoptadas por EMSPA no contribuyeron a reducir el conflicto, sino que lo agravaron, y habla expresamente de una «escalada» en las actuaciones contra la víctima.

Uno de los pasajes más duros de la resolución sostiene que las actuaciones detectadas formaban parte de una campaña dirigida a castigar a la trabajadora por haber denunciado irregularidades, mediante decisiones destinadas a «menoscabar su integridad moral».

El documento apunta directamente al área de alcaldía. Según el organismo, las actuaciones investigadas no pueden entenderse al margen del contexto político municipal, y sitúa al alcalde Toni González como uno de los responsables del caso.

El círculo de responsables se amplía

La resolución no se limita a señalar al alcalde. Antifraude amplía la investigación a otros responsables vinculados a la empresa pública EMSPA.

Entre ellos figura el gerente y consejero delegado de la entidad, Antonio Manuel Orea Pedraza, también dirigente socialista y excandidato del PSOE en otro municipio valenciano —Canals—, por su intervención en la incoación y tramitación del expediente disciplinario.

El organismo señala igualmente a los miembros del consejo de administración de EMSPA que el pasado 13 de febrero aprobaron el despido disciplinario de la trabajadora. Se trata de los concejales socialistas Jaime Wic, Davinia Calatayud —primera teniente de alcalde— y Ramón Ribera.

La resolución fundamenta la apertura del expediente sancionador en la Ley 2/2023 de protección de las personas informantes, concretamente en su artículo 36, que tipifica como infracción muy grave las represalias contra quienes denuncian irregularidades. Antifraude considera que los indicios analizados apuntan precisamente a ese supuesto: actuaciones dirigidas a perjudicar laboralmente a la trabajadora tras haber puesto en conocimiento de las autoridades posibles irregularidades en la gestión de la empresa pública municipal.

Además, como medida provisional, ordena suspender la eficacia del despido disciplinario acordado por EMSPA y requiere a la empresa pública que reponga a la trabajadora en su puesto de trabajo, con mantenimiento íntegro de sus condiciones laborales y salariales mientras se tramita el procedimiento.

El informe advierte de las posibles consecuencias económicas del caso. Si finalmente se confirma la infracción muy grave por represalias, la ley contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 300.000 euros para las personas físicas responsables y hasta un millón de euros para la empresa pública.

La apertura de este expediente llega después de meses de controversia política en torno a la figura del alcalde de Almusafes. La víctima denunció inicialmente al regidor por acoso sexual y laboral, una acusación que generó una fuerte tensión dentro del PSOE valenciano y acabó provocando la expulsión de Toni González del partido, anunciada por su máxima dirigente en la Comunidad Valenciana y ministra, Diana Morant.

Durante ese periodo, el caso se vio rodeado de episodios que incrementaron la presión política, entre ellos ataques en redes sociales contra la denunciante, mensajes de hostigamiento procedentes del entorno del partido y campañas públicas de apoyo al alcalde.

Ahora, con la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude, el foco se desplaza hacia un nuevo terreno. La investigación ya no se limita a los hechos denunciados inicialmente, sino que examina también las decisiones adoptadas posteriormente por responsables políticos y gestores de la empresa pública, todos ellos situados alrededor de Toni González, el alcalde.