Ana Botella y su equipo municipal, condenados a pagar casi 23 millones por vender pisos públicos a fondos buitre
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a parte de su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital a pagar 23 millones de euros por vender viviendas públicas a fondos buitre.
La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y parte de su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital deberán pagar 22,7 millones de euros por vender viviendas públicas a fondos buitre por debajo de su precio de mercado en el año 2013, ha dictaminado el Tribunal de Cuentas en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe.
Botella fue alcaldesa de Madrid por el Partido Popular entre diciembre de 2011 y junio de 2015.
El tribunal cifra en 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y declara responsables contables directos a su entonces máximo responsable, Fermín Oslé, a la entonces alcaldesa Ana Botella y a todos los concejales del equipo de Gobierno que además formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.
La resolución hace referencia a la venta de de 5.315 inmuebles por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. El Ayuntamiento de Madrid vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas considera por debajo del mercado y que asegura que provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, según la sentencia.
La Emvs no tasó los pisos antes de venderlos y, según los hechos probados, solo contaba con un informe de Pryce Waterhouse Cooper que técnicamente no permitía tasar su valor y que, además, fue elaborado por la misma consultora que asesoró a Fidere, se indica en la sentencia.
La EMVS «no promovió una verdadera concurrencia», añade el Tribunal, que asegura que «con carácter previo y por tanto privilegiado» la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, resultó adjudicataria.
El tribunal estima así, parcialmente, la demanda presentada en 2017 por el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, que reclamaba un daño patrimonial por estas operaciones superior a los 55 millones de euros.
Los condenados recurrirán la sentencia
Los condenados han anunciado que recurrirán la sentencia ya que no comparten su contenido. Todos ellos aseguran en un comunicado que no intervinieron «ni directa ni indirectamente» en la operación de venta de viviendas a la que se refiere el Tribunal de Cuentas, y que solo ratificaron «el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado».
