El alcalde de Almusafes enchufó de gerente a un cargo del PSOE de otro municipio cercano

El alcalde de Almusafes, Toni González, y el gerente de la empresa pública municipal Emspa, Toni Orea, comparten algo más que el nombre. Ambos han sido señalados por la Agencia Valenciana Antifraude como responsables de una «escalada de hostigamiento y represalias» contra la trabajadora que denunció al primer regidor por presunto acoso sexual y laboral.

La resolución del organismo autonómico, adelantada este martes por THE OBJECTIVE, abre un expediente sancionador y sitúa a ambos dirigentes socialistas en el centro de una investigación que ya se ha convertido en la mayor crisis interna del PSOE valenciano en el último año, en una federación donde la sombra del exsecretario de Organización José Luis Ábalos sigue siendo alargada.

El caso adquiere además una dimensión política añadida: González ha sido durante años el principal referente socialista en Almusafes, mientras que Orea ocupó el mismo papel en Canals, municipio situado a menos de 50 kilómetros. Dos dirigentes del mismo partido, en dos municipios relevantes de la provincia, ahora vinculados en una investigación por presuntas represalias contra una denunciante.

La crisis ya tuvo su primera consecuencia política. Diana Morant, secretaria general del PSOE valenciano y ministra del Gobierno, decidió el pasado viernes expulsar del partido al alcalde de Almusafes, después de semanas de polémica por las denuncias de acoso y por la escalada de presión contra la trabajadora.

Sin embargo, la resolución de Antifraude ha abierto ahora un nuevo frente: el papel del gerente de la empresa pública Emspa y de los concejales socialistas que integran su consejo de administración.

Un fichaje muy polémico

Toni Orea llegó a la empresa pública de Almusafes en 2019, poco después de que el PSOE perdiera las elecciones municipales de ese año. Tras esa derrota, su compañero Toni González decidió ficharlo como consejero delegado y gerente de la empresa pública Emspa, encargada de gestionar diversos servicios municipales como jardinería, fontanería, limpieza o conserjería en Almusafes.

El nombramiento llamó la atención en aquel momento porque Orea continuaba ejerciendo como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Canals, lo que convertía su nuevo cargo en la empresa pública de otro municipio en un movimiento claramente sospechoso.

Pero lo más controvertido de ese fichaje es, sin duda, el precedente que arrastraba el dirigente socialista en su población. Orea había sido gerente de la empresa pública Risoncha en Canals, además de concejal de Hacienda.

El precedente de Canals

En julio de 2018, el equipo de gobierno de Canals —formado por Compromís y una formación local— decidió cesar a Orea como responsable de la empresa pública Risoncha. El resultado de su gestión había sido «desastrosa», como la definen algunos de los exconcejales de aquella etapa del municipio. Un informe de auditoría elaborado ese mismo año alertaba de la precariedad financiera de la empresa municipal, prácticamente en quiebra, lo que llevó al nuevo gobierno a prescindir de su gerente.

Ese antecedente no impidió que, un año después, Toni González lo repescara para la empresa pública de Almusafes, donde desde entonces ejerce como gerente y consejero delegado de Emspa. Ahora, la empresa que dirige en la localidad valenciana se encuentra bajo el escrutinio de la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo investiga posibles irregularidades en su gestión, así como el papel de la empresa en la campaña de presión contra la trabajadora que denunció al alcalde.

La víctima, trabajadora de la empresa pública municipal, fue despedida el mes pasado tras la apertura de un expediente disciplinario.

Sin embargo, Antifraude considera que ese expediente se basó en argumentos débiles y ha ordenado su readmisión inmediata, con las mismas condiciones laborales y salariales que tenía antes del despido.

El papel del consejo de administración

La resolución del organismo autonómico también señala a los miembros socialistas del consejo de administración de EMSPA, que el pasado 13 de febrero aprobaron el despido disciplinario de la trabajadora. Entre ellos figuran los concejales del PSOE Jaime Wic, Davinia Calatayud —primera teniente de alcalde— y Ramón Ribera, quienes participaron en la decisión adoptada por la empresa pública.

La investigación sostiene que las actuaciones adoptadas desde la empresa municipal formaban parte de una estrategia de presión contra la denunciante, después de que esta pusiera en conocimiento de las autoridades posibles irregularidades en la gestión de la empresa.

Antifraude basa su resolución en la Ley 2/2023 de protección de las personas informantes, que considera infracción muy grave cualquier represalia contra quienes denuncian irregularidades. Según el organismo, los hechos analizados apuntan a un «patrón de hostigamiento» destinado a castigar a la trabajadora y menoscabar su integridad moral.

La reacción del PSOE

Las revelaciones han provocado una fuerte inquietud dentro de los socialistas valencianos. Fuentes del partido consultadas este martes señalaron que la información conocida en las últimas horas confirma que el caso trasciende el ámbito orgánico. «La información de Antifraude constata que, contrariamente a lo que argumentaba el alcalde de Almusafes, no se trata de una cuestión orgánica, sino que existía una estrategia para revictimizar a las denunciantes de acoso sexual y laboral. Ahora el partido tendrá que analizar estos nuevos datos», explican fuentes socialistas.

Las mismas fuentes reconocen que la dirección del partido estudiará el alcance de las nuevas revelaciones, aunque por el momento no se han anunciado medidas contra el resto de implicados.

La respuesta del alcalde

Por su parte, el alcalde de Almusafes, Toni González, difundió este martes un comunicado en el que denuncia haber sido víctima de una «condena sin pruebas» y acusa a la dirección de Diana Morant de haber construido un caso político contra él. En el texto, el regidor afirma que la información sobre su expulsión del partido fue filtrada previamente a los medios antes de comunicársela oficialmente y sostiene que se ha intentado convertirlo en «cabeza de turco» dentro de la organización socialista.

González asegura además que continuará su batalla judicial para demostrar su inocencia, pese a lo que considera un proceso marcado por la presión mediática y política.

Mientras tanto, la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude mantiene abierto un nuevo frente dentro del socialismo valenciano. Tras la expulsión del alcalde, ahora queda por ver qué consecuencias tendrá para el gerente de la empresa pública y para los concejales socialistas implicados en la decisión de despedir a la trabajadora.