El juez de la Púnica acusa a la Fiscalía de ampliar la causa de un modo «artificial e indebido»
El magistrado acusa al ministerio público de tratar de desbordar «con creces» el marco de una causa que cumple ocho años
Uno de los investigados en la Púnica, el exconsejero de Presidencia Francisco Granados. | Eduardo Parra (Europa Press)
Las investigaciones del caso Púnica han llevado a un choque abierto entre el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional y la Fiscalía a causa de los esfuerzos de esta última por «ampliar de un modo artificial» e «indebido» los hechos que se investigan mediante diligencias prospectivas que desbordan «con creces» el marco de la causa.
Argumentos con los que el magistrado Manuel García Castellón ha rechazado varias de las diligencias solicitadas por el ministerio público en el marco de la pieza número 4, en la que investiga si la trama, con el exconsejero madrileño Francisco Granados, amañó el planeamiento urbanístico de la localidad madrileña de Valdemoro.
Aunque no se ha opuesto a todas. El juez sí que ha aceptado volver a reclamar al consistorio que entregue una serie de documentación y citar como testigos a dos técnicos, de acuerdo con el auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que prorroga estas pesquisas hasta el próximo 29 de octubre.
Esta pieza es una de las pocas que se siguen instruyendo en esta causa, que motivó la entrada en prisión provisional de Granados y que, años después, reunió a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— entre sus investigados por otra de sus piezas, la número 9, relativa a una presunta financiación irregular en el PP regional.
La última fue eximida por el propio juez hace más de un año, y la Fiscalía quiere que se haga lo mismo con los dos primeros debido a la falta de indicios y a la prescripción de algunos delitos. A diferencia de ellos, el fiscal ha pedido procesar por falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011 a Granados y al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez.
La decisión está en manos del magistrado García Castellón y no se espera, previsiblemente, hasta la vuelta del verano, según informan a Efe fuentes jurídicas.
La Fiscalía acusa de falta de colaboración al Ayuntamiento
Por el momento, antes de acabar el mes de julio, el magistrado acordó seguir investigando —a petición de acusaciones como la Fiscalía o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), entre otras— al menos tres meses más la posible manipulación del planeamiento urbanístico de Valdemoro para que «la trama se enriqueciera».
Según la tesis de Fiscalía, en torno a 2004 existió un «plan preconcebido» por parte Granados con otros investigados como el empresario David Marjaliza —que está colaborando con la Justicia—, el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno y un constructor.
Responsables municipales «emitirían en cada operación urbanística amañada informes favorables a su aprobación». «Esto, por manipular a favor de la misma el planeamiento urbanístico de Valdemoro y concertar la venta o cesión del suelo público, cobrando ingentes comisiones por todo ello, en severo detrimento de las arcas públicas de aquel Ayuntamiento», indica Anticorrupción.
La Fiscalía achaca la tardanza en concluir la instrucción a la «falta de colaboración» de los responsables del Ayuntamiento a la hora de atender los requerimientos de documentación que se han realizado de manera «constante», lo que impide «que se haya podido determinar qué personas habrían estado participando en los hechos».
Para dilucidar este extremo, Anticorrupción solicitó al juez una serie de diligencias, si bien el magistrado ha aplicado un «criterio restrictivo» al considerar que algunas de esas «peticiones innovadoras (…) contienen un objeto desmesuradamente amplio y desconectado con los hechos investigados» y «se fundamentan, más que en indicios, en sospechas».
