Apartan a la jueza militar que investiga desde 2011 la explosión de Hoyo de Manzanares

El Tribunal Militar Territorial Primero ha decidido apartar a la titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11, la comandante jurídico Patricia Moncada, del sumario sobre la explosión acaecida el 24 de febrero de 2011 en el Campo de Tiro de ‘El Palancar’, ubicado en los terrenos de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, en Hoyo de Manzanares (Madrid), que segó la vida a cinco militares y causó heridas a otros tres, dos de ellos de extrema gravedad, a uno de los cuales la jueza quiso imputar en dos ocasiones por los hechos.

Según el Auto del Tribunal Militar Territorial Primero, de fecha 24 de enero de 2022, al que tuvo acceso Servimedia, el órgano cuya sala preside el comandante auditor Vicente Palazuelos García, ponente de la recusación y conformado por los vocales togados comandante auditor Juan Ignacio Navarro Torrecillas y comandante auditor María Teresa García Martín, acordó estimar la solicitud de recusación planteada por la representación letrada del, hoy retirado, teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón, «y separar a la Juez Instructor del presente sumario definitivamente de conocimiento y de cualquier tipo de actuación en el mismo».

Por otra parte, se acordó remitir a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central testimonio de la resolución «en relación a la posible comisión de infracción disciplinaria judicial» de la jueza recusada, amén de la solicitud del nombramiento de nuevo juez o jueza instructor para la citada causa.

El 24 de febrero de 2011, ocho experimentados militares de Tierra e Infantería de Marina especializados en desactivación de explosivos realizaban un ejercicio de instrucción que consistía en la detonación controlada de nueve minas anticarro, pero por causas que se desconocen, pasadas las 10.00 horas, las minas explotaron dejando un saldo de cinco fallecidos, dos heridos de gravedad y un herido leve.

Los fallecidos fueron el sargento Sergio Valdepeñas Martín, de 35 años; el sargento Mario Hernández Mateo, de 33; el cabo Miguel Ángel Díaz Ruiz, de 25; los tres del Batallón de Zapadores Mecanizado número XII de El Goloso, del Ejército de Tierra, y el sargento primero Víctor Manuel Zamora Letelier, de 44 años, y el cabo primero Javier Muñoz Gómez, de 36, ambos de la Brigada de Infantería de Marina de San Fernando.

En la explosión resultaron heridos de gravedad el teniente José Manuel Candón, y el entonces sargento primero Raúl Alfonso González, y resultó herido leve Herminio Álvarez. Los tres formaban parte de la Infantería de Marina. Todos los afectados iban a desplegarse en Líbano poco después, dentro de la misión de Naciones Unidas.

El teniente Candón no dejó de luchar por tratar de conocer la verdad, ya que todo apuntó desde el primer momento a que el estado de la munición suministrada para el ejercicio se hallaba en condición de caducidad, catalogadas como estado 40, que nunca debía haberse manipulado.

Diez años después de la tragedia, Candón vio cómo, además del sufrimiento por las graves lesiones que le provocó el incidente, en el que perdió un ojo y sufrió daños que le causan un 78% de discapacidad, y además de apartarle del trabajo para el que se había preparado a conciencia, la jueza togada le acusaba, como militar de mayor graduación de los presentes, por la condición de jefe del ejercicio de desactivación y responsable de supervisar su seguridad.

La explosión de Hoyo de Manzanares

Tal y como recogió El País, se basó en que la explosión accidental de las nueve minas, con más de 55 kilos de TNT, que estaban apiladas en cráter en el suelo para su destrucción con una carga hueca, solo pudo producirse porque al menos una de ellas tenía la espoleta puesta, lo que contravenía las normas de seguridad.

Y todo ello después de haber recibido declaraciones de Candón como testigo del caso, a pesar de lo cual cambió su condición de manera repentina, sin realizar nuevas periciales. Esa falta inexplicable de motivación para la decisión de la jueza togada hizo que el Tribunal Militar Territorial Primero anulase el procesamiento, y dictase el sobreseimiento definitivo del caso respecto a él en noviembre, con un escrito de solo tres páginas que se remitía a una resolución anterior, del 7 de mayo, que ya anuló el primer procesamiento del oficial.

En el reciente auto del Tribunal Militar Territorial Primero se decide expulsar del caso a la jueza togada debido al «procesamiento sin causa justificada» como el interés directo, esgrimidos por la representación letrada de Candón, «que se adentran en el ámbito de instrucción tendenciosa de la causa como concepto general y ello implica la imputación de la presunta comisión de un delito de prevaricación».