Gabilondo investiga las «dificultades» en la admisión de alumnos en varias universidades de Madrid

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio sobre la posible existencia de «dificultades» en el proceso de admisión de alumnos en diversas universidades públicas madrileñas y tiene en curso una investigación sobre este mismo asunto en la Universidad Rey Juan Carlos.

En un escrito, fechado el pasado 17 de diciembre, Gabilondo responde así a la queja de un ciudadano que considera que el proceso de admisión de alumnos en diversas universidades públicas madrileñas ha finalizado «de forma prematura y arbitraria, dejando plazas sin cubrir, a pesar de haber una lista de espera de estudiantes que cumplen los requisitos y están dispuestos a incorporarse de forma inmediata, e incumpliendo con ello la ley».

En su respuesta, el Defensor del Pueblo indica que desde hace más de una década se reciben de forma intermitente quejas en las que también se hace referencia a «las dificultades» que en cada inicio de curso académico se producen en los procesos de admisión de los estudiantes a las universidades públicas españolas para la realización de estudios del Grado de Medicina, por ser muchos los aspirantes que permanecen apuntados en las listas de espera durante meses para acceder a estos estudios.

Esto supone que continúen en situación de «incertidumbre» en fechas en las que en unas universidades está concluido el periodo de matrícula e incluso comenzado el curso académico, y en otras continúan produciéndose bajas y altas, dada la gran cantidad de estudiantes que desde hace varios años solicitan plaza para iniciar estas enseñanzas en numerosas universidades simultáneamente, de conformidad con el actual sistema de acceso a la universidad, añade Gabilondo.

La tramitación de estos procedimientos se lleva a cabo por las universidades de conformidad con las previsiones contenidas en el real decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

Según el Defensor del Pueblo, esta norma señala que ninguna universidad pública podrá dejar plazas vacantes previamente ofertadas mientras existan solicitudes para ellas, lo que obliga a hacer continuas y sucesivas llamadas a los aspirantes en lista de espera hasta que se cubren todas las plazas.

Todo ello lleva a producir la incorporación tardía de los alumnos a las clases en un elevado porcentaje de casos, cuando ya se encuentra avanzado el curso académico, así como otras consecuencias desfavorables, no solo para los estudiantes, sino también para los centros universitarios, reconoce Gabilondo.

El Defensor del Pueblo recuerda que estas dificultades originaron en el pasado la realización de diversas actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, y la adopción de medidas por los ministerios implicados, algunas de las cuales no culminaron su puesta en práctica, por lo que continúan produciéndose estas situaciones al comienzo de cada curso académico. Por ello, Gabilondo ha decidido iniciar una actuación de oficio sobre esta cuestión, para lo que se ha solicitado información al Ministerio de Universidades.