La cúpula del fondo Portobello, ante la juez por la presunta doble contabilidad en las clínicas Vivanta

Nuevo episodio en la guerra judicial entre el fondo de inversión Portobello y sus socios minoritarios en el grupo de clínicas dentales y estéticas Vivanta. Varios consejeros de la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez-Asiaín están citados a declarar este jueves por un presunto delito de estafa. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investiga si el fondo de inversión creó una doble contabilidad en Vivanta para engañar y eludir pagos, una acusación que Portobello niega.

La juez Josefa Bustos acordó en octubre pasado incoar diligencias contra Sánchez-Asiaín, Carlos Dolz, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras, y las mercantiles Portobello Capital y Cartera Vivanta, tras analizar la querella del expropietario de una de las clínicas adquiridas por el fondo de inversión para conformar su negocio dental.

El querellante, D.M., aportó al juzgado un e-mail que le envío por error un antiguo empleado de Vivanta y cuya documentación adjunta supuestamente reflejaría la falsa contabilidad con la que Portobello habría simulado estar en pérdidas o registrar beneficios mínimos para eludir los pagos comprometidos con los vendedores de las clínicas dentales con las que conformó el Grupo Vivanta en el año 2017.

La firma de inversión, que cuenta con más de 1.800 millones de euros de activos gestionados y seis fondos activos, se propuso aquel año crear el grupo líder de clínicas dentales de España tras la compra de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent. En los contratos para la adquisición de las sociedades que pasaron a formar parte de Vivanta, parte de los pagos de la compra venta quedaban sujetos a que durante el siguiente año las clínicas compradas alcanzaran unos resultados de Ebitda determinados. 

Discrepancias contables

Según la querella que investiga el juzgado, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el denunciante pactó con Portobello en febrero de 2018 la venta de su clínica dental en Madrid por un precio de 410.000 euros a ejecutar tres pagos. El último de ellos, por importe de 110.000 euros, dependía de los resultados obtenidos por la clínica en 2019. «Vivanta dio unos resultados con una facturación de 320.000 euros y unas pérdidas de 163.000 euros. Esta situación era sorprendente ya que dicha clínica había obtenido unos beneficios de más de 100.000 euros en 2017», indica la querella que investiga la juez.

La documentación aportada por D.M. al Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid, un archivo de excel que recibió en el e-mail que le envió error por un trabajador de Vivanta, demostraría que la clínica dental del querellante registró en 2019 unos ingresos reales de 492.884 euros frente a los 320.000 euros declarados por la firma. Una diferencia contable de 192.884 euros que según el querellante tendría como objetivo eludir el tercer pago pactado por la compra de su clínica.

Una acusación que Portobello considera «una pura invención del querellante», cuyo relato de los hechos denunciados tacha de «manipulado y falaz». «La cifra de 492.884,34 euros es una pura invención del querellante, pues no resulta de los datos que se contienen en le señalado archivo Excel», indicaba el fondo de inversión en un recurso de reforma en el que solicitaba a la juez la inadmisión de la querella interpuesta por D.M.

Tras percatarse de esa presunta doble contabilidad, cuya existencia niegan desde el fondo Portobello, en abril de 2020 el querellante requirió al fondo de inversión el pago íntegro de los 142.000 euros que, según su versión, se le debían en ese momento: 110.000 de la compra y 32.000 que se pagaron como indemnización a un antiguo empleado de la clínica. De lo contrario, según escribió en un mail dirigido a un consejero de Portobello, «entregaría toda la documentación» a otro socio que tenía abierta otra querella por estafa contra el fondo de inversión, «a la UDEF, a la Agencia Tributaria y a los medios de comunicación».

Reclama 77.000 euros

Según la querella presentada por los abogados de D.M, «tras un regateo con los abogados de Portobello, se cerró en que mediante contrato se le pagarían 65.000 euros y el resto fuera de contrato». «A día de hoy el compromiso de seguir pagando los 77.000 euros restantes de la compra de la clínica no se ha realizado», añade el escrito. Una acusación «rotundamente falsa», según Portobello, que libra desde 2019 en los juzgados una guerra judicial contra sus antiguos socios minoritarios en Vivanta, con varios casos penales y mercantiles abiertos y otros archivados.

«La afirmación de que iba a haber un pago fuera de contrato es absolutamente falsa y el argumento es tan peregrino como inverosímil», indicó el fondo de inversión en el recurso de reforma en el que solicitaba a la juez la inadmisión de la querella. «Clínicas Vivanta ha cumplido escrupulosamente con lo acordado, realizando todos y cada uno de los pagos contemplados en el acuerdo transaccional», añadía.

El fondo de inversión considera «manifiestamente falsas» las dos principales afirmaciones en las que se sustenta la querella: «la inexistente manipulación de los estados financieros de la clínica» y «el inexistente incumplimiento de un inexistente pacto verbal por el que Clínicas Vivanta se habría comprometido a pagar el querellante 77.000 euros adicionales a los 65.000 euros que ya ha pagado».

Portobello le demanda por extorsión

La tensión entre las partes involucradas en esta causa llevó a que Portobello denunciase por un delito de extorsión a D.M. Una querella archivada el pasado 3 de diciembre por el Juzgado número 16 de Madrid. En un auto al que ha tenido acceso este diario, la juez Margarita Valcarce señala que el hecho de que D.M. «informase» al fondo de inversión de su intención de denunciar los hechos en los juzgados, en la Agencia Tributaria y en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional no concurre en los supuestos contemplados en un delito de extorsión.

«Ni existe violencia, ni intimidación, a pesar de que la querellante habla de amenaza para que se cumpla como él quiere el contrato de compraventa», indica la juez en el auto de archivo de la querella presentada por Portobello contra D.M. por extorsión. «La única intención del querellado era que se diera cumplimiento al contrato firmado en su día, al no estar conforme con la contabilidad entregada por la querellante », concluía la magistrada.